Hacienda amplía estímulos fiscales a combustibles y alienta pagos digitales para contener la inflación
La reciente decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ampliar los estímulos fiscales aplicables a los combustibles, acompañada de medidas para fomentar el uso de pagos digitales en estaciones de servicio, representa una estrategia fiscal orientada a enfrentar uno de los principales desafíos económicos del país: el control de la inflación sin afectar de manera inmediata el poder adquisitivo de los ciudadanos.
En un entorno internacional marcado por la volatilidad de los precios energéticos, el uso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como mecanismo de ajuste permite al Estado amortiguar el impacto que tendría un aumento directo en el precio de la gasolina y el diésel. Se trata de una medida que, aunque eficaz en el corto plazo, implica una reducción temporal en la recaudación tributaria, trasladando parte del costo al equilibrio de las finanzas públicas.
La política de estímulos fiscales ha demostrado ser una herramienta útil para evitar presiones inflacionarias más severas, particularmente en sectores estratégicos donde el incremento en los costos del combustible puede desencadenar aumentos generalizados en bienes y servicios. Sin embargo, su aplicación también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y sobre el margen fiscal disponible para mantener este tipo de apoyos de forma prolongada.
A la par, la reducción de comisiones en pagos electrónicos en estaciones de servicio refleja una visión complementaria que busca incentivar la formalización económica. El fortalecimiento del uso de medios digitales no solo facilita las operaciones comerciales y reduce costos para consumidores y establecimientos, sino que también incrementa la trazabilidad de las transacciones, permitiendo una mejor supervisión por parte del Servicio de Administración Tributaria.
Este enfoque revela una estrategia dual: por un lado, aliviar de manera inmediata el impacto económico derivado del aumento en los combustibles; por otro, fortalecer los mecanismos de control y eficiencia recaudatoria en el mediano plazo. La combinación de ambas medidas evidencia cómo la política fiscal puede ser utilizada no únicamente como una herramienta de recaudación, sino también como un instrumento de estabilidad económica y orden administrativo.
El verdadero desafío consistirá en encontrar un equilibrio entre la necesidad de intervenir para proteger a la economía nacional y la obligación de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Contener la inflación es, sin duda, una prioridad; hacerlo sin comprometer la capacidad recaudatoria del Estado será la prueba más importante de esta estrategia.
- *- El autor es Abogado Fiscalista.
El Imparcial
