Causa ANDIS: piden que Spagnuolo hable en tribunales para comprobar si su voz es la de los audios Infobae
El peritaje sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo empezó a tomar curso la semana pasada con distintos planteos que le hicieron llegar las defensas y la fiscalía al juez federal Ariel Lijo. Entre otros puntos, el fiscal Franco Picardi pidió citar al exfuncionario para hacerlo hablar y comparar su voz con la que se escucha en las grabaciones y así saber si es él quien relata las maniobras de corrupción en el organismo.
La pericia, que estará a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, amenaza con poner en peligro la continuidad del caso: los acusados insisten en que la causa es nula a partir del presunto origen clandestino de los audios.
Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, el fiscal Picardi ofreció seis puntos de pericia para incorporar al estudio y propuso darle intervención a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo especializado del Ministerio Público.
En un escrito presentado ante el juez, la fiscalía sugirió “convocar al imputado Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado que se estime pertinente, necesario y útil para realizar la pericia”, lo que implicaría tomar una grabación de su voz para cotejarla con los audios.
El fiscal Picardi también pidió esclarecer si las grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, por lo que propuso buscar “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática”.
También se solicitó una caracterización técnica del archivo, una comparación de parámetros acústico-fonéticos y la identificación de “eventuales operaciones de edición” sobre la voz atribuida a Spagnuolo.
Por último, el fiscal pidió alcanzar una conclusión integrada en la que se establezca “si los segmentos atribuidos al imputado son compatibles con voz humana real de origen no sintético; si dichos segmentos son atribuibles a la persona del imputado conforme al material indubitado; las limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza en las conclusiones, en caso de ser posible establecerlos”.
El último jueves, las defensas de Diego Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina designaron peritos de parte para auditar el estudio forense. Solamente esta última ofreció sus propios puntos de pericia, mientras que las primeras dos lo harán más adelante, según consta en el expediente.
El juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 11, citará a todas las partes a una audiencia en la que se hará una puesta en común de las pretensiones acerca del peritaje, antes de ordenar el inicio del mismo.
La estrategia de los acusados
Las defensas de los principales acusados en la causa buscan que se aplique la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Sostienen que la investigación tuvo su origen en los audios y que estos son ilegales, por ende toda la investigación que surgió de ellos debería ser declarada nula.
El fiscal Picardi, en cambio, afirmó en varias oportunidades tener pruebas independientes e incluso anteriores a las grabaciones. De hecho, a la hora de pedir los procesamientos de los imputados, dejó de lado las escuchas y no las usó para construir su acusación sobre el presunto esquema de corrupción montado en torno a los fondos de la ANDIS.
La discusión sobre si los audios son o no el origen de la causa llegó hasta la Cámara Federal porteña, que ya había ordenado peritarlos para establecer “origen y veracidad” antes de pronunciarse sobre el fondo del tema.
La última defensa que refutó la posición del fiscal ante el tribunal de apelaciones fue la de Miguel Ángel Calvete, a cargo del abogado Juan Ignacio Pascual, quien mencionó en una audiencia que “los famosos audios atribuidos a Spagnuolo constituyen la única génesis de esta investigación”, y reclamó “la nulidad de la causa por estar originada en la hipótesis probable de la obtención ilegal de comunicaciones privadas y prueba falsa”.
“El origen de todo son los audios. No hay otra fuente independiente que hubiera determinado el inicio de este proceso. De allí partió la denuncia que efectuara el denunciante; de allí salieron los allanamientos que instantáneamente ordenó el juez y recién allí se obtuvieron las pruebas que a título de ‘independientes’ utiliza el magistrado de grado para validar su investigación. Señores jueces, sin los audios no hay causa”, argumentó Pascual ante los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.
La misma estrategia adoptaron ante la Sala II de la Cámara los representantes de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, y el equipo de abogados de la Suizo Argentina que lidera el defensor Martín Magram.
Mientras se debate la legalidad del origen del expediente, la investigación continúa a paso firme. A fines de abril comenzó una segunda tanda de indagatorias en la que ya se negaron a declarar Spagnuolo, Calvete, exfuncionarios y empresarios. Hay citaciones previstas para todo el mes en curso.
La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.
Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias de las arcas públicas.
