Procuraduría citó al superintendente de Vigilancia para rendir cuentas por infiltraciones criminales en empresas de seguridad: habrá mesa técnica Infobae
La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva ha convocado una mesa técnica para el próximo viernes 8 de mayo de 2026, a las 2:30 p. m., en la que se espera la presencia de Larry Álvarez Morales, actual superintendente de Vigilancia.
El encuentro surge tras la revelación de la infiltración de grupos criminales en más de 30 empresas de seguridad privadas que estarían usando armamento legal para ejecución de crímenes, además de ser usadas como supuestas fachadas para lavar activos.
La sesión, de carácter preventivo y de seguimiento, involucra tanto a empresas del sector como a sus representantes. Además de revisar el avance en la desvinculación de compañías relacionadas con actividades ilícitas, el propósito es escuchar a la Supervigilancia sobre el estado actual de los trámites y servicios bajo su responsabilidad.
“La presente convocatoria se fundamenta en el seguimiento permanente adelantado por esta delegada durante el segundo semestre de 2025 y lo corrido del año 2026, el cual ha comprendido la revisión de información suministrada por la entidad, la realización de visitas administrativas, la formulación de requerimientos de información”, se lee en la citación conocida por Caracol Radio.
Durante la reunión se pretende identificar obstáculos administrativos y operativos que puedan estar afectando el funcionamiento de las empresas de seguridad. La Procuraduría busca que se propongan alternativas para mejorar procesos y optimizar la labor de supervisión.
En el marco de este proceso, el Ministerio Público recomendó que la Superintendencia acuda con información consolidada y verificable sobre los trámites en curso, tiempos de respuesta y medidas adoptadas para descongestionar la gestión, así como los logros en la implementación de soluciones tecnológicas.
En respuesta a recientes denuncias, la Superintendencia de Vigilancia está en proceso de retiro de la licencia de operación a 31 empresas tras detectar indicios de que estaban siendo utilizadas para encubrir actividades delictivas.
La convocatoria de la mesa técnica es resultado del seguimiento realizado por la Procuraduría desde el segundo semestre de 2025 y lo que va de 2026. En este periodo, la entidad ha revisado información suministrada por la Superintendencia, realizado visitas administrativas y formulado diversos requerimientos de información.
De este modo, las autoridades buscan fortalecer la vigilancia sobre el sector y cerrar las brechas que permiten la infiltración de organizaciones criminales en empresas de vigilancia, garantizando mayor transparencia y seguridad en las operaciones del sector privado.
“Con el fin de optimizar el desarrollo de la sesión, se sugiere a la Superintendencia asistir con información consolidada, actualizada y verificable, relacionada, entre otros aspectos, con el estado actual de los trámites en curso, los tiempos de respuesta, las medidas adoptadas para la descongestión y los avances en la implementación de soluciones tecnológicas”, señaló el Ministerio Público.
Las advertencias de la Supervigilancia sobre supuestas infiltraciones a empresas de seguridad
Apenas el 14 de abril, la Superintendencia de Vigilancia advirtió que un total de 31 empresas de seguridad privada han visto suspendidas sus licencias de funcionamiento tras ser detectadas como posibles facilitadoras de actividades ilícitas mediante la infiltración de estructuras criminales.
La medida representa una respuesta institucional ante un fenómeno de desvío sistemático de compañías legalmente constituidas, cuyas consecuencias podrían impactar tanto la seguridad pública como la confianza en un sector que emplea a más de 360.000 familias en Colombia.
De acuerdo con la explicación del superintendente Larry Álvarez Morales, la intervención surge de investigaciones judiciales que han puesto en evidencia el uso irregular de armas autorizadas por parte de estas empresas.
Uno de los hallazgos más graves, según Álvarez Morales, apunta a que algunas de las armas en poder de compañías de vigilancia habrían sido empleadas en delitos, lo que ha elevado la alerta sobre el control del armamento legal en manos privadas.
El funcionario precisó que se han aplicado sanciones a empresas en distintas regiones, destacando los casos de Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda. en la ciudad de Barranquilla, cuyas licencias fueron canceladas en fallos de primera instancia.
Paralelamente, al menos ocho compañías adicionales permanecen bajo investigación y podrían enfrentar sanciones similares, lo que revela que la magnitud de la problemática puede ser aún mayor a lo inicialmente identificado.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada explicó que el esquema detectado no constituye hechos aislados. Las pesquisas han identificado un patrón en el que empresas formalmente registradas desvían sus licencias para prestar personal, servicios o recursos a organizaciones de carácter criminal, y en ocasiones facilitan actividades asociadas a lavado de activos y financiación de economías ilegales.
Álvarez Morales subrayó que el Estado se mantiene intransigente ante cualquier regularidad, aunque reconoció que “la mayoría de las empresas de vigilancia privada en Colombia operan dentro de la legalidad y cumplen un papel fundamental en la seguridad del país”. No obstante, enfatizó que “cualquier empresa que incumpla la ley o que sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional”.
