Así funciona la red financiera de los hijos de Rubén Rocha Moya Sol Yucatán

José Luis Montenegro

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación de la Corte de Distrito Sur de Nueva York en contra del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En este recurso jurídico se le acusa al político mexicano y a otros nueve funcionarios más de los delitos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, por mencionar solo algunos.

La acusación inscrita con el folio S9 23 CR-180 detalla cómo los miembros del Cártel de Sinaloa, específicamente de la escisión de “Los Chapitos”, se reunieron en diversas ocasiones –antes y después de la contienda electoral de 2021– con Rocha Moya para llegar a un acuerdo: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio Guzmán López, obligarían a sus allegados y forzarían a la ciudadanía a votar por el entonces abanderado de Morena (Movimiento Regeneración Nacional). A cambio de ese ‘apoyo’, el candidato se comprometía a colocar a funcionarios clave en la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con el objetivo de que les brindaran apoyo y protección a los vástagos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por si fuera poco, “Los Chapitos” realizaron secuestros y amedrentamientos físicos a candidatos de los diversos partidos políticos de oposición. Estos hechos fueron denunciados en su momento por los mismos contendientes; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se rehusó a atraer los casos e investigarlos.

A pesar de que el primer pronunciamiento de Rocha Moya fue descalificar la acusación norteamericana el 29 de abril, bastaron solo dos días para que reculara y se retirara temporalmente del cargo. En su lugar, nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, a quien el propio Rocha Moya se refirió como “una meserita de una lonchería” durante un evento oficial en abril de 2025. Bonilla Valverde fue elegida diputada local mediante una tómbola de Morena, un mecanismo que adoptó el partido en el poder para sortear algunos puestos públicos; y pronto escaló a la Secretaría General de Gobierno, convirtiéndola en la primera funcionaria pública en alcanzar ese escaño.

Sin embargo, la polémica en torno a la acusación estadounidense en contra de Rocha Moya, va más allá de la gravedad del documento per se. Desde enero de 2025, en diversos reportes periodísticos ya se había hecho público el ‘modus operandi’ delictivo de Rocha Moya y, al menos dos de sus hijos, identificados como Rubén y Ricardo Rocha Ruiz. De acuerdo con una investigación publicada por el portal EmeEquis, los vástagos del otrora gobernador encabezan una red financiera conformada por 30 integrantes de 14 consejos de administración e igual número de empresas, las cuales habrían “ordeñado” más de 620 millones de pesos durante los primeros tres años de su gestión.

De acuerdo con la revisión de documentos oficiales, el medio pudo constatar que los accionistas están conectados con los hermanos Rocha Ruiz. Y no solo eso, el vínculo también radica en algunos funcionarios de la administración estatal –los cuales han sido claves para la asignación de cuantiosos contratos–, los cuales provienen de algunas de las firmas del esquema irregular.

Según la misma fuente, desde 2018 cuando Rocha Moya fue electo, tanto él como su familia ya gozaban de un estilo de vida holgado. La declaración patrimonial del miembro fundador de Morena detallaba la existencia de cuatro casas y una más que no fue transparentada. Esta última ubicada en el desarrollo exclusivo de Isla Musala en Culiacán, en el coto Banus por la calle Del Pacífico, identificada con el número 1383. De acuerdo con el Registro Catastral de Sinaloa, esta vivienda tendría un valor aproximado de 2 millones 053 mil pesos.

La segunda casa se ubica en la colonia Las Quintas, en uno de los sectores más acaudalados de la capital sinaloense, en la calle Lago de Cuitzeo 652. El valor de la propiedad asciende a 1 millón 125 mil 560 pesos, según el Catastro. Una tercera vivienda se localiza en el sector Centro de Los Mochis, en Ahome, en la esquina Avenida 20 de noviembre y la calle Independencia, la cual habría sido adquirida por un valor de 195 mil 987 pesos.

En lo que respecta a las otras dos viviendas no hay información específica. Por si fuera poco, el gobernador con licencia de Sinaloa contaba con una camioneta Mercedes Benz 2018, una Chevrolet Suburban, un Volkswagen Touareg 2018 y un Nissan Versa 2012. E, incluso, el hoy diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Zamora, denunció en 2021 que uno de los choferes de Rocha Moya compró una camioneta Tahoe a una concesionaria veracruzana por un valor de 1 millón de pesos y pagó con dinero en efectivo.

Negocios al amparo del poder Se trata de al menos cinco funcionarios que, además de ser parte del consejo de administración de las empresas de los Rocha Ruiz, también ostentan cargos de gran relevancia en el estado de Sinaloa. Uno de ellos es Luis Manuel Mercado Rosales, quien desde 2022 a la fecha, se ha desempeñado como funcionario del ayuntamiento de Mazatlán y la Secretaría de Obras Públicas del Estado; y a la par, conforma el grupo de empresarios que lideran la empresa privada Construcciones Suaqui, fundada en 2003 por Rubén Rocha Ruiz, el hijo mayor del otrora gobernador.

En ese mismo tenor, se encuentra Eduardo Aguirre Medina, director de Servicios de Salud de Sinaloa, quien cofundó A & R Inyecta Soluciones y A & R Soluciones Estadísticas, dos empresas en las que también figura como accionista Ricardo Rocha Ruiz, el hijo menor del exmandatario morenista. Cabe mencionar que,

Aguirre Medina también es socio de Manocash y Valley Pack, dos empresas que están relacionadas con la red financiera de los hijos de Rocha Moya.

El apoderado legal de A & R Soluciones Estadísticas era, hasta hace algunos años, Luis Enrique Zamora, quien hoy aparece en el organigrama de adquisiciones del área de Planeación Urbana del Ayuntamiento de Culiacán.

Otra de las empresas, quizás la más conocida porque fue la primera que fundaron los hermanos Rocha Ruiz, es Constructora Chocosa. En esta corporación, también es socio Francisco Javier Barrón Sandoval, cuyos hijos –Francisco y Fernando Barrón Aguayo– ocupan posiciones relevantes en la Secretaría de Finanzas y en la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.

Según EmeEquis, entre 2016 y 2019, se identificaron operaciones simuladas entre empresas que no eran contratistas del Gobierno del Estado y el sector público de Sinaloa. Se trataba de “un esquema de lavado que a un tiempo conseguía que el dinero llegara a los operadores financieros reales, lograba devoluciones fiscales, y eludía el escrutinio público”, aseguró la publicación.

Años más tarde, en 2023, la organización no gubernamental Iniciativa Sinaloa revisó los contratos de obra asignados en el periodo de enero de 2022 a junio de 2023, y encontró que al menos dos dependencias concentraban la mayor cantidad de presupuesto: la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa. Derivado de esta investigación, se pudo constatar que dos compañías –Remco y Majolva– habían facturado al menos 505 millones de pesos.

Por si fuera poco, la Plataforma Nacional de Transparencia detectó facturación adicional de dichas empresas de la red, incluidas Remco y Majolva, por un total de más de 117 millones de pesos. De tal forma que, todas las corporaciones implicadas en la red, habrían “ordeñado” más de 620 millones de pesos.

De colofón: Derivado de la polémica acusación del Tribunal de Distrito Sur en Nueva York, en Estados Unidos, en contra de Rubén Rocha Moya; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió la aplicación de prisión preventiva oficiosa y el congelamiento de las cuentas bancarias del hoy gobernador con licencia.

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