Silencio del Ejército por narcolaboratorio, el motivo Diario.mx

-Silencio del Ejército por narcolaboratorio, el motivo
-Viene la reforma de la reforma judicial
-Maru hoy en Juárez, con todo el morbo encima
-A quién le debe dinero México

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, lo más que llegó a cuestionar en el sonado caso del narcolaboratorio de anfetaminas desmantelado entre el 17 y 18 de abril en la sierra de Chihuahua, fue que se trató de una instalación relevante por su capacidad de producción, pero que hubo antes aseguramientos de mayor escala en otras partes del país.

Dijo lo anterior al momento de ofrecer algunos datos respecto del descubrimiento y sin abundar sobre el mundo que dejaría caer el Ejecutivo federal contra las autoridades estatales de Chihuahua, como organizadoras del operativo, por la participación de la CIA en el mismo, descubierta públicamente hasta la muerte accidental de dos de sus elementos y de otros dos policías de la Agencia Estatal de Investigación.

Participó la Defensa Nacional en esa acción, pero sus comandantes, por alguna razón, han permanecido al margen de la colosal polémica que ha avanzado hasta una crisis de la Cuarta Transformación con el gobierno estadounidense.

Ni el secretario Trevilla, ni el jefe de la XI Región Militar, a la que corresponde Chihuahua, ni el comandante de la 42 Zona Militar, con sede en Parral y bajo cuyo mando actuaron los militares en Morelos, han dicho una palabra ni a favor ni en contra de la intervención estadounidense. Menos, por supuesto, el jefe de la V Zona Militar, con sede en esta capital. No suda calenturas ajenas, y menos a grado de fiebre.

Hemos sabido que los militares han preferido sustraerse, justo porque el tema ha pasado de lo técnico a lo meramente político.

Ellos sí saben, porque estuvieron ahí, que fueron halladas tres áreas repletas de accesorios para fabricar toneladas de metanfetaminas. Lo detalló la Fiscalía General de Chihuahua: 19 tambos de mil litros, 17 contenedores de mil litros, 14 depósitos con acetona, 14 contenedores con material “blanco”, 16 contenedores con material color “negro”, cinco hornos, siete depósitos conectados por medio de mangueras a los hornos, 10 depósitos chicos, 61 cilindros de gas conectados, 42 cilindros más de gas, 33 contenedores de mil litros, 25 depósitos con material líquido color “negro”, además de un montón de accesorios más, incluidos otros 196 cilindros de gas.

A estas alturas, la Fiscalía General de la República y la propia Fiscalía General del Estado deben conocer a detalle las cantidades reales de droga en proceso de fabricación y las cantidades que eran producidas periódicamente. Se presumen toneladas.

Entonces, el silencio del Ejército se debe no tanto a la polémica mediática por la intervención estadounidense, sino al descubrimiento del laboratorio y las implicaciones naturales en todo el país ante un golpe de semejante naturaleza.

El silencio es obligado.

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A los diputados federales de todos los estados, particularmente a los morenistas, han comenzado a advertirles que no se retiren mucho de San Lázaro, porque este mes podría votarse una primera reforma a la reforma judicial que posibilitó la elección de juzgadores.

Los legisladores tienen información de que la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, avanza en la encomienda de su jefa, Claudia Sheinbaum, de analizar la viabilidad de que, conforme a lo dispuesto hasta ahora, la elección de jueces y magistrados federales sea realizada en 2027; o bien, considerar la posibilidad de posponerla hasta 2028.

En las elecciones pasadas fue renovada la mitad del Poder Judicial Federal, pero quedó pendiente el otro 50 por ciento. De continuar el planteamiento actual, esos nuevos juzgadores serían electos en el mismo proceso en el que se jugarán 17 gubernaturas, cientos de diputaciones locales, alcaldías y diputaciones federales.

La complejidad de una elección así ya ha sido señalada por diversas voces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, e incluso por diputados federales y senadores que han planteado, ya con una iniciativa formal, una cirugía a la reforma que impulsó Andrés Manuel López Obrador y materializó Sheinbaum Pardo.

Por ello, dicen, este mes de mayo podría venir una votación del Legislativo federal en un periodo extraordinario para cambiar, primero, la fecha de la elección judicial, a fin de no empalmarla con las demás.

Luego vendrían otros cambios. De entrada, los planteamientos son establecer exámenes obligatorios para los candidatos a juzgadores, certificación de capacidades, eliminación de los comités del Ejecutivo, Legislativo y Judicial para seleccionar aspirantes, a fin de que sea un solo comité evaluador, y una reducción drástica de los perfiles que lleguen a las boletas, entre otras modificaciones.

Evidentemente, la reforma judicial quedó mucho a deber, tanto en organización como en participación ciudadana; tanto en los pobres perfiles de los juzgadores electos, como en el exceso de intereses políticos y de poder inmiscuidos.

Así, una reforma de la reforma es el reconocimiento morenista de una de las grandes fallas de la 4T.

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Si no hay cambios de última hora en la agenda ejecutiva, la gobernadora Maru Campos estará este jueves de regreso en Juárez. Y pegada a ella, toda la polémica por el encontronazo cortesía de la federación.

Y sí, parece que la gobernadora trae agenda cargada. Primero, la reunión de la Mesa de Seguridad, donde seguramente saldrán a relucir los temas bien masticados de siempre.

Además, Maru viene a inaugurar la Secundaria Federal número 22, ubicada en la zona del Valle del Sol.

Lo que no queda claro es si la gobernadora tendrá encuentro con los integrantes de la mesa política; eso pondría pimienta a la gira.

Nos comentan que el ánimo de los panistas fronterizos anda por las nubes gracias al trabajo preelectoral desarrollado en el municipio y a la victimización de la que es objeto el estado por parte de la 4T.

En sus últimas visitas a Ciudad Juárez, Maru ha tenido reuniones con la estructura azul que hace la chamba rumbo a las elecciones de 2027.

Ahí revisa, con lupa, los avances del famoso programa “Toca Toca”, que ya empieza a sonar como la nueva carta fuerte para posicionar el trabajo del régimen estatal ante la ciudadanía.

Por otro lado, el chisme de pasillo es que varios panistas y funcionarios andan convenciendo a Daniela Álvarez para que sea la candidata a la alcaldía de Juárez.

La idea, al parecer, no le desagrada a la dirigente estatal, aunque está consciente de que solo un milagro la salvaría de la piedra de los sacrificios donde la colocarían los morenos.

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La deuda pública de México no está en manos de un solo acreedor ni de un país específico, sino distribuida principalmente entre inversionistas nacionales.

Alrededor de tres cuartas partes de los bonos del gobierno están en manos de instituciones locales como las Afores, bancos, aseguradoras y fondos de inversión.

Además, cabe aclarar, la gran mayoría de la deuda nacional está en pesos. Esto se debe a las estrategias que comenzaron Vicente Fox y Felipe Calderón para no depender de créditos en dólares ni de extranjeros, por la volatilidad que representaban.

Esto significa que, en gran medida, el financiamiento del Estado descansa en el propio ahorro interno.

Sin embargo, cerca de una cuarta parte permanece en manos de inversionistas extranjeros —BlackRock o PIMCO, entre otros—, un segmento más pequeño en tamaño, pero con una influencia desproporcionada en la estabilidad financiera.

Esa minoría extranjera es, en realidad, la más sensible a los cambios globales: responde rápidamente a decisiones de la Reserva Federal, a variaciones en las tasas de interés internacionales y al apetito de riesgo en los mercados.

Cuando esos capitales entran, fortalecen al peso y abaratan el financiamiento; cuando salen, presionan el tipo de cambio y elevan las tasas.

Así, aunque México se financia principalmente con recursos propios, su estabilidad sigue atada al pulso del sistema financiero global, donde el capital no tiene nacionalidad, pero sí velocidad.

La deuda externa mexicana ya no depende de organismos como el FMI, sino de un mercado global que presta sin rostro… pero exige sin excepción.

De acuerdo con el Centro de Estudios del Sector Privado, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda mexicana— alcanzaría 21.8 billones de pesos en 2027, equivalente aproximadamente al 55 por ciento del PIB.