Semana clave en el caso Ungrd: arranca juicio contra exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la Corte Suprema de Justicia Infobae
Un nuevo capítulo judicial se abrirá en la última semana de abril de 2026, con la audiencia pública contra los exministros del Gobierno Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en el caso que involucra presuntas irregularidades en contratación pública y acuerdos políticos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Corte Suprema de Justicia iniciará el miércoles 29 de abril, a las 8:15 a. m., la diligencia que corresponde a la fase en la que se formalizan los cargos y se da continuidad al juicio en primera instancia.
El proceso judicial avanzó luego de que el 7 de abril la Fiscalía General de la Nación radicara formalmente el escrito de acusación ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal. Posteriormente, mediante auto del 8 de abril, se programó la audiencia y se asignó el caso al magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien asumirá como ponente tras el reparto correspondiente.
Designación del magistrado y avance del proceso
La designación de Jorge Emilio Caldas marca el inicio de una nueva etapa en el proceso contra los exministros, quienes fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La audiencia prevista permitirá formalizar estos cargos ante la Corte Suprema.
El magistrado Caldas ha estado vinculado previamente a decisiones judiciales de alto perfil. Entre estas se encuentra el proceso que concluyó con la condena del exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, quien permaneció privado de la libertad durante más de siete años tras ser hallado responsable de interferir en una investigación penal.
En paralelo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el 7 de marzo la libertad de Ricardo Bonilla, al considerar que la Fiscalía excedió el plazo legal para presentar el escrito de acusación. Tras esa decisión, el exministro continuará enfrentando el proceso en libertad, luego de haber estado recluido desde diciembre de 2025 en un complejo policial de la capital.
Contexto de la investigación
El caso Ungrd forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades que involucran a varios exfuncionarios y dirigentes políticos. Dentro de ese expediente permanecen privados de la libertad el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, y la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz.
Las acusaciones han puesto el foco en un presunto uso de la Ungrd como mecanismo para asegurar apoyos en el Congreso. Según la Fiscalía, los exministros habrían concertado con congresistas y otros funcionarios para manipular procesos contractuales con el fin de obtener respaldo legislativo.
De acuerdo con la fiscal del caso, Bonilla habría solicitado al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, tramitar contratos en los que participaron miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Entre los congresistas mencionados en la investigación se encuentran Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya.
Según el ente acusador, el propósito era “favorecer a los congresistas” y garantizar que proyectos de interés para el Ejecutivo llegaran a votación antes del fin del periodo legislativo.
La investigación señala que entre mayo de 2023 y mediados de 2024 se habrían establecido acuerdos entre los exministros y otros actores para direccionar recursos públicos. En ese periodo, según la Fiscalía, se buscaba “cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”.
El expediente detalla que, entre septiembre y diciembre de 2023, se habría intentado influir en tres contratos de la Ungrd destinados a atender emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar. El monto total de estos procesos asciende a $86.619 millones.
Las pruebas recopiladas indican que, aunque los contratos no fueron finalmente adjudicados, los congresistas señalados aprobaron 17 notas de crédito relacionadas con la financiación de proyectos del Gobierno.
La Fiscalía sostiene que la estrategia tenía como objetivo “asegurar las mayorías parlamentarias”, lo que constituye el núcleo del proceso penal que ahora entra en etapa de juicio. En caso de comprobarse la responsabilidad penal de los implicados, las sanciones podrían superar los 12 o 15 años de prisión, además de multas que alcanzarían hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
