EE.UU. podría poner en la mira próximamente a políticos mexicanos en una campaña anticorrupción | Reportaje Editorial Aristegui Noticias
Por Steve Fisher / Los Angeles Times y Puente News Collaborative*
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, viajó la semana pasada al noroeste del estado de Sinaloa para lo que parecía una ceremonia rutinaria: la colocación de la primera piedra de una fábrica cerca de la ciudad de Los Mochis.
Pero sus comentarios forman parte de una agenda más amplia y provocadora, según fuentes familiarizadas con la relación bilateral. Según las fuentes, estos actos marcan el inicio de una amplia campaña anticorrupción del gobierno de Trump contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.
Esta ofensiva podría sacudir las relaciones bilaterales en un momento crucial, justo cuando negociadores estadounidenses, mexicanos y canadienses se reúnen para revisar el tratado de libre comercio de América del Norte, pilar fundamental de la economía mexicana, dependiente de las exportaciones.
El evento del jueves pasado celebró la construcción de una planta de metanol de mil millones de dólares, una de las mayores inversiones privadas estadounidenses en México en la historia reciente.
Dirigiéndose a ejecutivos de la empresa, inversionistas y funcionarios estatales en la ciudad costera de Los Mochis, Johnson comenzó su discurso elogiando el proyecto y destacando la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y México.
“El proyecto Pacífico Mexinol representa una inversión de 3,300 millones de dólares durante su construcción y desarrollo”, afirmó Johnson. “Se convertirá en la planta de metanol de ultrabajas emisiones más grande del mundo”.
Pero entonces Johnson cambió de tema y abordó la corrupción, un asunto delicado en México.
Foto: Archivo Cuartoscuro
“La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas”, afirmó Johnson. “Y es un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”.
El embajador lanzó entonces un mensaje nada sutil: México necesita hacer algo frente a su epidemia de corrupción en el gobierno —desde policías de calle hasta alcaldes y gobernadores, pasando por legisladores federales, todos en las nóminas de los cárteles— si sus líderes quieren asegurar la estabilidad financiera de un país de 133 millones de habitantes. Dejó claro que Estados Unidos perseguiría a los políticos mexicanos presuntamente corruptos.
“La inversión es como el agua”, dijo Johnson. “Fluye cuando las condiciones son favorables y se seca cuando no lo son”.
El pacto comercial entre Estados Unidos y México “exige que nuestros gobiernos tipifiquen como delito el soborno y la corrupción, y que hagan cumplir los códigos de conducta de los funcionarios públicos”, señaló el embajador al concluir su intervención. “Pronto podríamos ver acciones significativas en este sentido. Así que, estén atentos”.
Estas contundentes declaraciones reflejaron la magnitud de la iniciativa anticorrupción. Se espera que la campaña vaya mucho más allá de la sanción tradicional: la cancelación de visas para quienes se sospecha que están vinculados con cárteles.
En esta ocasión, la ofensiva podría incluir la acusación formal de políticos mexicanos ante tribunales federales estadounidenses, incluidos miembros del gobernante partido Morena, un movimiento político fundado en una plataforma de “cero corrupción”. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos.
Las respuestas oficiales a las declaraciones de Johnson fueron discretas.
Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Johnson el viernes en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se rió.
Foto: Archivo Cuartoscuro
“Eso es precisamente en lo que estamos trabajando”, dijo, refiriéndose a las directrices anticorrupción del embajador. “Estados Unidos debería hacer lo mismo”.
Los fiscales estadounidenses que lleven a cabo una iniciativa de este tipo podrían recurrir a una amplia red de informantes potenciales.
Decenas de exmiembros de cárteles, incluidos los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, legendario fundador del cártel de Sinaloa, permanecen detenidos en Estados Unidos. Se cree que muchos están deseosos de convertirse en informantes contra sus antiguos cómplices, incluidos políticos y policías corruptos.
Para transmitir su mensaje, Johnson eligió el estado de Sinaloa, base del cártel de Sinaloa, uno de los conglomerados de narcotráfico más notorios del mundo.
Al igual que otros sindicatos del crimen, el cártel ha alimentado durante mucho tiempo la corrupción con sobornos. Cientos, quizás miles, de políticos y agentes de la ley están a sueldo del cártel, según los expertos.
El mensaje de que Washington ya no tolerará el statu quo fue una clara advertencia para Sheinbaum, académica de larga trayectoria y científica formada en Estados Unidos, quien, según todos los indicios, está libre de toda sospecha de corrupción. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su dominante bloque Morena, tanto en Sinaloa como en todo el país.
Sheinbaum, conocida por su habilidad para manejar a Trump, debe encontrar el equilibrio entre complacerlo y resistir la presión de su base política morenista, especialmente si políticos prominentes se ven envueltos en la vorágine anticorrupción impulsada por Estados Unidos.
El Departamento de Estado ya ha revocado las visas de varios legisladores morenistas, incluida la de la gobernadora de Baja California.
Según las fuentes, entre los que han visto revocada su visa estadounidense se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un incondicional morenista que ha negado repetidamente sus vínculos con los cárteles. Su visa fue cancelada el año pasado.
El gobernador septuagenario ha logrado sobrevivir a diversos escándalos políticos, señalan observadores mexicanos, por un factor clave: su larga amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, predecesor y mentor de Sheinbaum.
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Rocha Moya es uno de los muchos políticos de alto rango que se consideran protegidos por sus vínculos con López Obrador.
Entre las principales amenazas a la supervivencia política de Rocha Moya figuró la indignación por la muerte a tiros en 2024 de quien fuera su principal rival político, Héctor Melesio Cuén Ojeda, exlegislador y exrector universitario.
El crimen sigue sin resolverse. La fiscalía federal mexicana concluyó que la investigación estatal sobre el tiroteo fue una farsa. Entre las inconsistencias, según la fiscalía: los investigadores estatales montaron un video falso para ocultar dónde, cuándo y cómo fue asesinada la víctima.
El escándalo resultante forzó la renuncia de la fiscal general de Sinaloa. Sin embargo, Rocha Moya, su superior, permaneció en el cargo a pesar de los llamados a su renuncia. Negó cualquier vínculo con la muerte de Cuén Ojeda.
El pasado jueves, Rocha Moya tenía previsto pronunciar un discurso junto al embajador de Estados Unidos en el acto de colocación de la primera piedra.
Pero antes de que Johnson pudiera llegar, manifestantes irrumpieron en el lugar y denunciaron como “corrupto” al gobernador, quien ya había llegado.
“Estoy de su lado”, aseguró Rocha Moya a los manifestantes, añadiendo que se quedaría a hablar con ellos en lugar de asistir a la ceremonia, que se trasladó debido a la protesta.
Para la ceremonia se utilizó una sala de conferencias de un hotel en Los Mochis, preparada a toda prisa. Allí, Johnson pronunció su breve discurso, hablando en español e inglés.
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* Este artículo fue publicado el pasado 26 de abril por Los Angeles Times en colaboración con Puente News Collaborative, un medio bilingüe sin fines de lucro que cubre noticias de México y la frontera entre Estados Unidos y México. Fisher es corresponsal especial. Patrick J. McDonnell, redactor del Los Angeles Times, contribuyó a este reportaje. Aristegui Noticias lo publica con la autorización del autor.
