Bélgica ha embargado a España cerca de 840 millones por impago de laudos de renovables Infobae
Madrid, 7 may (EFE).- Bélgica ha embargado cerca de 840 millones de euros a España en concepto de impagos por los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables, importe que procede de los pagos de Eurocontrol en concepto de gestión del tráfico aéreo.
Así lo han asegurado en un encuentro con periodistas los representantes legales de varios de los fondos acreedores, en un litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.
Las mismas fuentes apuntan que a mediados de marzo de 2026 la deuda acumulada del Reino de España con sus acreedores supera ya los 2.303 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones corresponden a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones a sobrecostes judiciales y financieros asociados a los procedimientos de ejecución.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han indicado a EFE que el sistema procesal belga permite el embargo ex parte de activos sin previa audiencia al Estado, lo cual exige que el Estado recurra para levantar los embargos acordados vulnerando el derecho de la Unión Europea.
Y en los procedimientos iniciados por España para levantar los embargos, España cuenta con el apoyo de la Comisión Europea (CE), añade la misma fuente, que recuerda que la CE ha iniciado un procedimiento de infracción contra Bélgica por permitir el reconocimiento de laudos arbitrales dictados contra España, con vulneración de las normas de Ayudas de Estado, procedimiento que se encuentra en fase de dictamen motivado.
Los representantes legales de los acreedores explican que tras una serie de resoluciones favorables en Estados Unidos -con siete laudos y el reconocimiento de los mismos como sentencias plenamente ejecutables-, se abre la puerta a mecanismos procesales destinados a identificar, localizar y eventualmente embargar activos del Estado español.
En total, la deuda con todas las compañías demandantes en dichos procesos en EE.UU. que han obtenido resoluciones favorables asciende a 688,4 millones, según las mismas fuentes.
En el marco de esta nueva fase se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos y se han emitido requerimientos judiciales dirigidos a diversas entidades privadas que presentan servicios a España, así como a organismos públicos vinculados al Estado.
Con relación a los procedimientos en EE.UU., fuentes de Transición Ecológica indican que las sentencias dictadas en primera instancia reconociendo laudos son susceptibles de recurso, y todas ellas han sido apeladas.
Además, España tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo de aquel país que, de prosperar, significaría que los laudos no pueden ser ni reconocidos ni ejecutados allí.
Sobre la posible afectación a la participación de España en el Mundial de Fútbol que se celebra este verano en Estados Unidos, el Ministerio aclara que los procedimientos en curso tienen como objetivo la búsqueda de información, por lo que no afectan a la operativa de España y menos aún de la Federación Española de Fútbol, a través de la selección española, al ser una entidad independiente del Estado.
En paralelo, la semana pasada el Tribunal de Distrito de La Haya decretó el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales.
El departamento que dirige Sara Aagesen puntualiza que el embargo se ha producido sin audiencia al Estado español, que va a recurrir judicialmente para levantarlo y paralizar la subasta.
En Holanda se dispone de un antecedente favorable al Estado, al darse un intento de embargo de activos en el año 2025 que resultó infructuoso, porque las autoridades holandesas aplicaron el derecho de la UE. EFE
