Académicos proponen al próximo Gobierno un plan financiero urgente para enfrentar la crisis del sistema de salud: piden “voluntad política” Infobae
Académicos y representantes de distintas universidades y centros de investigación del país solicitaron al próximo Gobierno adoptar un “plan de choque” financiero para enfrentar la crisis del sistema de salud en Colombia.
La petición quedó consignada en un comunicado, en el que advirtieron sobre el deterioro de la sostenibilidad financiera, la gobernanza y la capacidad de atención del modelo de aseguramiento. En el documento, los firmantes señalaron que el sistema atraviesa una de las coyunturas más complejas de las últimas décadas y alertaron sobre las consecuencias que ya enfrentan millones de usuarios.
"Colombia aún está a tiempo de enfrentar con éxito la crisis del sistema de salud”, afirmaron los académicos, quienes pidieron que las decisiones del próximo Ejecutivo estén fundamentadas en criterios técnicos y orientadas a estabilizar la atención médica desde el inicio del nuevo periodo presidencial.
Los expertos indicaron que el sistema, que durante años mostró avances en cobertura y protección financiera, presenta actualmente signos de deterioro asociados al desfinanciamiento progresivo, retrasos en los flujos de recursos y problemas en la gestión institucional. Según el comunicado, estos factores han afectado la estabilidad de la prestación de servicios y la entrega de medicamentos.
También advirtieron que el impacto ya es visible para los pacientes. El texto menciona un incremento en las barreras para acceder a consultas especializadas y procedimientos quirúrgicos, así como fallas recurrentes en el suministro de medicamentos esenciales y un aumento del gasto de bolsillo de los hogares.
Llamado a un plan de estabilización
Los académicos plantearon que el próximo Gobierno, que asumirá funciones el 7 de agosto de 2026, debe implementar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro del sistema. Entre las principales propuestas se encuentra un saneamiento de la cartera hospitalaria y un ajuste técnico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
“Es indispensable un plan de choque financiero que sanee la cartera hospitalaria, ajuste de manera técnica la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y fortalezca la gestión de los recursos desde la Adres, con criterios estrictamente técnicos”, señala el comunicado.
De acuerdo con el documento, los firmantes consideran que sin una intervención financiera inicial cualquier reforma estructural resultaría inviable. Además, insistieron en que se debe garantizar la continuidad de la atención durante procesos de intervención o liquidación de EPS, con el fin de evitar afectaciones a los usuarios y a los tratamientos médicos en curso.
El comunicado también hizo referencia a la situación de la Nueva EPS. Según los académicos, al cierre de 2025 esta entidad concentraba más del 22% de los afiliados del sistema, mientras atravesaba dificultades financieras y operativas. En el texto se advierte que decisiones relacionadas con traslados masivos de afiliados hacia entidades con limitaciones de operación podían aumentar los riesgos de colapso en la atención.
Además, cuestionaron algunas intervenciones realizadas por el Gobierno sobre varias EPS y señalaron que decisiones judiciales posteriores revirtieron varias de esas actuaciones por presuntas vulneraciones al debido proceso.
Transparencia, tecnología y fortalecimiento de hospitales
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento se relaciona con el manejo de la información en salud. Los académicos señalaron que el país cuenta con herramientas como Sispro, Rips y la Cuenta de Alto Costo, aunque afirmaron que su capacidad continúa subutilizada. En ese sentido, propusieron consolidar un sistema de información integrado y público que facilite la captura y verificación de datos, con el propósito de mejorar la toma de decisiones y el seguimiento del desempeño del sistema de salud.
El documento también pidió fortalecer la red hospitalaria mediante incentivos para la reapertura de servicios cerrados y mecanismos que permitan facilitar su operación. “Sin prestadores fuertes, no hay sistema que funcione”, afirmaron los firmantes.
En materia tecnológica, los académicos solicitaron avanzar hacia una estrategia de salud digital que incorpore herramientas de inteligencia artificial, interoperabilidad de la historia clínica y analítica de datos para mejorar la eficiencia y la calidad en la atención médica.
El pronunciamiento incluyó además propuestas relacionadas con el gasto de bolsillo de los ciudadanos. Los expertos señalaron que el próximo Gobierno deberá avanzar hacia un esquema progresivo en el que los hogares con mayores ingresos aporten más al sistema, mientras se protege a la población más vulnerable.
Relación entre salud y empleo formal
El comunicado también vinculó la sostenibilidad financiera del sistema de salud con las condiciones del mercado laboral colombiano. Los académicos advirtieron que la alta informalidad reduce el alcance del aseguramiento y debilita las fuentes de financiación del sistema.
Por esa razón, propusieron que el próximo Gobierno impulse medidas orientadas a promover la formalización laboral, mediante incentivos a la contratación formal y la reducción de cargas que, según indicaron, afectan la generación de empleo.
Los firmantes señalaron además que la formación de profesionales del sector salud requiere un entorno estable y sostenible. El texto sostiene que las escuelas y facultades de medicina necesitan condiciones de certidumbre para mantener sus procesos académicos y de formación.
“Este es un llamado urgente a poner nuevamente al paciente en el centro del sistema y a garantizar, con voluntad política y con hechos, el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”, concluye el documento.
El comunicado fue firmado por la Escuela de Ciencias de la Vida y Medicina de la Universidad EIA, Tech Business School de la Universidad EIA, la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad Eafit, el Grupo de Economía de la Salud Antioquia, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.
