Sin importar las consecuencias, NO ENTREGARÁN a ROCHA

Por FRANCISCO RODRÍGUEZ

Una de las muchas razones por las que López Obrador y su secuaz Claudia Sheinbaum se han negado reiteradamente a actuar en contra de gobernadores y exmandatarios estatales como Adán López, Rutilio Escandón, Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Rocha, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedolla, Américo Villarreal Jr., y otros impresentables como Mario Delgado, “Andy” & “Bobby” López se las brindó el PRI.

Y es que no son pocos los priístas que atribuyen la debacle del tricolor al escandaloso número de gobernadores del tricolor que fueron indiciados y hasta encarcelados por Enrique Peña Nieto, luego de que éste les hubiera dado manga ancha para robar, siempre y cuando a él le correspondiera una buena tajada.

Vea usted:

Javier Duarte (PRI – Veracruz): Detenido en Guatemala en el año 2017.

Roberto Borge (PRI – Quintana Roo): Capturado en Panamá en el año 2017.

Tomás Yarrington (PRI – Tamaulipas): Arrestado en Italia en el año 2017.

Andrés Granier (PRI – Tabasco): Detenido e ingresado a prisión en el año 2013.

Jesús Reyna García (PRI – Michoacán): Encarcelado en el año 2014 tras fungir como gobernador interino.

Flavino Ríos (PRI – Veracruz): Detenido en el año 2017 tras ocupar de forma interina el cargo.

Otros mandatarios como César Duarte, de Chihuahua, y Roberto Sandoval, de Nayarit fueron buscados en ese sexenio pero su captura se concretó de manera posterior.

Y hubo, asimismo, dos panistas como para “taparle el ojo al macho”:

Guillermo Padrés (PAN – Sonora): Se entregó a las autoridades federales en el año 2016.

Y Luis Armando Reynoso Femat (PAN – Aguascalientes): Detenido brevemente en el año 2014.

Con eso, más con las enormes corruptelas de los más cercanos a EPN –como Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, quienes se enriquecieron bestialmente– el Revolucionario Institucional cavó su tumba en donde difícilmente revivirá.

AMLO y CSP estaban enterados

López y Sheinbaum aprendieron bien la lección que involuntariamente les puso Peña en bandeja de plata. Actuar penalmente en contra de sus partidarios acarrea más desprestigio que consentirlos y hasta apapacharlos.

Luego, entonces, así y uno de los gobernadores morenistas fuese captado por las cámaras acribillando a un sujeto a la mitad del Zócalo capitalino –en semejanza a lo presumido por Donald Trump de que nada le sucedería si matara a alguien en plena Quinta Avenida de Manhattan–, el aparato morenista al que se sumarían sus aliados incómodos (PVEM y PT) negarían que un hecho así hubiese sucedido.

Pasa ahora que una de las cinco fiscalías de la ciudad de Nueva York, la del sur, ha solicitado la aprehensión con fines de extradición de Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros ocho sinaloenses que han ocupado o aún ocupan cargos por los que cobran al erario.

La inquilina de AMLO en Palacio Nacional pide pruebas y, además, que estas sean “contundentes” para iniciar un proceso al que está obligada por la existencia de un tratado bilateral en materia de extradición firmado por el gobierno mexicano.

¿Pruebas? Cuando no sólo está probado, sino comprobado que este grupo de dizque políticos facinerosos se aliaron con el Cártel de Sinaloa, primero, y cuando éste se quebró –por la entrega a EU de Ismael El Mayo Zambada— tomaron partido en favor de Los Chapitos.

Y eso no era algo que desconocieran AMLO ni CSP. Sus propios equipos de seguridad pública (sic) les tarjetearon todo el tiempo cómo fue que llegaron al poder estatal y, ya para rematar, que la guerra fratricida del Cártel no cesaría en tanto Rocha Moya siguiera como inquilino del Palacio de Gobierno en Culiacán.

La dilación gubernamental

Ignorar la que ahora es petición y en breve será exigencia del gobierno de Trump tendrá sus costos. Sobre la dilación escribe el respetado analista Ghaleb Krame en un reciente Reporte de Inteligencia Caso Rocha Moya: “La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue políticamente articulada y jurídicamente imprecisa. Combinó tres registros simultáneos, cada uno destinado a una audiencia distinta. El registro principista, sobre la soberanía como valor inviolable, habló a la base morenista. El registro procesal, sobre actuar si hay pruebas conforme a la ley mexicana, habló a Washington. El registro político doméstico, sobre las posibles motivaciones políticas de la acusación, habló a los funcionarios de Morena que con razón temen ser los siguientes en una lista que puede crecer.

“El dilema fue descrito con precisión por el Wall Street Journal. Sheinbaum puede intentar remover a Rocha Moya y arriesgarse a alienar al ala más nacionalista de Morena. O puede no actuar y deteriorar una relación bilateral que ya opera bajo tensión máxima. No existe una salida sin costo. Lo que sí existe es una salida de menor costo político relativo. Si la Fiscalía General de la República encontrara evidencia doméstica suficiente para actuar bajo su propia jurisdicción, esa frase que Sheinbaum repitió deliberadamente en sus declaraciones públicas, el gobierno mexicano podría resolver el caso sin activar formalmente el proceso de extradición ni ceder ante la agenda de Washington.

“La Fiscalía, por su parte, ocupa en el corto plazo una posición procesalmente cómoda. Puede declarar que estudia el caso, solicitar evidencia adicional bajo el Artículo 12 del Tratado y prolongar el proceso sin necesidad de tomar ninguna decisión formal. Esa es la estrategia de dilación estructurada que México ha empleado en casos de alto perfil durante décadas. Es efectiva a corto plazo. Sus costos se acumulan con el tiempo.”

EU hizo un buen cálculo

Y sobre las consecuencias, Krame señala que “la administración Trump encuadró el caso dentro de su estrategia de presión sobre México en materia de narcotráfico, que incluye la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera bajo la International Emergency Economic Powers Act. Esa designación no tiene solo implicaciones penales. Activa sanciones financieras automáticas que pueden aplicarse a personas o entidades con vínculos al cártel, incluyendo potencialmente funcionarios mexicanos que no aparecen en la lista de acusados.

“La decisión de publicar los cargos pocas horas después de transmitir la solicitud diplomática fue deliberada. Al maximizar el impacto mediático simultáneo en ambos países, el Departamento de Justicia colocó a Sheinbaum en un dilema que debía resolver en público, reduciendo su margen de maniobra para un manejo discreto. Fue una operación de presión política diseñada para producir exactamente el efecto que produjo. Obligó a México a declarar su posición en términos que lo comprometían ante una u otra audiencia sin importar qué dijera.”

De seguir defendiendo a Rocha Moya como hasta ahora, las consecuencias para el país serán desastrosas.

Indicios

En este trágico episodio por el que atraviesa el régimen de Cuarta… se ha soslayado el gran fracaso del llamado Gabinete ¿de Seguridad?, rebasado por los hechos y las evidencias que los fiscales estadounidenses han sacado a relucir. Porque, ¿en serio, la “inteligencia” que tanto presume Omar García (a) El Batman, tenía como desapercibido todo lo que ha sucedido en Sinaloa desde que AMLO empoderó a Los Chapitos? Esas omisiones bien pueden catalogarse como complicidad, ¿no cree usted? * * * Reciba mi reconocimiento por haber leído este Índice Político. Y como siempre, mis mejores deseos de que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

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