Niños desprotegidos Sol Yucatán
*Graves denuncias contra el Prodennay y DIF exhiben fallas en protección infantil.
Redacción/Sol Yucatán
En Yucatán, donde el discurso oficial insiste en presumir sensibilidad social, la realidad comienza a desmoronar esa narrativa. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), encargada de salvaguardar a uno de los sectores más vulnerables, se encuentra envuelta en señalamientos, inestabilidad interna y denuncias que exhiben una crisis profunda… mientras, en paralelo, otras instancias como el DIF estatal son señaladas por moverse entre privilegios y excesos.
El contraste no es menor. Por un lado, una institución debilitada, rebasada y, según testimonios, incluso infiltrada por intereses ajenos a su misión; por el otro, una estructura que presume recursos, logística y condiciones que poco reflejan la urgencia social que se vive en la atención a la infancia.
Las alertas no son nuevas. Desde 2025, la abogada y activista Dariana Quintal ha denunciado públicamente presuntas irregularidades graves dentro de la Prodennay. Entre ellas, separaciones arbitrarias de menores de sus familias —en ocasiones basadas únicamente en denuncias anónimas— y sin garantizar a padres o tutores el derecho de defensa.
Pero lo más delicado va más allá de lo administrativo. Testimonios de menores bajo resguardo del Estado han señalado presuntos casos de maltrato físico, encierros, abuso psicológico e incluso agresiones sexuales dentro de espacios como el ex albergue CAIMEDE. Según las denuncias, existirían carpetas de investigación que documentan estos hechos, sin que hasta ahora se haya dado una respuesta contundente.
La acusación es aún más grave: niños y adolescentes que no son huérfanos permanecerían bajo tutela estatal durante años, pese a contar con familiares, lo que abre la puerta —según la activista— a posibles esquemas de adopciones irregulares e incluso redes de trata.
A este panorama se suma la inestabilidad institucional. En lo que va de la actual administración, la Prodennay ha tenido múltiples cambios en su titularidad, reflejando una falta de rumbo en una dependencia que debería ser sólida y confiable.
Como si no fuera suficiente, el nombramiento del actual procurador, Francisco Javier Mendoza Aguilar, también ha generado controversia. Su historial lo vincula con etapas marcadas por presuntas irregularidades dentro del sistema de justicia estatal en administraciones pasadas, lo que ha encendido aún más las críticas sobre la idoneidad de su designación.
Todo esto ocurre bajo la sombra de un gobierno emanado de Morena que prometió combatir la corrupción y poner en el centro a los más vulnerables. Sin embargo, los hechos apuntan a una realidad distinta: una institución clave para la protección de la infancia envuelta en señalamientos, mientras otras áreas del aparato estatal son cuestionadas por el uso de recursos en lujos, vehículos y estilos de vida alejados de la austeridad prometida.
¿dónde están las prioridades?
Porque mientras en oficinas se acumulan denuncias, cambios de mando y silencios oficiales, afuera hay niñas, niños y adolescentes que siguen esperando lo más básico: protección real.
En Yucatán, la infancia no puede ser rehén de la simulación. Cada día que pasa sin respuestas claras no es solo un asunto político… es una deuda que se sigue acumulando con quienes menos pueden defenderse.
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