ONPE afirma que “no hay ley” que le prohíba contratar a empresa auditora que fue inhabilitada y no tiene sede física Infobae
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) defendió este lunes la contratación de la auditora M&T Internacional, seleccionada para revisar los sistemas de votación de las elecciones generales del 12 de abril, pese a que tiene antecedentes de inhabilitación y carece de sede física, según reveló Cuarto Poder.
En una conferencia de prensa, la subgerente de Logística de la ONPE, Yuvitza Aguilar, explicó que la contratación del servicio tuvo tres convocatorias. En las dos primeras no se presentaron ofertas. “En la tercera, además de la invitación nacional, se invitó a once empresas internacionales. Solo se presentaron dos, entre ellas la elegida”, declaró.
Detalló que al momento de la contratación, el 4 de noviembre, la firma no figuraba inhabilitada para contratar con el Estado. “No tiene ningún impedimento de acuerdo al artículo 30 de la ley de contrataciones. No se solicitó personal mínimo en planilla. Presentaron la totalidad de los documentos requeridos y las verificaciones sobre sanciones, penalidades e inhabilitaciones se realizaron durante el proceso”, afirmó.
“De acuerdo a la ficha única de proveedor, la empresa no contaba con sanción, penalidad ni inhabilitación judicial o administrativa en los últimos cinco años. En relación a las sanciones del Tribunal de Contrataciones, tampoco se registró sanción al momento de la contratación”, indicó.
A pesar de esto, una resolución revelada por el programa dominical señaló que la empresa recibió en 2016 una inhabilitación de 11 meses por presentar “información inexacta”. Aguilar sostuvo que “no hay ley que impida contratar con esta empresa a pesar de que haya tenido alguna sanción anterior a la fecha de la contratación y que ya se haya superado”. Añadió que la mayoría de empresas sancionadas, al terminar la sanción, pueden volver a contratar con el Estado.
En diálogo con el dominical, Erick Morán, gerente general de la firma, aseguró que la compañía tiene presencia en Perú y Chile, así como más de 140 clientes en diecinueve años de actividad. Sin embargo, no pudo precisar la dirección de la oficina chilena y respondió “no me acuerdo” ante la consulta.
Al solicitarle el dato, sugirió “llamar y preguntar”, aunque, según el reportaje, los números telefónicos publicados en la página web, tanto de Lima como de Santiago, no están activos o no reciben llamadas.
Cuarto Poder acudió al domicilio fiscal declarado en Chacarilla del Estanque, distrito limeño de Surco. En ese lugar solo funciona un coworking dedicado a la recepción de documentos. “Nosotros solamente hacemos recepción de documentos y notificamos todo lo que llega para él”, indicó una trabajadora.
Consultado sobre la sede real de la auditora, Morán admitió que se trata de una “oficina virtual” contratada “a raíz de la pandemia”. También mencionó el alto costo de alquileres en ese distrito.
Uno de los requisitos para firmar el contrato con la ONPE consistía en acreditar una facturación superior a cuatro millones de soles, monto que la firma asegura superar ampliamente, aunque no presentó pruebas documentales.
Escrutinio
Con el 99,5 % del escrutinio, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio, con el 17,17 % de los votos válidos. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanza el 11,99 % y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el 11,91 %, separados por unos 15.000 votos a falta de revisar cerca de 200 actas de Lima, donde el exalcalde es el candidato más votado.
