Vacaciones anticipadas: un análisis jurídico y político Heraldo de Aguascalientes
El pasado jueves, el Secretario de Educación Pública Mario Delgado anunció que se adelantarán las vacaciones en educación básica al 5 de junio y se contempla el regreso hasta el 31 de agosto, es decir, casi un mes efectivo de clases menos. Las dos razones planteadas por el titular de la SEP son la ola de calor que está pasando el país y el mundial. Evidentemente, dicho posicionamiento generó polémica en toda la república, ya que inminentemente afectará el aprovechamiento académicode las y los alumnos, compromete la culminación de los programas educativos y, finalmente, afecta la organización familiar (particularmente a las madres de familia). Partiendo de esta situación, el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo, con razón, que el posicionamiento de Mario Delgado es una propuesta integrada por petición de las secretarías de educaciónde las entidades federativas (incluyendo al Instituto de Educación de Aguascalientes), la cual aún debe sujetarse a aprobación en la elaboración del calendario del próximo ciclo escolar 2026-2027. Esta nueva coyuntura en el sector educativo la podemos observar bajo dos ópticas: una jurídica y otra política.
La perspectiva jurídica es evidente, ya que dichos argumentos planteados de forma generalizada no están ni cerca de ser suficientes para limitar y afectar el derecho a la educación (artículo 3° Constitucional) y, en sintonía, no se contempla el principio del interés superior de la infancia (artículo 4° Constitucional). El único precedente cercano (en tiempo y materia) fue la suspensión del ciclo escolar en 2020 por el Covid-19, donde el entonces presidente López Obrador convocó el supuesto del artículo 73 constitucional, fracción XVI base 1ª, 2ª y 3ªlos cuales establecen, en términos prácticos, que el Consejo de Salubridad podrá emitir la disposiciones correspondientes para salvaguardar la seguridad de la población en materia sanitaria, como es el caso de una pandemia, siendo de carácter general y aplicación obligatoria; en pocas palabras, se tuvo que aplicar uno de los supuestosexcepcionales que marca nuestra Constitución afectando, como plantea ahora el Secretario, el derecho a la educación de más de 25 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Quizás, el equipo jurídico de la SEP (así como de las secretarias de educación de las entidades federativas), pensaron que las altas temperaturas servirían como una justificación válida para limitar, dejando de lado a la Presidencia y el Congreso de la Unión, el acceso a la educación de las y los alumnos.
Ahora, la perspectiva política responde a una dinámica generalizada en todo el país, donde los servidores públicos buscan visibilizar su capacidad de generar consensos y mostrar su músculo político. De llevarse a cabo dicha medida, Mario Delgado estaría mostrándole a la Presidenta que tiene el poder político suficiente para conjuntar dichas demandas, tanto de los Estados como del magisterio, y así colocarse como un mediador político eficaz. La labor política de los secretarios de Educaciónha sido analizada por diferentes académicos, como es el caso dePablo Latapí Sarré quien en su libro La SEP por dentro, mediante extractos de entrevistas con ex secretarios de educación, resalta que la labor más importante del titular es el manejo de las relaciones políticas con el presidente de la república y los agentes externos (síndicatos particularmente), con la finalidad de garantizar la continuidad y eficacia del sistema educativo. Sin embargo, en este contexto los intereses cambian, toda vez que lo que se está comprometiendo es la efectividad del propio sistema educativo, a cambio de impulsar la promoción personal y política del Secretario. Asimismo, refleja igualmente cómo los titulares de las secretarias de educación de las entidades (incluyendo el IEA) están convalidando dicha promoción.
En síntesis, ambos enfoques ilustran cómo esta decisión resulta sumamente irresponsable, de ahí que no sorprenda que la presidenta contradijera dicha declaración durante la conferencia mañanera. Por ello, aún y cuando el día de ayer Mario Delgado insistió en que se recortará el ciclo escolar vigente, esta decisión aún se está evaluando en Palacio Nacional. Finalmente, estos escenarios nos muestran nuevamente cómo la educación pública ha sido, a lo largo de los últimos 8 años, moneda de cambio político entre los funcionarios federales y el magisterio, dejando a un lado el desarrollo integral de las y los estudiantes, comprometiendo con ello (nuevamente) el futuro del país.
