INE. Captura en marcha La Aurora de México
La reciente designación de consejerías del Instituto Nacional Electoral no solo dejó un árbitro debilitado. Dejó un árbitro cuestionado desde su origen, con una legitimidad comprometida y, sobre todo, con señales preocupantes de una captura institucional en curso.
La conducción de las sesiones del Consejo General ha sido errática, desordenada y, en momentos, impropia de un órgano constitucional autónomo. La deliberación colegiada -pilar del modelo electoral mexicano- se ha debilitado entre ausencias, tensiones abiertas y decisiones que no siempre parecen surgir de un debate técnico sólido.
El problema no es de forma. Es de fondo. Porque cuando el órgano que debe arbitrar las elecciones pierde cohesión interna y deteriora sus procesos de decisión, lo que se erosiona es su capacidad misma de actuar como garante de certeza.
La señal más preocupante llegó de inmediato. Sin que terminara de asentarse la nueva integración, la presidencia del instituto realizó movimientos en posiciones directivas de primer nivel, mediante designaciones unilaterales, con procedimientos cuestionados y perfiles que han sido señalados por su cercanía política y por dudas sobre el cumplimiento de requisitos técnicos.
No es un episodio aislado. Es un patrón que, sumado a la integración reciente del Consejo General, ha alimentado una percepción cada vez más extendida: la configuración de un bloque mayoritario con afinidades políticas claras al interior del instituto.
Cuando la mayoría de sus integrantes es percibida, con razón o sin ella, como cercana al proyecto en el poder, la discusión deja de ser técnica. Se vuelve institucional.
A ello se suma otro elemento que comienza a delinearse en los hechos: un reacomodo interno en las relaciones de poder. La exclusión de perfiles asociados a la propia presidencia del instituto en la integración final de las consejerías, así como decisiones recientes en el ámbito administrativo, sugieren que la interlocución política no necesariamente pasa ya por los mejores momentos.
Sin necesidad de afirmaciones categóricas, lo que se percibe es un ajuste: una lógica de control más directa, donde el margen de autonomía no solo se reduce frente al poder político, sino también al interior del propio instituto.
El equilibrio interno está en riesgo. Y con él, la credibilidad del árbitro.
A esto se suma un elemento particularmente delicado: la incorporación de perfiles que, hasta hace muy poco, participaron en litigios, representaciones o procesos políticos directamente vinculados con actores del poder. El tránsito inmediato de esas funciones a una posición arbitral no es ilegal, pero sí plantea un problema evidente de percepción. Y en materia electoral, la percepción es sustancia.
El contexto normativo agrava aún más el escenario. Más allá de las reformas constitucionales recientes, el marco legal permite modificar las leyes reglamentarias en materia electoral, hasta 90 días antes del inicio del proceso. Ese margen está abierto, y todo indica que será utilizado.
En ese espacio pueden redefinirse aspectos centrales del modelo electoral: la estructura del instituto, el alcance del servicio profesional, el funcionamiento de los organismos locales, la fiscalización y las reglas del juego electoral.
Hacerlo con un árbitro debilitado, dividido internamente y bajo cuestionamiento no es una reforma. Es una reconfiguración de poder.
México enfrenta, así, un momento crítico, porque cuando el árbitro se percibe alineado, la elección deja de ser un ejercicio de certeza. Se convierte en un proceso cuestionado desde su origen.
Y cuando la legitimidad entra en duda, la democracia (o lo que queda), entra en riesgo.
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