La histórica medida para frenar el chantaje del régimen de Ortega en el principal organismo regional de Centroamérica Infobae
El 24 de abril de 2026, en Santo Domingo, ocurrió algo que hasta hacía poco parecía imposible en Centroamérica: siete países decidieron quitarle a Nicaragua el poder de bloquear al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el organismo político y diplomático más importante de la región.
La decisión fue el desenlace de una larga crisis que comenzó formalmente en 2021, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó convertir la Secretaría General del SICA en una extensión de su política exterior y de sus alianzas con Rusia y China.
Las reglas de entonces establecían que la elección del secretario general, y otras decisiones importantes, debían resultar del consenso absoluto. Durante casi cuatro años, Managua utilizó esas reglas internas del organismo para bloquear nombramientos, presionar diplomáticamente a sus vecinos y tratar de imponer funcionarios leales al orteguismo en el principal cargo administrativo de la integración regional.
El resultado fue un organismo acéfalo, dividido y atrapado en una crisis institucional sin precedentes. Pero también produjo una reacción inédita: Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Belice y Honduras terminaron impulsando una reforma que eliminó, en la práctica, el veto absoluto que Nicaragua había usado como arma política.
El SICA nació oficialmente el 13 de diciembre de 1991, cuando los presidentes centroamericanos firmaron en Tegucigalpa el protocolo que reformó la antigua Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), creada en 1951.
La idea detrás del organismo era ambiciosa: crear una estructura regional capaz de coordinar políticas económicas, diplomáticas, sociales y de seguridad después de décadas de guerras civiles y conflictos armados.
El sistema comenzó a funcionar formalmente el 1 de febrero de 1993 y quedó integrado por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, a los que luego se sumaron Belice y República Dominicana.
Aunque muchas veces ha sido visto como una institución burocrática y lenta, el SICA concentra una enorme importancia estratégica. A través de él se coordinan acuerdos comerciales, proyectos regionales de seguridad, cooperación internacional y posiciones conjuntas ante organismos multilaterales. También es el espacio donde Centroamérica intenta negociar como bloque frente a actores externos como la Unión Europea, Estados Unidos o China.
La Secretaría General, con sede en El Salvador, funciona como el corazón técnico y administrativo del sistema. El secretario general es elegido por los presidentes de los países miembros para períodos de cuatro años. Y precisamente esa silla terminó convirtiéndose en el centro de la mayor crisis institucional del organismo.
Rotación del secretario general
La historia reciente comenzó a complicarse en 2017, cuando los presidentes centroamericanos acordaron establecer un sistema de rotación geográfica para escoger al secretario general.
Según ese acuerdo, después del mandato del expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo, el turno correspondería a Nicaragua para el período 2021-2025.
Cerezo, quien dirigió el organismo entre 2014 y 2021, había sido cuestionado por mantener silencio frente a las crisis políticas y de derechos humanos en Nicaragua después de las protestas de abril de 2018. Incluso al terminar su mandato reconoció que “se comprende poco el papel del SICA” debido a la neutralidad que mantuvo frente a esos conflictos.
Cuando se acercaba el final de su período, Nicaragua intentó primero reelegirlo. Belice bloqueó esa maniobra. Entonces Managua pasó a proponer sus propios candidatos.
La primera terna presentada por el régimen, en junio de 2021, incluía al diputado sandinista Orlando Tardencilla, a la ministra del Interior María Amelia Coronel Kinloch y a la funcionaria regional Luz Marina López Escobar. Todos militantes sandinistas. Todos fueron rechazados.
Los gobiernos centroamericanos alegaron que ninguno cumplía los requisitos del Protocolo de Tegucigalpa, que exige independencia de criterio, imparcialidad, integridad y vocación integracionista. Los candidatos eran vistos como operadores políticos del orteguismo y no como funcionarios regionales independientes.
El 30 de junio de 2021 terminó el mandato de Cerezo y, por primera vez en la historia del SICA, el organismo quedó sin secretario general. Durante los meses siguientes, Nicaragua insistió con nuevos nombres. En mayo de 2022 presentó al ex ministro Orlando Solórzano. También fue rechazado.
Caso Werner Vargas
Finalmente, tras más de un año de crisis, los cancilleres lograron consenso alrededor de Werner Isaac Vargas Torres, un abogado nicaragüense con experiencia dentro del propio sistema regional. Había sido director ejecutivo de la Secretaría General y tenía trayectoria en organismos regionales. Fue nombrado oficialmente en agosto de 2022.
Pero la tregua duró poco.
El 14 de noviembre de 2023, Vargas presentó una renuncia repentina y nunca explicó públicamente sus razones. La carta fue comunicada no por él, sino por el canciller nicaragüense Denis Moncada. Eso generó sospechas inmediatas dentro del organismo.
Fuentes diplomáticas y funcionarios del SICA aseguraron que nadie creía que Vargas hubiera renunciado voluntariamente. Según versiones extraoficiales, se encontraba en Managua sin pasaporte y sin posibilidad de salir del país.
La interpretación dominante fue que Ortega y Murillo lo habían removido porque no estaba cumpliendo los objetivos políticos que Managua esperaba dentro del organismo: expulsar a Taiwán del sistema regional y facilitar el ingreso de China y Rusia como observadores.
Ahí quedó expuesta la verdadera disputa geopolítica detrás de la crisis.
Nicaragua había roto relaciones con Taiwán en 2021 y reconocido a la República Popular China. A partir de entonces comenzó a presionar para modificar el equilibrio diplomático del SICA. Entre marzo y abril de 2023, Nicaragua impulsó activamente el ingreso de Rusia como observador regional. Guatemala y Costa Rica se opusieron.
La siguiente terna nicaragüense empeoró todavía más el conflicto.
Crisis Valdrack Jaentschke
En noviembre de 2023, el régimen de Nicaragua propuso a Valdrack Jaentschke, Iris Montenegro y Violeta Irías.
Jaentschke era considerado por opositores y analistas como uno de los principales operadores políticos y de inteligencia del orteguismo. Había sido vicecanciller y posteriormente sería nombrado canciller de Nicaragua. Diversos activistas lo señalan como articulador de redes de espionaje y vigilancia contra opositores exiliados en Costa Rica y otros países centroamericanos.
Los gobiernos regionales rechazaron nuevamente la terna.
En noviembre de 2024 ocurrió otra escalada. Nicaragua propuso directamente a Denis Moncada, un ex militar devenido a canciller de reconocida fidelidad a Daniel Ortega y Rosario Murillo, acompañado por la diputada sandinista Arling Alonso y la ministra Johana Flores.
Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana respondieron con una nota conjunta rechazando los nombres y exigiendo nuevos candidatos. Para entonces, la disputa se había transformado en una guerra diplomática regional.
Ortega y Murillo respondieron acusando a sus vecinos de actuar bajo “intereses foráneos”, de practicar “colonialismo” y de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Valdrack Jaentschke llegó a declarar que Nicaragua no le tenía “ni miedo, ni siquiera respeto” a Costa Rica.
Rosario Murillo acusó públicamente a Panamá de conspirar junto a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana para bloquear al régimen dentro del SICA. Nicaragua también recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia y, en junio de 2024, anunció incluso un retiro temporal del organismo.
Pero mientras Nicaragua elevaba el tono, el resto de los países comenzó a construir una estrategia distinta: dejar de discutir nombres y cambiar las reglas.
Bloqueo desde Nicaragua
La clave estaba en el sistema de consenso absoluto. Bajo las normas anteriores, cualquier decisión importante requería unanimidad. Eso le daba a cada país un poder efectivo de veto. Ortega descubrió que bastaba bloquear o negarse a negociar para paralizar toda la institución.
Y eso fue exactamente lo que hizo.
Desde diciembre de 2024, Nicaragua dejó de presentar nuevos candidatos y se dedicó simplemente a bloquear cualquier salida. El organismo quedó acéfalo durante más de dos años.
El analista costarricense Carlos Murillo Zamora describió ese período como “uno de los puntos más bajos en la historia de la integración regional”.
La respuesta llegó el 24 de abril de 2026.
Ese día, reunidos en Santo Domingo bajo la presidencia pro tempore de República Dominicana, los cancilleres y vicecancilleres del SICA aprobaron un nuevo reglamento para la toma de decisiones.
El cambio fue histórico: el sistema abandonó la exigencia de consenso absoluto y adoptó decisiones por mayoría calificada. En otras palabras, el veto nicaragüense dejó de tener capacidad de paralizar al organismo.
El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco explicó que durante años se había aplicado una “incorrecta interpretación” del protocolo fundacional que permitía a cualquier país bloquear el funcionamiento del sistema.
La reforma abrió además el camino para que Costa Rica, a quien le corresponde el próximo turno de la Secretaría General a partir de agosto de 2026, pueda presentar candidatos sin depender del aval de Managua.
El régimen de Ortega no reconoció la legitimidad de la reforma. Pero, por primera vez desde que comenzó la crisis, el resto de los países encontró una manera de neutralizar el bloqueo.
De esta forma, el SICA sobrevivió, pero quedó expuesta la fragilidad de un sistema construido bajo la idea de que todos los gobiernos compartirían reglas mínimas de convivencia democrática.
El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, recordó que esta es la segunda derrota diplomática que Ortega enfrenta en Centroamérica porque tras la represión y las masacres cometidas en 2018, Nicaragua perdió la posibilidad de asumir la presidencia del BCIE, cargo que finalmente recayó en Dante Mossi.
Jaque mate
Según McFields la decisión de los países centroamericanos es “un jaque mate” a las aspiraciones políticas de Daniel Ortega quien buscaba convertir la Secretaría General del SICA en “una herramienta política al servicio de los intereses de Rusia y China”.
Hasta ahora, Nicaragua no ha reaccionado oficialmente a la reforma del 24 de abril de 2026 en República Dominicana, aunque estuvo ausente. Sin embargo, con anterioridad, el régimen defendiendo el principio de consenso y denunciando exclusión política dentro del SICA.
El nicaragüense diario La Prensa, prevé una reacción del régimen. “No se puede o no se debe creer que con eso el problema de la integración centroamericana está resuelto. Habrá que esperar la reacción del régimen de Nicaragua, que por su naturaleza antidemocrática recurre a acciones de fuerza y chantajes para imponer sus condiciones, cuando no se las aceptan voluntariamente”, editorializó.
“La crisis del SICA ha dejado claro que la dictadura de Nicaragua no es un problema solo de los nicaragüenses. Afecta a todos los países, pueblos y gobiernos de Centroamérica. Mientras permanezca la dictadura en Nicaragua, la integración centroamericana no podrá funcionar normalmente, con seguridad y capacidad de promover el desarrollo y la prosperidad de cada uno y todos los pueblos de Centroamérica”, concluyó en su editorial.
