A problemas extremos… medidas extremas La Aurora de México
Culiacán, Sin.- Este dicho popular se refiere a que ante un problema de gran magnitud o gravedad, no bastan las soluciones convencionales, se necesita una respuesta igualmente contundente o drástica y se debe actuar con una determinación o radicalidad proporcional a la crisis.
Sinaloa vive una de las etapas más dolorosas y complejas de su historia reciente. Después de un año y siete meses de violencia ininterrumpida, el saldo resulta devastador: más de cinco mil personas entre asesinados y desaparecidos; más de 10 mil vehículos robados; alrededor de 22 mil empleos perdidos; cerca de 10 mil empresas cerradas y aproximadamente 3 mil 800 familias que, vencidas por el miedo y la incertidumbre, han decidido abandonar diversas comunidades de Sinaloa.
La crisis dejó de ser únicamente un problema de seguridad. Hoy es también una tragedia económica, social y emocional que mantiene a la sociedad sinaloense atrapada entre la angustia, la impotencia y el hartazgo.
Ahora, el estado vuelve a colocarse en el ojo del huracán internacional tras darse a conocer, de acuerdo con informes recientemente surgidos, que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), bajo supervisión del tribunal federal de ese distrito, habría solicitado acciones contra el gobernador del estado, uno de los senadores por Sinaloa, el alcalde de Culiacán y siete funcionarios más relacionados con áreas de procuración de justicia y cuerpos de seguridad.
Por supuesto, corresponderá a las instancias legales determinar si existen pruebas suficientes, si los procedimientos jurídicos son correctos y si las acusaciones prosperan o no. Pero siendo francos, para miles de sinaloenses eso ya no es lo esencial.
La prioridad de la gente es otra.
Lo que desean las familias es recuperar la tranquilidad para trabajar, salir a comer, visitar un parque o permitir que sus hijos regresen a una vida normal. Los jóvenes viven prácticamente encapsulados, limitando sus salidas por temor a quedar atrapados en un enfrentamiento o convertirse en víctimas de una bala perdida en medio de la disputa entre grupos criminales pertenecientes incluso al mismo cártel.
El miedo terminó por modificar hábitos, destruir negocios, romper proyectos de vida y erosionar la confianza colectiva.
Por eso, cada vez son más quienes concluyen que la única alternativa real pasa por un cambio profundo de régimen y de grupo gobernante. Quedó demostrado que quienes prometieron ser distintos terminaron reproduciendo —e incluso agravando— muchos de los problemas que aseguraban combatir.
Sin embargo, el reto no consiste en volver al pasado.
La salida exige construir una gran alianza social capaz de colocar por encima de cualquier interés partidista el futuro de Sinaloa. Los partidos políticos ya preparan sus estrategias, sus candidaturas y sus disputas internas para posicionar membretes, siglas y proyectos particulares. Pero hoy, más que nunca, lo verdaderamente trascendente no es el partido: es la persona, el liderazgo y el proyecto de reconstrucción que pueda devolverle rumbo y esperanza al estado.
Es cierto: para competir electoralmente se requiere una plataforma política. Pero ojalá, por una vez, todas las fuerzas entendieran que lo importante no es quién se queda con el crédito, sino quién ayuda a rescatar a Sinaloa.
Las circunstancias excepcionales que vive el estado obligan a tomar medidas excepcionales.
Sinaloa podría convertirse en un laboratorio ciudadano rumbo a 2030: una gran coalición social, económica, académica y política que desde ahora comience a construir un verdadero plan de gobierno incluyente, plural y con visión de largo plazo.
Entendamos algo fundamental: antes que los partidos, antes que las siglas y antes que las ambiciones personales, deben estar los ciudadanos.
Porque frente a grandes males, inevitablemente se requieren grandes remedios.
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