Proteges a tu hija y el sistema te encarcela Sol Yucatán

Por Ericka Contreras Pérez

Hay algo que no cuadra cuando una vive el derecho desde el otro lado, desde el lado de víctima. No es que no entendamos la importancia de la ley, pero cuando te toca atravesarla en carne propia, se vuelve evidente una fractura grave: la lógica jurídica y la lógica humana pocas veces coinciden.

En el papel todo suena perfecto. El derecho es ordenado, técnico, imparcial. Hay reglas, procedimientos, tiempos. Todo está bien acomodado. Pero en la vida real, cuando estás tratando de proteger a tus hijos y/o hijas, cuando tienes miedo, cuando hay antecedentes de violencia, te das cuenta de que haber denunciado y recurrir a autoridades abrió la puerta a otro tipo de violencias que hieren muchísimo, desgastan y cuestan no solo dinero, sino tiempo y muchos malestares.

Esta reflexión surge a partir de conocer el caso de Andrea, una madre en Yucatán que hoy no solo enfrenta un proceso legal, sino una batalla cotidiana por introducir sentido común en un sistema que, en ocasiones, parece haberlo extraviado. Su historia, documentada públicamente, es una muestra de lo que vivimos en medio de procesos familiares y penales.

Frente a señalamientos de violencia sexual contra una menor de edad, su hija mayor, que no es hija del agresor, Andrea hizo lo que se espera de cualquier ciudadana: denunció. Acudió a las autoridades, confió en las instituciones, siguió el camino legal. Sin embargo, en lugar de encontrar una respuesta integral, se topó con una estructura que divide los hechos como si pudieran aislarse del contexto porque, para el sistema, puede existir que un hombre vinculado a proceso por delitos sexuales contra una menor no representa necesariamente un peligro para otra niña. Puede insistirse en convivencias bajo el argumento del derecho paterno, incluso cuando hay señales de alerta que, desde cualquier lógica humana, resultarían suficientes para suspenderlas.

Para Andrea, como para tantas otras, la realidad es indivisible: si hay violencia, hay riesgo. Y el riesgo se evita. Esa es la lógica más básica de protección.

Aun así, el sistema le exige otra cosa. Le impone un régimen de convivencias que, de no cumplirse, se traduce en sanciones. Multas. Arresto por 24 horas como medida de apremio. El argumento es claro: la ley obliga.

El juez Luis Fernando Dorantes Canché, del Juzgado Segundo Familiar de Kanasín, sostiene la obligatoriedad de las convivencias, aun cuando ya ha sido informado de un elemento central: el padre, Celso D.R.C., ha sido vinculado a proceso por abuso sexual equiparado agravado y acoso sexual en agravio de una menor de 12 años. Sin embargo, en ese criterio estrictamente legal se omite una consideración básica desde lo humano: quien ha ejercido violencia sexual contra una menor no puede ser considerado un entorno seguro para ninguna niña.

Y es justamente en este punto donde suele aparecer el argumento de las “denuncias falsas”, un recurso simplista que busca deslegitimar la denuncia, ignorando que denunciar implica relatar hechos, sostener testimonios, aportar evidencias y someterse a peritajes que, en este caso, derivaron en una vinculación a proceso.

En los centros de convivencia, como el CECOFAY, también emergen señales preocupantes que refuerzan esta desconexión. Se reporta insistencia para que la menor acceda a convivir, el uso de incentivos como regalos y la interpretación de su negativa como resultado de una supuesta manipulación materna. Así, la narrativa se invierte con facilidad: la madre que protege es señalada como obstáculo y su papel transita de protectora a obstructora. Todo ello ocurre, además, pasando por alto algo esencial: la voz de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.

En la mayoría de los casos, no solo rechazan la convivencia por la figura del “no custodio”, sino por las condiciones del propio espacio. Lejos de ser un entorno digno y seguro, el CECOFAY es percibido como descuidado, sucio y con poco o nada de mantenimiento, reflejo del desinterés institucional. ¿Cómo construir vínculos sanos en un lugar que no cuida lo básico? Obligar a convivir en estas condiciones no solo es contradictorio, es una forma de negligencia que evidencia que para las autoridades el cumplimiento del proceso sigue pesando más que el bienestar real de la infancia.

Frente a este escenario, la decisión de Andrea no es un acto de rebeldía, sino de responsabilidad. Negarse a exponer a su hija a un entorno percibido como riesgoso no debería ser motivo de castigo, sino de análisis. Sin embargo, el sistema lo interpreta como desacato. Y así, quien protege, es sancionada.

Este es el punto donde la distancia entre la lógica jurídica y la lógica humana se vuelve insostenible. Para el expediente, hay incumplimiento. Para la madre, hay una hija que cuidar. Para el juez, hay normas que aplicar. Pero la justicia, si quiere serlo, no puede quedarse solo en esa ecuación.

No se trata de desacreditar al derecho, sino de exigirle algo esencial: sensibilidad. Que las normas dialoguen con la realidad. Que los procedimientos no anulen el contexto. Que la protección de la infancia no sea un principio retórico, sino una práctica efectiva que analice y pondere.

Las víctimas no pedimos privilegios. Pedimos coherencia. Pedimos que la ley no nos obligue a elegir entre cumplir y proteger. Pedimos, en el fondo, algo mucho más simple y mucho más profundo: que la justicia vuelva a parecerse a lo que, desde cualquier lógica humana, siempre debió ser: un camino para vivir sin miedo.

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