El narco y la minería, una añeja alianza que solo el gobierno no reconoce Sol Yucatán

Por. J. Jesús Lemus

La relación simbiótica que existe en México entre el narco y las empresas mineras trasnacionales, es uno de los peores problemas de inseguridad que enfrenta el país. A causa de esa relación, el índice de violencia ha crecido en forma considerable en por lo menos dos terceras partes del suelo mexicano, en donde existen proyectos extractivos.

La relación que existe entre empresas mineras trasnacionales y grupos escindidos de los cárteles de las drogas, en la mayoría de los casos es para beneficio mutuo, en donde el narco opera como cuerpo policial al servicio de la minera, y en contraparte la minera paga los servicios de protección y financia las actividades del crimen organizado.

A pesar de la buena relación que existe entre las mineras y el narco, en términos generales, también se registran casos, aunque mínimos, en donde las mineras trasnacionales son sometidas a la extorsión de los grupos del crimen organizado, a cambio de permitirles explotar la tierra.

Sobre esta relación, entre mineras transnacionales y grupos del crimen organizado, escindidos de los cárteles de las drogas, el gobierno ha sido cuidadoso para no exponer tan lacerante realidad. A la fecha no existe un solo informe oficial que hable de esta relación, si acaso tarjetas informativas que a veces ha elaborado el Centro Nacional de Inteligencia.

Hoy en día se estima que por lo menos 245 de las 260 mineras trasnacionales que se encuentran operando en México, mantienen algún tipo de relación con cualquiera de los grupos del crimen organizado que han nacido al amparo de los 76 cárteles de las drogas que se reconocen en México.

Con base en datos obtenidos al interior de diversos cárteles de las drogas, principalmente de La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, La Línea, Los Salazar y del Cártel de Caborca, se sabe que las mineras que más requieren de los servicios de seguridad y protección del narco son aquellas que se dedican a la explotación de metales preciosos, como el oro y la plata.

Por otra parte, las mineras que más son sometidas a una relación de extorsión por parte del narco, son aquellas que se dedican a la explotación de metales y minerales industriales, como las que extraen carbón, hierro, cobre, plomo zinc y molibdeno.

Mineras, Narco y Litio

Con el anuncio de la existencia de yacimientos de litio, el crimen organizado se extendió a las empresas mineras que ya se dedican a la explotación de los campos que funcionaran como minas de litio. Al cierre de este trabajo, se estima que ya son 35 mineras las que cuentan con concesiones para la explotación del litio, y todas ellas ya están negociadas con el narco.

Las tres mineras más importantes, que ya están explorando la explotación de litio, la china AA Mine Holding, la canadiense Bacanora Minerals y la británica Rare Earth Minerals, tienen acuerdos -al menos de seguridad- con una fracción del Cártel de Los Salazar, escindido del Cártel de Sinaloa, que opera en el estado de Sonora.

Esas no son las únicas mineras que tienen negociación con el narco. También se encuentran en un acuerdo simbiótico con el crimen organizado del Cartel del Noreste las extractivas transnacionales Radius Gold Inc., en Coahuila, y Zenith Minerals, Organimax Nutrient Corp., Alien Metals Ltd. y Arian Silver Corporation, en Zacatecas.

En Baja California, solo en lo que hace a la intención de explotar el litio, se han asociado con células del Cártel de Caborca, a los que utilizan como guardias particulares del perímetro minero, las empresas Pan American Lithium, Escondida Internacional y One World Lithium.

El Cártel de los Zetas mantiene el control minero en San Luis Potosí. Allí son socios de las trasnacionales que exploran el litio, Organimax Nutrient Corp. y Sutti Mining, mientras que, en Sonora, el Cártel de Los Salzar, apoyados por el Cártel de Sinaloa, de la fracción del Mayo Zambada, están en sociedad con las mineras Infinite Lithium Corp, Lithium Australia NI y Alix Resources Corp.

Una relación añeja

La colusión entre mineras y narco, no ha querido ser reconocida por el gobierno federal, pese a que recientemente eso quedó expuesto en el caso de secuestro de 10 mineros de la trasnacional Vizsla Silver Corp., en Sinaloa, donde se sabe que el secuestro fue la reacción de una célula escindida del Cártel de Sinaloa de la fracción de Los Chapos, a la que la minera le negó el pago por servicios de seguridad.

Pero el que no sea reconocida esa relación no quiere decir que no exista. Desde principios de la década de 1990, la colusión entre mineras transnacionales y grupos del narco ha quedado expuesta. Esa relación nació en Michoacán, cuando la minera Ternium se alió con el Cártel de la Familia Michoacana.

Dicha alianza se dio con la intención de sofocar las protestas de los vecinos de la mina asentada en Aquila, Michoacán, los que reclamaban el pago de regalías por la explotación de sus tierras por parte de la minera Ternium. La minera para no pagar regalías prefirió pagar al crimen organizado.

Desde aquellos hechos, la relación entre mineros y narcos se ha dado en forma sostenida, haciendo que a la fecha la mayoría de las mineras extranjeras asentadas en suelo mexicano, están asociadas con los narcotraficantes, los que cada vez más se benefician de la minería y se alejan del trasiego de drogas.

Relaciones peligrosas

La industria minera trasnacional sabe que invertir en México es también tener que lidiar con los grupos del crimen organizado, ese es un riesgo. Y muchas empresas aceptan el riesgo de la convivencia con las organizaciones criminales, las cuales dejan de ser violentas cuando las grandes mineras les pagan puntualmente sus servicios.

Se debe tomar en cuenta que aun cuando el suelo mexicano es vasto en reservas minerales y metálicas, solamente son 230 municipios los que se considerados como centros mineros, dado el tamaño de los proyectos extractivos o las inversiones extranjeras depositadas para la operación de  las minas.

De las 32 entidades federativas del país solamente son cinco (Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo) las que no están consideradas como estados con vocación minera. Son 27 los estados del país que cuentan con actividad minera de importancia, de importancia no solo para la recepción de la inversión extranjera directa, sino para la ambición de los cárteles de las drogas.

Sin importar las empresas mineras trasnacionales que operan ahí, de los 230 municipios mineros que tienen actividad extractiva importante, principalmente aquellos que refieren metales industriales y preciosos, como oro, plata, cobre, plomo, zinc y hierro, no existe uno solo que no se encuentre bajo el dominio de una o varias células delictivas.

En Aguascalientes, en los municipios mineros de Asientos y Tepezalá, opera impunemente el Cártel de Los Zetas, el cual —con la protección del gobierno estatal— mantiene negocios de seguridad perimetral y cobro de piso con la mayoría de las empresas mineras que operan en ese lugar:  la Minera Real de Asientos, Compañía Minera La Parreña, Compañía Minera Autlán, Exploraciones Mineras Peñoles y Minera Real de Ángeles.

A empresas como Minas de San Pedro en Tepezalá, Minera de Cordilleras, Compañía Minera Real de Asientos y Mineras de San Pedro, el grupo de Los Zetas les ha arrancado —con la autorización del gobierno federal— contratos de servicios de protección perimetral.

En Baja California la actividad minera se centra en los municipios de Ensenada y Mexicali. Ahí las principales empresas mineras que operan son las canadienses Continental Gold, Premier Gold Mines Ltd., así como las estadounidenses Cotton & Western Mining Inc. y Sutter Gold Mining Inc.

A estas corporaciones las sangra económicamente, mediante la extorsión —para respetar vehículos y equipos de valor—, un grupo de células allegadas a los cárteles de los Arellano Félix, de Sinaloa y de Los Chapitos.

En Baja California Sur opera mayormente la facción del Cártel de Sinaloa que tiene bajo su control Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco. Esa organización criminal es la que les vende servicios de seguridad a las mineras canadienses Argonaut Gold Inc., Innophos Inc., Baja Mining Corp., Noront Resources Ltd., a la australiana Azures Minerals Ltd., a la minera coreana Mitsubishi Corporation y a la estadounidense Vista Gold Corp., las cuales tienen proyectos mineros en exploración y explotación en los municipios de La Paz y Mulegé.

En Campeche, con su riqueza   en derivados pétreos, son dos los municipios con mayor actividad minera: Calakmul y Hopelchén. En estas dos localidades operan 33 empresas mineras, todas ellas blancos de extorsión de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Golfo. Solo las empresas Calizas del Mayab, S. A. de C. V., Construcciones y Materiales Peninsulares, S. A. de C. V., Minas de Campeche, S. A. de C. V., Cemex Concretos, S. A. de C. V., y Bloques y Celosías Modernas, S.A. de C.V., son las que han pagado por seguridad a grupos delictivos que operan en la zona.

En los municipios mineros de Aldama, Chihuahua, Aquiles Serdán, Ascensión y Camargo corresponde al Cártel de La Línea el control que se ejerce sobre las empresas mineras que hacen exploración o explotación de proyectos mineros de metales preciosos o industriales. La facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, mantiene el control sobre los territorios mineros ubicados en Chínipas, Guadalupe y Calvo, Cusihuiriachi y Madera.

Por lo que hace a los municipios de Santa Bárbara, Urique y Moris, el control minero lo ejecutan células aliadas a Los Salazar. “Los Salazar», son considerados como el brazo armado de los hijos del Chapo Guzmán y de El Mayo Zambada, se mueven entre los límites de Sonora y Chihuahua. Los Salazar es liderado [sic] por Crispín Salazar Zamorano”, según refiere un informe de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), de la FGR.

En Jiménez, Juárez y Julimes son los grupos delictivos conocidos como Gente Nueva y Los Cabrera los que tienen el control del cobro de piso a la minería.  En Hidalgo del Parral la minería es controlada por una célula de Los Artistas Asesinos, en tanto que en Maguarichi, Ocampo y San Francisco del Oro los primeros extorsionadores son Los Aztecas, que disputan el control de esos municipios con Los Mexicles. En Benavides y Matamoros la minería paga cuotas a un grupo de La Línea.

Las empresas mineras trasnacionales asentadas en Chihuahua, principalmente las de capital canadiense, por miedo o por conveniencia han pactado con grupos del narcotráfico. Han normalizado el pago de servicios de protección o de piso a los grupos delictivos. Las empresas mineras no tienen rostro, son oscuras, y si no informan de sus utilidades por la explotación del suelo o los términos de sus concesiones mineras, mucho menos se puede esperar un informe sobre su relación con el narco.

Pero desde adentro de diversos cárteles de la drogas del norte del país se sabe que —por extorsión o por servicios de seguridad— mineras canadienses como Paramount Gold & Silver Corp., Revolution Resources Corp., Serengeti Resources Ltd., Prospero Silver Corp., Primero Mining Corp., Goldcorp Inc., Soltoro Ltd., QRS Capital Corp., Silver Scott Mines Inc., Scorpio Mining  Corp., Sierra Metals Inc. y Southern Silver Exploration Corp., sin mayor reticencia sostienen económicamente a los grupos del narcotráfico, convertidos en sus patrones o sus aliados.

Colima cuenta con seis municipios mineros: Armería, Colima, Coquimatlán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. En esas localidades operan las mineras Ternium, de capital ítalo-argentino, y Arcelor Mittal Steel Company N.V., de capital inglés, que se encargan de la explotación de los principales bancos de hierro con que cuenta esa entidad.

Pero la explotación de esos bancos mineros no sería posible sin la sociedad que esas dos grandes mineras han establecido con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que le pagan cientos de miles de dólares al año para permitir la explotación del subsuelo. A cambio el CJNG les garantiza a las extractivas la seguridad de que en sus centros de operación no habrá brotes sociales anti mineros o defensores del medio ambiente.

Durango es otro de los estados mineros por excelencia. En esta entidad se ubican 17 municipios reconocidos como mineros por parte del gobierno federal. En las localidades de Pánuco de Coronado, San Juan del Río, Tepehuanes y Topia, el control en el cobro de piso y la extorsión lo mantienen células locales asociadas con el Cártel de Los Cabrera.

En los municipios de Cuencamé, Nombre de Dios, Guanaceví y Mapimí, la minería es una labor sobre la que cobran utilidades los miembros del Cártel del Poniente. Por su parte, el Cártel Los Bardales, que opera como una franquicia del Cártel del Poniente, es el encargado del cobro de piso y extorsión a las mineras asentadas en los municipios de Durango y Guadalupe Victoria.

En Peñón Blanco, San Dimas y Rodeo el cobro de piso lo hace una célula del Cártel de Sinaloa asociada con el grupo del Guano. Una facción autodenominada como el Nuevo Cártel de la Laguna, que ha chocado con el Cártel del Noreste, es la que se encarga del cobro de servicios de seguridad perimetral a las empresas mineras asentadas en los municipios de Victoria, Indé, Otáez y Santiago Papasquiaro.

Las principales empresas mineras trasnacionales que —solo en lo que se refiere  a Durango— mantienen una relación al menos de diálogo con los grupos del crimen organizado, realizando frecuentes pagos sea por su voluntad o por obligación, son Southern Silver Exploration Corp., Tarachi Gold Corp., VVC Exploration Corporation, Hecla Mining Company, Kootenay Silver Inc., MAG Silver Corp., Masivo Silver Corp., Alamos Inc., Mundoro  Capital Inc., Newmont Corporation, Canasil Resources Inc., Orex Minerals Inc. y Fresnillo Plc.

En Guanajuato, donde parte de la violencia que mantiene sometida a la población es generada por la operación de mineras transnacionales, la principal organización criminal que más se beneficia de esa labor es La Familia Michoacana. Hay que recordar que fue el Cártel de La Familia Michoacana, cuando era liderado por Nazario Moreno González, El Doctor, la primera organización criminal en explorar en México el negocio de vender seguridad a las empresas mineras. Como iniciador de ese negocio, el Cártel de La Familia Michoacana se ha extendido a otros estados mineros para ampliar sus utilidades económicas fuera del mundo del narcotráfico.

En Guanajuato, La Familia Michoacana opera económicamente en los municipios de Celaya y Comonfort. En Guanajuato capital y León las empresas mineras son extorsionadas por el Cártel de Los Zetas. En San Luis de la Paz el que cobra piso es el Cártel de Santa Rosa de Lima, mientras que en Victoria la minería es autorizada por el CJNG.

Las mineras sometidas por el narco en Guanajuato, en donde la Fiscalía del Estado, entonces a cargo de Carlos Zamarripa, opera como “una oficina de enlace” que conecta a empresas criminales con empresas de capital extranjero que se quieren establecer en esa entidad, Canarc Resource Corp., Great Panther Silver Ltd., Blackcomb Minerals Inc., Endeavour Silver Corp., Hochschild Mining Plc. y MAG Silver Corp.

Guerrero se encuentra asentado, principalmente en la parte de La Montaña, sobre una sólida capa de oro. La riqueza minera de esta entidad solo contrasta con la pobreza de la gente, la que no alcanza un solo gramo de las toneladas de oro que se extraen del subsuelo entregado en propiedad a la industria minera transnacional por parte del gobierno federal.

Los municipios de Arcelia, La Unión y Petatlán son controlados por el Cártel de La Familia Michoacana. En Tlalchapa la minería es controlada por el Cártel de Los Caballeros Templarios. En Tetipac, Cocula, y Eduardo Neri, son células afines al Cártel de Los Ardillos las que  están cobrando servicios de seguridad a las mineras, las que tampoco se reconocen afectadas por ese tipo de cobro y no han interpuesto ningún tipo de queja o denuncia en ninguna instancia de gobierno.

Las principales mineras que mantienen esa relación de “amistad” empresarial con sus extorsionadores o prestadores de servicios de seguridad son Minaurum Gold Inc., Nyrstar Nv., Ningbo Yinyi Group Co. Ltd., Grand Peak Capital Corp., Tarsis Capital Corp., Newstrike Capital Inc., Silver Shield Resources Corp., Torex Gold Resources Inc. y Vendome Resources Corp.

En Hidalgo se registran 11 municipios mineros, y de ellos ni uno solo se escapa a la extorsión. En Molango de Escamilla es el CJNG el que se ha apropiado de la seguridad perimetral de la mina; en Agua Blanca de Iturbide y Francisco I. Madero las mineras les pagan servicios de protección a las células del Cártel de Los Zetas, mientras que en Pachuca de Soto el cobro de piso y extorsiones a la minera lo hace el Cártel de Hidalgo.

Las mineras transnacionales que mantienen conexión de negocios con el crimen organizado en Hidalgo son —entre otras— Plata Latina Minerals Corp., Soltoro Ltd., Solitario Exploration Ltd. y Royalty Corp.

En Jalisco, las células del CJNG son implacables en el cobro de piso en los municipios jaliscienses de Bolaños, Chiquilistlán, Etzatlán, Magdalena, Pihuamo,  San Gabriel, San Martín de Bolaños, San Sebastián del oeste, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tecolotlán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Villa Corona y Zacoalco de Torres.

En estos municipios mineros operan, entre otras, las corporaciones mineras Argentum Silver Corp., Bandera Gold Ltd., Alto Group Holding Inc., China Minerals Resources Group., Azure Minerals Ltd., First Majestic Silver Corp., Ecometals Limited, Cayden Resources Inc., Gan-Bo Investment, Fury Explorations Ltd., LG International Corp., Great Panther Silver Ltd., Macmillan Gold Corp., Newmont Mining Corp., Endeavour Silver Corp., y Jaguar Mining Enterprises Inc.

Un informe de la Agenda Nacional de Riesgos, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),  advierte a la clase gobernante que el proceso de infiltración del crimen organizado en la actividad minera, principalmente en lo que se refiere a la extracción  de metales preciosos e industriales, representa un riesgo a la seguridad nacional, toda vez que existe la posibilidad de que sean los miembros del crimen organizado, de las células escindidas de los cárteles de las drogas, los que  dicten las cuotas de extracción de minerales y metales, principalmente en aquellas zonas mineras donde las empresas trasnacionales se han subordinado a las instrucciones de los grupos del crimen organizado, como en los estados de Sonora, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua.

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