El flujo de migrantes nicaragüenses aumenta en la frontera norte de Costa Rica Infobae
Durante 2025, la frontera norte de Costa Rica registró un flujo de personas nicaragüenses por los puestos fronterizos oficiales e irregulares, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (la agencia especializada de Naciones Unidas) en su más reciente informe anual. El Puesto Oficial Peñas Blancas, principal punto de control migratorio entre Nicaragua y Costa Rica, reportó en 2025 270,041 ingresos y 266,600 salidas de nicaragüenses.
Esta cifra muestra un aumento respecto al año anterior, aunque está aún por debajo del máximo anual registrado en 2017, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. En el Puesto Oficial Las Tablillas, el número total ascendió a 40,863 ingresos y 40,131 salidas, superando los registros de 2024, pero sin alcanzar los picos de 2019.
El informe precisa que, en diciembre de 2025, Peñas Blancas concentró 27,907 ingresos y 43,946 salidas, lo que representa el 10 % y 17 % del total anual respectivamente. Para Las Tablillas, los ingresos sumaron 3,939 ingresos y las salidas 6,185, cifras que también muestran un aumento respecto a diciembre del año anterior. El patrón responde a los desplazamientos transfronterizos asociados a las celebraciones de fin de año, con un mayor número de salidas en el cierre del año, según la Organización Internacional para las Migraciones.
En cuanto a los controles no oficiales, el documento recoge los cruces irregulares en Paso Rojo, Los Chiles. En diciembre de 2025, el promedio diario fue de 92 ingresos y 88 salidas, lo que equivale a una reducción del 33 % y 43 %, respectivamente, frente a los meses previos. El monitoreo en este punto se realiza entre las 08:00 y 15:00, lo que sugiere que el flujo podría ser mayor si se registrara durante todo el día.
A lo largo de 2025, la mayoría de personas migrantes reportó la búsqueda de mejores oportunidades socioeconómicas como motivo principal en los puestos oficiales, mientras que en los cruces irregulares se incrementó la reunificación familiar hacia fin de año. Los datos reflejan que los migrantes se concentran principalmente en los cantones costarricenses de San José, Liberia y Alajuela, mientras que Managua, Rivas y Granada son los principales lugares de origen en Nicaragua.
El reporte, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones, subraya que el flujo migratorio nicaragüense en la frontera norte de Costa Rica mantiene un volumen elevado, especialmente a través de los canales oficiales, aunque tiende a estabilizarse en comparación con los picos de años anteriores. Para el monitoreo realizado durante los doce meses de 2025, se aplicaron más de 2,800 encuestas entre los diferentes puestos, lo que permite dimensionar tanto el volumen como la diversidad de motivos y perfiles de quienes cruzan la frontera.
Mujeres migrantes en Costa Rica
Asimismo, un reciente diagnóstico —elaborado por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y la Asociación Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) y analizado por Infobae— expone la situación que viven mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas forzadamente en Costa Rica, lo que evidencia no solo una crisis humanitaria sostenida desde 2018, sino también el peso de la exclusión estructural. Este desplazamiento afecta la integración social, laboral y el acceso a derechos básicos en el país receptor, según el informe.
Este colectivo, compuesto mayoritariamente por integrantes del pueblo miskitu que han huido de la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, enfrenta en Costa Rica un escenario donde la informalidad, la inseguridad jurídica y la violencia, tanto doméstica como institucional, marcan su vida cotidiana. Añade que solo el 2 % de mujeres desplazadas accede a un empleo formal en Costa Rica.
El 60.4 % de ellas únicamente dispone de un carné de solicitante de refugio y permiso de trabajo, mientras que el 4.9 % carece de todo documento vigente. Este cerrojo administrativo es la principal razón por la que “el acceso al empleo formal está vedado”, lo que empuja al 38 % a no participar del mercado laboral y obliga al resto a sobrevivir en la informalidad.
