"La mayor represión civil desde Suharto": el retroceso de la Indonesia de Prabowo Subianto Infobae

Steven Handoko y Héctor Pereira

Yakarta, 5 may (EFE).- Las libertades civiles en Indonesia están disminuyendo con el gobierno del exgeneral Prabowo Subianto, cuyo militarismo, advierten organizaciones de derechos humanos, recuerda a la dictadura de Suharto, especialmente por la represión contra protestas ciudadanas y la persecución de disidentes.

El último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en el mundo, publicado en abril, dice sin ambages: Indonesia es uno de los Estados que en 2025 "normalizaron la supresión de la disidencia con medidas represivas letales", en alusión al primer año de mandato de Prabowo, acusado de violaciones de derechos humanos hace décadas, cuando estaba en el Ejército.

La valoración, compartida por otros activistas, se basa en, por ejemplo, el récord de más de 6.700 arrestos computados en las protestas de agosto y septiembre en el país, en las que miles de personas rechazaron el incremento de los salarios a los parlamentarios de la mayor economía del Sudeste Asiático, aún en vías de desarrollo.

El director de AI Indonesia, Usman Hamid, explicó a EFE que a la ola de arrestos se suman 295 casos de ataques contra activistas, que van desde la intimidación digital hasta agresiones físicas, como el ataque con ácido que sufrió este año Andrie Yunus por parte de militares, ahora bajo juicio.

El activista fue atacado en Yakarta la noche del pasado 12 de marzo, después de participar en una protesta contra la revisión de la Ley Militar, una iniciativa de Prabowo que amplía el acceso de personal castrense a puestos civiles.

"Observamos un fuerte aumento en la intensidad de los ataques en 2025. Esto se debe, quizás, a que el presidente creó este clima político y esta práctica de convertir a los activistas en enemigos", subrayó Usman, quien tildó de "catastrófico" el año pasado en cuanto a la situación de los derechos humanos en el archipiélago.

Con el mismo tono de alerta, el abogado Delpedro Marhaen asegura a EFE que las cifras de detenciones de activistas y manifestantes son las mayores desde la llegada de la democracia en 1998, cuando Suharto -exsuegro de Prabowo- renunció presionado por protestas estudiantiles después de 31 años en el poder.

El propio Delpedro estuvo seis meses detenido tras ser acusado de incitar al odio y difundir información falsa por publicar acerca de las manifestaciones de agosto y denunciar los abusos policiales de entonces. El joven activista, director de la ONG Lokataru, fue absuelto de los cargos en marzo pasado.

Delpedro condena que Prabowo llame "lacayos extranjeros" a sus críticos, lo que advierte que aumenta los riesgos para activistas y periodistas al crear un estigma que les acusa de estar "pagados por otros países para destruir Indonesia", la tercera mayor democracia del mundo y la nación con la población musulmana más numerosa del planeta.

"Es un estigma peligroso para la democracia. (...) Debemos combatir estas narrativas", sostuvo.

Desde que Prabowo asumió el poder en octubre de 2024, alerta la ONG indonesia Kontras, ha habido una reducción del espacio cívico que se deja ver en la creciente cantidad de ministerios y departamentos públicos a cargo de militares, lo que también ha provocado numerosas protestas.

Se trata, en palabras de Nadine Sherani, responsable de Incidencia Internacional de Kontras, de "un espacio cívico que se está cerrando", mientras a la "disidencia se le equipara con el terrorismo o se les tacha de secuaces extranjeros", dice a EFE.

"Vimos la protesta de agosto como la mayor y peor represión civil desde" la caída de Suharto, insistió.

Por su parte, aunque Andreas Harsono, investigador de Humans Rights Watch, se niega a comparar al actual mandatario con el fallecido dictador, llama la atención sobre la propagación de casos de violencia contra medios de comunicación y comunicadores en ataques presuntamente perpetrados por militares.

Estos actos, argumenta, prevalecen en Indonesia porque existe "una cultura de impunidad entre los soldados", que se consideran "superiores a los civiles".

Pese a todo, Andreas cree que la sociedad civil está llamada a luchar pacíficamente y vencer el miedo que supone enfrentarse a un Gobierno muy cercano a las armas.

Asimismo, Nadine y Delpedro auguran una prolongada resistencia civil frente al militarismo de Prabowo, quien, pese a las críticas, sigue ampliando la influencia de las Fuerzas Armadas en las instituciones, con aún tres años de mandato por delante.