Alejandra Gutiérrez y la operación naranja desde adentro Periódico Correo

1.- Alejandra Gutiérrez y la operación naranja desde adentro

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dejó de disimular. Lo que durante meses fue cálculo político, ya comienza a traducirse en movimientos concretos dentro de su propio gobierno y la operación a favor de Movimiento Ciudadano está por ponerse en marcha.

Fuentes dentro de la administración municipal sostienen que la alcaldesa busca incorporar a Martha Verónica Velázquez Castro. Fue directora de Desarrollo Social con Héctor López Santillana, después migró al Partido Verde, compitió bajo la alianza con Morena y el PT por una diputación, aterrizó fugazmente en enero pasado en el gobierno morenista de Celaya.

El encargo —según lo que ya se comenta en pasillos de la presidencia— es claro: comenzar a tejer el traslado de estructuras panistas hacia Movimiento Ciudadano. Una operación que llevaría a la utilización del aparato municipal —recursos públicos, programas, plataformas— en favor del nuevo proyecto político de Gutiérrez Campos.

Ahí está el quiebre. Porque mientras hacia afuera la alcaldesa se asumía como una voz crítica dentro del PAN, hacia adentro ya movía piezas para otro tablero. Fue una traición silenciosa. Los viajes a Guadalajara y Monterrey, por ejemplo, bajo el pretexto de revisar modelos de movilidad, pero con acercamientos con figuras clave del partido naranja, como Samuel García, eran amarres políticos.

Aislada, con frentes abiertos y cada vez más desconfiada de su propio círculo, Gutiérrez Campos comenzó a depurar. Uno de los movimientos más visibles es la salida de César Dávalos Muñoz de la Dirección de Modernización Administrativa de la Dirección de Desarrollo Institucional. Al interior del gobierno ya anticipan más salidas.

El punto de quiebre terminó de acelerarse cuando su delfín, Allan León Aguirre, se desplomó entre señalamientos de presunta corrupción. La alcaldesa optó por lo que ya venía preparando: brincar. A una semana de hacer efectiva su salida, el discurso de que no fue escuchada en el PAN se cae. La ruta ya estaba trazada desde mucho antes.

Por eso la pregunta que hoy se hacen dentro de su propio gobierno no es retórica: ¿quién traicionó a quién?

Porque mientras algunos aún creían que se trataba de una ruptura forzada, lo que empieza a quedar claro es que la decisión ya estaba tomada y con ella bajo el brazo, la alcaldesa intentó condicionar al PAN para imponer a su delfín.

Lo que viene parece ser una confrontación más abierta y directa con el PAN. Tal vez ahora sin máscaras.

2.- Pénjamo: la policía bajo sospecha

Este fin de semana, un nuevo operativo cayó sobre una corporación de seguridad municipal. En Pénjamo, ocho policías fueron detenidos en una acción conjunta de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fuerzas estatales y federales.

Las detenciones responden a presuntos nexos con actividades delictivas. También se les señala por el supuesto uso de armas oficiales en ataques a civiles, una línea que hasta ahora la Fiscalía no ha confirmado. A esto se suma su posible relación con la agresión del pasado 14 de abril contra agentes ministeriales, que dejó a cuatro elementos gravemente heridos.

Si las investigaciones se sostienen, lo que queda expuesto es el nivel de penetración del crimen organizado en la corporación de Pénjamo. Y no en el largo plazo, sino en cuestión de pocos años.

En el trienio pasado, la policía municipal era ejemplo estatal por resultados y detenciones relevantes. Con la llegada de Yozajamby Molina Balver, el deterioro fue evidente, primero la salida de mandos hacia las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, después un debilitamiento sostenido en su capacidad de reacción.

Ahora, la alcaldesa morenista intenta recomponer la estrategia de seguridad con la recontratación de Rodolfo Cruz Nicolás al frente de Seguridad Pública. Pero la violencia en Pénjamo ha crecido al mismo ritmo en que su policía se desfondó.

Con este caso, suman cuatro intervenciones ministeriales en corporaciones municipales bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado: Villagrán, Cortazar, Romita y Pénjamo. Lo inquietante no es que estos operativos sean un fenómeno “nuevo” de acción ministerial, sino la posibilidad de que durante años estos nexos fueran tolerados.

3.- Pocos, divididos y bajo presión

Hoy, el Comité Municipal del PAN en León recibe a la fracción panista del Ayuntamiento en su reunión informativa de los lunes.

Hasta ayer, los únicos confirmados eran el síndico Román Cifuentes Negrete y los regidores Ramón Hernández Hernández, Luz Karen Irazú Anguiano Gutiérrez y Javier González Saavedra. La ausencia prevista es Hildeberto Moreno Faba. Ya dijo que no se va del PAN, pero ha preferido medir cada palabra frente a la alcaldesa.

Tampoco estarán los regidores “ciudadanos” y que el jueves pasado anunciaron que mantendrán una relación institucional. La síndica María Esther Santos De Anda es quien sí ha puesto su crítica sobre la mesa y advirtió públicamente que no se hará de la vista gorda ante posibles irregularidades.

El encuentro lleva por título “Unidad, rumbo y responsabilidad: el PAN que sigue gobernando León”. Falta ver si los pocos ediles que asistirán mantienen la línea del jueves pasado que fue institucional y muy contenida. Con una excepción clara: Ramón Hernández Hernández, quien sí empujó una postura más crítica.

En contraste, Román Cifuentes Negrete, como coordinador de la fracción, ha optado por la tibieza. Sea por sus propios desencuentros con la dirigencia o por cálculo político, sus posicionamientos han quedado intrascendentes para el momento que vive el partido.

La prueba es hoy. Con la alcaldesa a punto de anunciar su salto a Movimiento Ciudadano, el panismo local enfrenta una disyuntiva: cerrar filas o confirmar que cada quien ya está jugando su propio partido. Un “sálvese quien pueda”.

Contra Retrato

Consuelo Cruz Galindo

Desde su llegada, la secretaria de Seguridad Ciudadana de Irapuato fijó como una prioridad el reducir la percepción de inseguridad. Era, dijo, el “sentir del pueblo”. Seis meses después el resultado va en sentido contrario.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI del primer trimestre de 2026, la percepción de inseguridad en Irapuato alcanzó el 92.1%. Un salto estadísticamente significativo que coloca al municipio en el primer lugar nacional.

Ante este escenario, Cruz Galindo ha planteado como explicación que el abatimiento de “El Mencho” detonó reacomodos internos en el crimen organizado, con una consecuente ola de violencia reflejada en homicidios dolosos.

La hipótesis no es descabellada. Casos como Puerto Vallarta, donde se vivió esta ola de violencia, muestran variaciones abruptas al pasar de 23% a 69.9% de población que se siente insegura.

Pero en Irapuato la historia es distinta, porque la percepción de inseguridad no se disparó desde niveles bajos, ya estaba instalada en rangos elevados. Por eso, atribuir el repunte únicamente a un factor externo resulta, cuando menos, insuficiente.

Hay otro elemento clave, y es que la ENSU se levanta durante la primera quincena de marzo. Es decir, no pudo incorporar el impacto en la opinión pública que tuvo el asesinato del titular de Japami, Roberto Castañeda Tejeda. Ese evento, por sí solo, habría elevado probablemente aún más la percepción.

A esto se suma un dato que complica el diagnóstico, y es que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan una disminución en delitos como el homicidio doloso durante el mismo periodo. Menos homicidios, pero más miedo.

La brecha entre datos y percepción no es nueva, pero en Irapuato se ha ensanchado. Y ahí está el verdadero reto para Cruz Galindo, porque esta percepción termina por restarle credibilidad a los resultados que pueda ofrecerle a los irapuatenses.