Nuevos diputados en Costa Rica arrancan funciones este 01 de mayo: directorio legislativo es 100% oficialista Infobae
La Asamblea Legislativa de Costa Rica inició el período 2026-2030 con la elección de Yara Jiménez Fallas como nueva presidenta del Congreso, tras una votación en la que la bancada del Partido Pueblo Soberano consolidó su dominio con 31 votos frente a los 26 obtenidos por la candidata de oposición, Diana Murillo Murillo. Este resultado refleja la correlación de fuerzas que marcará la agenda legislativa, anticipando una dinámica de mayorías claras en las decisiones clave, en medio de fragmentación política y una agenda multipartidista.
En el mismo proceso, la oficialista Esmeralda Britton González fue elegida vicepresidenta con el respaldo unánime de su bancada. Britton, con más de 40 años de experiencia en tecnologías de la información, gestión pública y transformación digital, presidió la Junta de Protección Social (JPS) entre 2018 y 2025, donde destinó recursos a más de 450 organizaciones y 500 programas sociales, según información de Teletica.com. Además, la fracción oficialista destacó su experiencia como ministra de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, así como su papel en la digitalización de la lotería y en la lucha contra el crimen organizado relacionado con el juego ilegal.
El Partido Pueblo Soberano ocupa la presidencia y la mayoría del Directorio Legislativo
La votación confirmó la hegemonía del Partido Pueblo Soberano no solo en la presidencia del Congreso, sino también en los principales cargos del Directorio Legislativo. Gerald Bogantes Rivera y Reynaldo Arias Mora, ambos oficialistas, fueron electos como primer y segundo secretario, cada uno con los 31 votos de la mayoría oficialista, desplazando las postulaciones de la oposición.
Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción oficialista, sostuvo que Jiménez Fallas cuenta con “experiencia en el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas y la Tesorería Nacional”, además de haber ocupado cargos en despachos ministeriales y en la secretaría general del Consejo de Gobierno bajo la administración de Rodrigo Chaves.
Jiménez Fallas es la quinta mujer en la historia de Costa Rica en presidir el Congreso, sumándose a Rosemary Karpinsky (1986-1987), Rina Contreras (2000-2001), Carolina Hidalgo (2018-2019) y Silvia Hernández (2021-2022). El Congreso actual es el más paritario en 205 años de historia, con la integración de 30 diputadas.
Gerald Bogantes Rivera, licenciado y máster en Derecho, fue director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y asesor legislativo. Por su parte, Reynaldo Arias Mora, con más de 26 años de trayectoria como abogado y notario, mantiene un vínculo destacado con el desarrollo municipal y comercial de Limón.
El bloque de oposición firmó una agenda común y mantuvo la exclusión de reformas que afecten derechos fundamentales
Frente a la mayoría oficialista, 26 diputaciones de los partidos Liberación Nacional, Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana suscribieron la mañana de este 1 de mayo un pacto legislativo enfocado en promover diálogo, articulación y responsabilidad política en un contexto de alta polarización del debate público.
Entre los principales puntos del acuerdo figuran la defensa del Estado social de derecho, la independencia de los poderes, la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos humanos. El compromiso incluye fortalecer la educación pública, la salud y la transparencia institucional, así como inmovilizar capitales del crimen organizado mediante la extinción de dominio y reformas a los sistemas judicial y penitenciario.
Claudia Dobles Camargo, jefa de fracción de Agenda Ciudadana, explicó a medios nacionales: “La ciudadanía no quiere confrontación permanente, sino soluciones”, resaltando que la alianza opositora surge de la necesidad de consensos en un electorado dividido. A su vez, Abril Gordienko López, jefa del PUSC, afirmó: “Costa Rica necesita una Asamblea Legislativa que actúe con responsabilidad, respeto y visión de largo plazo para el país”.
El acuerdo establece una hoja de ruta para el periodo 2026-2030 en siete ejes: democracia, seguridad y justicia, desarrollo social, desarrollo económico y competitividad, transparencia y probidad, así como funcionamiento parlamentario.
Limitaciones a las reformas constitucionales y defensa de los contrapesos institucionales
El bloque opositor impuso límites explícitos a la acción política conjunta. Durante una conferencia previa a la elección del Directorio Legislativo, los líderes opositores advirtieron, que no avalarán reformas constitucionales que impliquen recortes de derechos, reducción de garantías sociales ni cambios en el equilibrio de poderes. También rechazarán propuestas que debiliten la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones.
El acuerdo incluye el rechazo a la concentración de poder en el Ejecutivo y a todo debilitamiento de organismos de control. La agenda opositora mantiene el compromiso con la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en el sistema democrático.
En materia de políticas públicas, el pacto prioriza alcanzar una inversión en educación equivalente al 8% del producto interno bruto y reforzar la Caja Costarricense de Seguro Social. En el eje ambiental, las bancadas opositoras analizarán alternativas para hacer frente a la crisis derivada del proyecto minero Crucitas en Cutris de San Carlos.
Entre las propuestas, destaca una ley para sancionar a diputados que incumplan con la probidad y la regulación del lobby parlamentario.
Jornada legislativa marcada por movilizaciones sociales y consignas de trabajadores
Mientras se conformaba el nuevo Congreso, miles de ciudadanos participaron en la tradicional marcha del Día Internacional de los Trabajadores en San José. El recorrido, desde el parque de La Merced hasta la Plaza de la Democracia, reunió a sindicatos, estudiantes, pensionados y representantes de partidos políticos que exigieron mejoras en educación, salud y seguridad, así como incrementos salariales, defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y descongelamiento de las pensiones del magisterio, según reportó Teletica.com.
