Cinco muertos en el VRAEM: revelan el testimonio de un sobreviviente tras el operativo militar Infobae
Una declaración tomada a uno de los jóvenes sobrevivientes del operativo militar en Huancavelica revela que supuestamente fue contratado para cargar droga la madrugada en que cinco personas murieron y dos resultaron heridas en el distrito de Colcabamba, en el VRAEM, una zona marcada por el narcotráfico y el conflicto.
Ricardo Jampier Acuña Quispe afirmó ante las autoridades que, junto a un grupo de aproximadamente cincuenta personas, transportó trece kilos de droga en una mochila a través de rutas agrestes hasta abordar una camioneta, donde también viajaba su primo, Eber Soto Quispe, una de las víctimas fatales de la intervención. No obstante, las condiciones en las que brindó estas declaraciones son puestas en tela de juicio por la defensa legal de las víctimas.
El operativo militar, realizado el pasado 25 de abril en la región de Huancavelica, se enmarcó en acciones de control en áreas consideradas de alto riesgo por actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con la declaración, Acuña Quispe relató que la convocatoria para el traslado se hizo la tarde del 22 de abril, y que la caminata se extendió durante dos días hasta llegar a un punto de encuentro donde recibió el pago de 1.300 soles.
“Nos contrataron para cargar droga. éramos como 50 personas. Nos convocaron el día miércoles en la tarde. Comenzamos a caminar por dos días. Yo he cargado trece kilos de droga en una mochila de costal”, indicó Acuña en su testimonio.
Durante el trayecto, el joven confirmó la presencia de dos hombres armados –uno portaba un arma larga de color negro y el otro una pistola–, aunque negó haber portado armas. El grupo abordó una camioneta rumbo a Colcabamba. En la madrugada, divisaron personal uniformado en la carretera y, según la versión de Acuña, el conductor aceleró, lo que desencadenó disparos desde el contingente militar.
La versión
El parte policial señala que el operativo derivó en un enfrentamiento armado entre efectivos militares y presuntos delincuentes. No obstante, la defensa legal de los familiares de las víctimas cuestionan el relato y el contenido del acta de entrevista a Acuña.
El abogado de los deudos calificó la confesión como “un invento por parte del Ejército, para justificar esta intervención arbitraria e ilegal en donde han matado a cinco peruanos”.
Según el documento fiscal al que accedió ATV, el día del operativo un contingente del ejército recibió información de inteligencia sobre una camioneta gris que transportaría droga por una ruta dominada por el narcotráfico, con al menos cincuenta personas trasladando el ilícito en mochilas. Sin embargo, en la escena no se hallaron ni drogas ni armas, y los familiares de los fallecidos aseguran que eran jóvenes que regresaban de un partido de fútbol.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que uno de los abatidos era de nacionalidad colombiana y tenía antecedentes internacionales por tráfico de armas. El extranjero se hallaba en el país de manera ilegal, tras haber ingresado de forma irregular, según indicó la autoridad policial.
Dudas y exigencias de justicia
La intervención dejó cinco muertos, dos heridos y desencadenó la detención de ocho militares por disposición de la fiscalía, bajo cargos de presunto homicidio calificado. Los dos sobrevivientes, entre ellos Ricardo Acuña, son investigados por tráfico ilícito de drogas, de acuerdo con ATV.
El abogado de las familias cuestionó la ausencia de la policía antidrogas durante el operativo y la presunta presión ejercida sobre el testigo, quien habría declarado sin la presencia de su defensor y en un entorno dominado por militares armados.
El testimonio directo de los familiares sostiene que las víctimas no eran narcotraficantes, sino jóvenes trabajadores de la zona. “Prácticamente él mantenía a sus papás, entonces que se haga justicia”, expresó uno de los allegados a ATV. En el informe, también se detalla que la mayoría de los cuerpos presentaba más de dos impactos de bala y que algunos fallecidos resultaron irreconocibles por los disparos en la cabeza.
El proceso judicial
El Ministerio Público ordenó la liberación de los ocho militares y tres civiles implicados en el operativo, según informó Perú21. La disposición fiscal señaló que, por el momento, no existen elementos suficientes para establecer responsabilidades individuales, ya que aún faltan pericias balísticas y diligencias técnicas clave, como la homologación de armas y casquillos, así como la inspección técnica del vehículo intervenido.
La fiscalía también cuestionó la entrega incompleta y fuera de plazo de información policial relevante para la investigación. De acuerdo con el expediente, la versión inicial recogida sugería que la patrulla militar fue atacada desde el vehículo, pero posteriores testimonios apuntan a un ataque unidireccional contra civiles desarmados. Tampoco se encontraron armas ni sustancias ilícitas en la camioneta.
En paralelo, representantes de comunidades campesinas de Huancavelica acudieron al Congreso para exigir justicia y transparencia en el proceso. Denunciaron que los familiares de las víctimas, en su mayoría quechuahablantes, enfrentan obstáculos para acceder a información clara sobre el desarrollo del caso.
Los investigados deberán cumplir medidas restrictivas mientras avanzan las pesquisas judiciales, incluyendo presentarse ante las citaciones del Ministerio Público, mantener su domicilio y abstenerse de nuevos hechos ilícitos.
