22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra El Sur de Acapulco

Octavio Klimek Alcaraz

El Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra el 22 de abril, es una fecha que sirve como balance y recordatorio del vínculo entre la naturaleza y la sociedad. El tema vuelve a ser urgente en 2026 por motivos evidentes: el incremento de las temperaturas y la fluctuación de las lluvias vinculadas al calentamiento global; la acumulación de basura en ríos, barrancas y calles; la presión cada vez mayor sobre el agua y la disminución de biodiversidad que afecta la capacidad de recuperación de los ecosistemas. No es una discusión teórica: la seguridad frente a acontecimientos extraordinarios, la vida urbana, la producción alimentaria y la salud pública están relacionadas con sistemas naturales estables.
La Asamblea General de la ONU, en 2009 (Resolución 63/278), proclamó la fecha con un mensaje central: la protección del medio ambiente necesita compromisos continuos y no solamente esfuerzos aislados o periodos de atención mediática. A pesar de que su reconocimiento es reciente, se le atribuye un origen contemporáneo en 1970: cuando millones de individuos salieron a la calle ese 22 de abril para demandar medidas contra la polución del agua y el aire, el deterioro de la vida silvestre y la degradación del suelo. Esa enseñanza sigue siendo válida: sin conciencia pública y presión de la sociedad, las transformaciones sostenibles se desvanecen.
El lema del Día de la Tierra 2026, “Nuestro poder. “Nuestro Planeta” enfatiza que el margen de maniobra no sólo está en manos de los gobiernos y las instituciones internacionales. El poder también se manifiesta en decisiones institucionales (como la planificación urbana, el tipo de energía priorizada, la gestión de residuos y las inversiones destinadas a la conservación) y en decisiones rutinarias (como el consumo, el desplazamiento, la generación de desechos y el uso de agua y energía). La consigna tiene como objetivo trasladar la conmemoración del cartel a la agenda: si no hay participación social y políticas públicas sostenibles, el día se extingue; pero si hay acciones constantes, se transforma en un camino.
En la vida diaria, las señales del desastre ecológico del planeta suelen aparecer como hechos aislados: olas de calor, tormentas inusuales, incendios recurrentes, cauces con basura o manantiales con menos caudal. Pero el hilo conductor es claro: ecosistemas destruidos o cuando menos deteriorados y capacidades institucionales y sociales que no alcanzan a atenderlos. En Guerrero –con costa y sierra, que son regiones de alta biodiversidad– esa fragilidad se nota más porque conviven riesgos naturales, como es una alta exposición a fenómenos hidrometeorológicos y enormes rezagos en infraestructura.
El panorama mundial evidencia que el cambio de dirección no ha sido suficiente. Existen patrones de producción y consumo que normalizan el despilfarro, procesos extractivos que perjudican a los ecosistemas y formas de urbanización que ejercen presión sobre acuíferos y suelos. La crisis ambiental es también social: las comunidades con menos recursos son, a menudo, las primeras en sufrir la falta de agua, la pérdida de cosechas, el incremento de enfermedades relacionadas con la contaminación y los daños derivados de fenómenos extremos.
En este marco, la sustentabilidad deja de ser un lema y se convierte en una norma para la planificación: redirigir la economía para que sea compatible con la conservación y, cuando sea factible, con la restauración. Además, existe un elemento ético y de derechos: cada individuo tiene el derecho a vivir en un ambiente sano como requisito básico para su salud y desarrollo. Ese principio tendría que estar presente en la cultura ciudadana, los presupuestos, las obras, el ordenamiento del territorio y la educación ambiental. La hipoteca ambiental del futuro no puede mantener el bienestar actual.
La discusión a menudo se paraliza en un dilema falso: o se protege la economía o se cuida el ambiente. En realidad, la cuestión es qué clase de economía se desea mantener y quién asume los costos cuando se pasan por alto las fronteras ecológicas. La corresponsabilidad significa que los municipios optimicen la recolección y el destino final de residuos; que las compañías disminuyan los empaques y se hagan responsables de lo que introducen en el mercado; y que la ciudadanía no vea más al espacio público como “tierra de nadie”. Cuando existen rellenos sanitarios saturados o drenajes obstruidos por plásticos, la economía circular –que consiste en producir, usar, recuperar y reincorporar materiales– deja de parecer técnica.
Desde el sector público, la ruta demanda políticas con una visión a largo plazo y objetivos que se puedan verificar: fortalecer las instituciones ambientales, aplicar la normativa, hacer transparente la información, optimizar las inspecciones y propiciar una participación social real. Asimismo, implica valorar en verdad los impactos ambientales antes de aprobar proyectos, organizar el territorio con base en criterios ecológicos y seguir restaurando áreas deterioradas. En cuestiones ambientales, lo que no se monitorea ni se mide termina por esfumarse.
La agenda también necesita la conciencia y compromiso de los ciudadanos: separar y reducir residuos, evitar los plásticos desechables, dar prioridad a productos reparables y duraderos, ahorrar energía y agua, y exigir servicios públicos de calidad para el tratamiento y recolección. El cambio climático no es una abstracción en México, particularmente en Guerrero: la entidad es susceptible debido a su diversidad geográfica, la exposición a sucesos hidrometeorológicos y la vulnerabilidad de numerosos ecosistemas. Prepararse implica disminuir los riesgos, conservar los bosques en las cuencas, restaurar áreas deterioradas y robustecer las habilidades de adaptación de la comunidad.
En lo local, la discusión se vuelve tangible. En el Jardín Botánico del Instituto de Investigación Científica, Área de Ciencias Naturales de la UAG, se realizó un “Tequio por la Tierra”: una jornada de limpieza y ordenamiento con participación de personal del área y estudiantes de Biología de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. El hallazgo fue incómodo: en un espacio dedicado al conocimiento y a la conservación se acumulaban residuos (principalmente plásticos, además de metal, vidrio e incluso llantas). Más allá del origen exacto, el mensaje es claro: la basura no llega sola; llega cuando se normaliza tirar, faltan controles y cultura de cuidado, o los servicios de manejo de residuos fallan.
El desafío consiste en transformar estas jornadas de limpieza en un punto de partida y no solo una anécdota: determinar los lugares críticos donde la basura se acumula, establecer contenedores separados, optimizar la señalización, acordar rutinas básicas de mantenimiento y colaborar con las autoridades para mejorar la recolección. La limpieza educa cuando plantea interrogantes: ¿de dónde provienen los desechos?, ¿qué es necesario para prevenirlos?, ¿qué incentivos y castigos son necesarios? Si el esfuerzo se convierte en algo periódico, puede desencadenar acuerdos y hábitos. El 22 de abril es un día que contribuye a la convocatoria, pero la responsabilidad se extiende a todos los días.
Si se desea pasar de la evaluación a la acción, las prioridades son claras: transición energética a través de energías renovables y eficiencia; gestión integral de desechos (reducir, reutilizar y reciclar antes que simplemente desplazar el problema a un vertedero); protección de la biodiversidad y utilización sostenible de los ecosistemas con respeto hacia las comunidades locales y sus conocimientos; administración del agua desde una perspectiva de cuenca (captación, infiltración, tratamiento y reúso); conservación del suelo para evitar erosión y deslizamientos e incrementar la producción alimentaria; restauración ecológica como inversión preventiva. En esta ecuación, educación y ciencia aportan diagnóstico, monitoreo y soluciones apropiadas al contexto; pero su valor aumenta cuando se traduce en políticas, programas y prácticas cotidianas.
La convocatoria es sencilla y comprobable: menos residuos en las calles y los cauces, más separación, reciclaje y reutilización, menos derroche de agua, mayor atención a las cuencas, más involucramiento y menos indiferencia. Las decisiones pequeñas que se toman en casa, la escuela, el trabajo y la comunidad pueden cambiar las estadísticas. Y hay una demanda adicional: políticas públicas responsables, continuidad en los programas medioambientales y evaluación basada en datos. Si el lema de 2026 habla de “nuestro poder”, este comienza con la aceptación de que el 22 de abril no tiene que ser una excepción, sino más bien un recordatorio de una labor constante.

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