EU revocó la visa a Rubén Rocha Moya desde el año pasado, revela LA Times
La presión del gobierno de Estados Unidos sobre la clase política mexicana escaló a un nuevo nivel. De acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tiene revocada su visa desde el año pasado en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, en un contexto de creciente ofensiva anticorrupción impulsada desde Washington.
La información, basada en fuentes cercanas a la relación bilateral, coloca al mandatario estatal dentro de una lista más amplia de políticos mexicanos bajo la lupa de autoridades estadounidenses, en una estrategia que podría ir más allá de la cancelación de visas y derivar incluso en acusaciones formales ante tribunales federales de ese país.
Esta vez, señala el Times, la campaña podría incluir acusaciones a políticos mexicanos en cortes federales, “incluyendo miembros del partido gobernante, Morena”.
El medio estadounidense detalla que los fiscales encargados de llevar la iniciativa a la práctica podrían recurrir a informantes potenciales, y recuerda los casos de Joaquín y Ovidio, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes se encuentran detenidos en Chicago y firmaron acuerdos de culpabilidad.
Se cree, señala el Times, que muchos de estos detenidos mexicanos estarían ansiosos de convertirse en “delatores” de sus antiguos cómplices, entre los que se cree se encuentran políticos y policías corruptos.
El reporte describe a Rocha Moya como un actor político que ha resistido múltiples crisis, en parte gracias a su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mentor político del actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.
Entre los episodios más delicados figura el asesinato en 2024 de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector universitario y rival político del gobernador. El caso sigue sin resolverse y derivó en un escándalo mayor cuando la Fiscalía federal concluyó que la investigación estatal había sido manipulada, incluso con la fabricación de evidencia videográfica.
Pese a la renuncia de la fiscal estatal tras las irregularidades, Rocha Moya se mantuvo en el cargo, rechazando cualquier vínculo con el crimen.
La tensión se hizo visible durante la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a Los Mochis, donde participó en un evento de inversión energética que terminó marcado por protestas contra el gobernador.
Aunque Rocha Moya no coincidió finalmente con el diplomático debido a la irrupción de manifestantes que lo acusaron de corrupción, el mensaje de Washington fue directo.
En su discurso, Johnson advirtió que la corrupción “distorsiona el progreso” y representa un obstáculo para la inversión y el desarrollo económico. Pero más allá del tono diplomático, el embajador delineó una postura más agresiva: Estados Unidos está dispuesto a actuar contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados a redes criminales.
“Es posible que pronto veamos medidas significativas”, advirtió, en lo que fuentes interpretan como el inicio de una campaña sistemática contra políticos vinculados a cárteles.
El caso de Rocha Moya no sería aislado. Según el reporte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya ha revocado visas a otros integrantes del partido gobernante Morena, que coloca a la administración de Sheinbaum ante un dilema político: mantener la cohesión interna o responder a las exigencias de su principal socio comercial.
La ofensiva anticorrupción estadounidense ocurre en un momento clave, con la revisión del acuerdo comercial de América del Norte en puerta y con crecientes señales de que Washington buscará condicionar la estabilidad económica a acciones concretas contra la infiltración criminal en las estructuras de gobierno.
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