Día del Niño en México y la deuda pendiente con la infancia MPV

Cada 30 de abril, México celebra a sus niños entre risas, regalos y actividades escolares, pero detrás de la festividad persiste una realidad compleja que obliga a mirar más allá del festejo.

El Día del Niño no siempre tuvo el significado que hoy se le atribuye. Su origen se remonta a 1924, cuando México adoptó la propuesta internacional impulsada tras la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, la verdad es que durante décadas esta conmemoración se limitó a un acto simbólico, más cercano a la celebración que a la reflexión. Fue hasta finales del siglo XX y principios del XXI cuando el país comenzó a construir un andamiaje legal más sólido en torno a la protección de la infancia.

Un punto de inflexión ocurrió en 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que incorporó el principio del interés superior de la niñez como eje rector en todas las decisiones del Estado. Este cambio no fue menor. A partir de entonces, cualquier política pública, ley o acción gubernamental debía considerar prioritariamente el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Además, en 2014 se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un instrumento que buscó aterrizar en la práctica los compromisos internacionales asumidos por México. Según el propio documento, se reconoce a los menores como sujetos de derechos y no como simples objetos de protección. Este matiz, aunque pueda parecer técnico, marcó una diferencia profunda en la forma de entender la infancia.

De acuerdo con datos de UNICEF México, “el país ha avanzado en la creación de marcos normativos, pero aún enfrenta desafíos significativos en su implementación”. Y es que, en efecto, la distancia entre la ley y la realidad sigue siendo evidente.

Por ejemplo, el trabajo infantil continúa siendo una problemática persistente. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que millones de menores aún participan en actividades económicas, muchas veces en condiciones precarias. Es una cifra que incomoda, que cuestiona, y que revela que la protección legal no siempre logra permear en la vida cotidiana.

La educación, otro de los pilares fundamentales, también refleja contrastes. Si bien la cobertura escolar ha aumentado, la calidad y permanencia siguen siendo retos, especialmente en comunidades rurales e indígenas. Según informes de la Secretaría de Educación Pública, la deserción escolar se mantiene como un problema estructural vinculado a la pobreza y la desigualdad.

Y es que hablar de derechos de la infancia en México implica necesariamente hablar de desigualdad. No es lo mismo crecer en una zona urbana con acceso a servicios básicos que en una comunidad marginada. Esta brecha condiciona el ejercicio real de derechos como la salud, la educación o la alimentación.

A ello se suma un tema particularmente delicado: la violencia contra menores. Diversos informes de organizaciones civiles han documentado que miles de niños son víctimas de violencia física, psicológica o sexual cada año. “La violencia sigue siendo una de las principales amenazas para el desarrollo infantil”, advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Esta afirmación, lejos de ser alarmista, refleja una realidad que muchas veces permanece invisibilizada.

Sin embargo, no todo es retroceso. En los últimos años, México ha impulsado programas sociales enfocados en la infancia, así como sistemas de protección integral que buscan coordinar esfuerzos entre instituciones. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), por ejemplo, representa un intento por articular políticas públicas de manera transversal.

Pero la pregunta persiste: ¿es suficiente? La respuesta, aunque incómoda, parece inclinarse hacia un no. Porque mientras existan niños trabajando en las calles, abandonando la escuela o creciendo en entornos violentos, el marco legal seguirá siendo insuficiente en la práctica.

El Día del Niño, entonces, adquiere un nuevo significado. Más allá de los dulces y los festivales, se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha logrado y, sobre todo, sobre lo que aún falta por hacer. Es un recordatorio de que los derechos no se celebran, se garantizan.

Y es que, al final del día, la forma en que un país trata a su infancia dice mucho de su presente, pero aún más de su futuro.