Declaración patrimonial 2026: quiénes deben realizarla y de cuánto es la sanción por no hacerla Infobae
La declaración patrimonial 2026 en México es obligatoria para todas las personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, incluidos quienes trabajan en poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, órganos autónomos y empresas productivas del Estado.
Esta exigencia está fundamentada en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El trámite debe realizarse durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2026 a través de la plataforma Declaranet.
La omisión en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa. Las sanciones previstas van desde la suspensión, destitución hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Además, pueden imponerse multas económicas que, según el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, oscilan entre 2,050 y 50,710 pesos por obligación no cumplida, y entre 19,460 y 38,890 pesos si la omisión es por no declarar por medios electrónicos o por información incompleta.
Quiénes deben presentar la declaración patrimonial y de intereses en México
La obligación recae sobre las y los servidores públicos de todos los niveles, incluyendo personal de nuevo ingreso, quienes permanecen en funciones y quienes concluyen su encargo.
El objetivo es que el órgano Interno de Control pueda verificar la congruencia entre ingresos, egresos y bienes reportados para prevenir delitos como el enriquecimiento ilícito.
No solo los altos funcionarios están obligados: toda persona que perciba un salario del Estado debe cumplir con este requisito, sin importar su jerarquía.
La declaración debe contener información sobre bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, ingresos de la pareja y dependientes económicos, así como la relación con empresas o fideicomisos.
Fechas, procedimientos y sanciones por no cumplir
La presentación se realiza en línea mediante Declaranet, del 1 al 31 de mayo. La autoridad advierte que hacerlo en una plataforma equivocada puede ser considerado omisión.
Si un servidor público no presenta su declaración patrimonial, el procedimiento inicia con un requerimiento formal; si persiste la falta, se aplica la sanción correspondiente.
Multas y sanciones por no presentar la declaración patrimonial 2026 en México
Las consecuencias por incumplir con la declaración patrimonial y de intereses incluyen medidas administrativas y económicas. Según la ley y disposiciones fiscales vigentes, las sanciones son las siguientes:
- Suspensión temporal del cargo público.
- Destitución definitiva del puesto.
- Inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
- Multas económicas:
- Por no presentar la declaración: entre 2,050 y 50,710 pesos .
- Por omitir la declaración a través de medios electrónicos o por información incompleta: entre 19,460 y 38,890 pesos .
- Prohibición para participar en nuevos procesos de selección para cargos públicos, hasta que se regularice la situación.
- Pago de impuestos omitidos, actualizaciones y recargos, en caso de que la falta se relacione con ingresos no declarados.
Estas medidas buscan asegurar la transparencia y el control sobre la función pública.
controversia sobre la obligación de declaración patrimonial para agentes aduanales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si los agentes aduanales deben cumplir con la declaración patrimonial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La reforma a la Ley Aduanera, aprobada en noviembre pasado, impuso a estos auxiliares del gobierno controles de rendición de cuentas similares a los de los servidores públicos.
La nueva obligación ha generado una ola de amparos en todo el país. Solo en la Ciudad de México se tramitan al menos cuarenta recursos promovidos por agentes aduanales o empresas que los emplean, mientras que otros casos se encuentran en diferentes estados.
La discusión jurídica se centra en que los agentes aduanales no son servidores públicos, sino personas físicas con patente para desahogar trámites de importación y exportación.
Sin embargo, la reforma los obliga a declarar su evolución patrimonial cada marzo. Algunos tribunales han sostenido que esta exigencia carece de base constitucional, mientras que otros consideran que su función estratégica justifica la medida.
El SAT ya presentó el caso ante la SCJN, que inició el trámite para emitir jurisprudencia definitiva el 20 de abril de 2026.
Además de la declaración patrimonial, la reforma exige a los agentes integrar expedientes detallados sobre sus clientes y asumir responsabilidades adicionales, como la responsabilidad solidaria por impuestos omitidos.
