La Corte Suprema de Brasil suspendió temporalmente la ley que permitía reducir la condena de Jair Bolsonaro por golpismo Infobae
El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, suspendió temporalmente este sábado la ley aprobada por el Congreso que permitiría reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de otros acusados por los hechos del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Esta decisión detuvo la aplicación inmediata de la nueva legislación, lo que generó incertidumbre entre quienes esperaban beneficiarse de la norma.
La suspensión de la ley impide que, por el momento, los condenados obtengan una reducción de sus penas. Según explicó el magistrado De Moraes, hasta que el pleno del Supremo Tribunal Federal analice el fondo del asunto, las solicitudes presentadas por las defensas quedarán en espera. La medida responde a demandas de partidos de izquierda que cuestionaron la constitucionalidad del proyecto conocido como Dosimetría, alegando que la revisión judicial puede modificar el destino de los condenados, incluido el expresidente.
Jair Bolsonaro enfrenta una condena de 27 años y tres meses de prisión, que lo ubica entre los principales responsables de los hechos que pusieron en riesgo el orden democrático en Brasil.
La ley suspendida fue implementada por el Congreso tras un proceso controversial. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, promulgó la norma, y su entrada en vigor motivó que al menos diez condenados solicitaran la revisión o reducción de sus penas. Sin embargo, la decisión del Supremo detuvo esos pedidos y dejó en suspenso cualquier modificación en las condenas hasta que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad.
El proyecto de Dosimetría establecía que las penas por delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no debían sumarse cuando se cometieran en el mismo contexto.
También preveía la posibilidad de reducir entre un tercio y dos tercios la pena en casos de tentativa de golpe, siempre que el condenado no hubiera financiado ni dirigido el acto. Este punto provocó críticas porque, según sectores políticos y sociales, beneficiaría a exautoridades y militares de alto rango implicados en la intentona golpista.
Entre quienes buscaban acogerse a la nueva legislación estaban Jair Bolsonaro, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno. Todos ellos enfrentan condenas graves por los hechos que sacudieron la democracia brasileña.
La reacción política fue inmediata. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, consideró la ley un retroceso para la democracia y recordó que, según las investigaciones, existieron planes para atentar contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio Alexandre de Moraes.
Además, el magistrado dispuso que el Congreso tiene cinco días hábiles para presentar una respuesta formal sobre la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la federación PSOL-Rede.
Los partidos alegaron que la forma en que se derribó el veto presidencial fue irregular, ya que implicó el fraccionamiento de un veto integral, lo que podría contradecir normas constitucionales y jurisprudencia previa del Supremo Tribunal Federal.
La defensa de algunos condenados difundió un comunicado en el que sostiene que la decisión del Supremo contradice la voluntad del Congreso, que ya había aprobado y promulgado la ley.
El texto argumenta que la nueva ley reconoce que no se puede tratar igual a quien organizó, financió o lideró los hechos y a quien solo estuvo presente en el contexto de los acontecimientos. El debate gira en torno al alcance de la voluntad soberana del Congreso Nacional, la seguridad jurídica y el respeto a las garantías fundamentales previstas en la Constitución.
(Con información de Europa Press y CNN Brasil)
