“Los niños no han podido volver a estudiar”: alarma por colegios usados por disidencias para explosivos y campamentos Infobae
El uso de colegios como campamentos armados, depósitos de explosivos y puntos de control volvió a prender las alarmas en Colombia, en medio de denuncias sobre ocupación de escuelas por disidencias y un aumento de los riesgos para niños y adolescentes en zonas de conflicto.
La nueva advertencia surgió luego de un pronunciamiento oficial sobre el incremento del reclutamiento de menores y la violencia en entornos educativos, mientras también se conocieron evidencias sobre la presencia de grupos armados en instituciones escolares del Cauca.
Uno de los hechos que más impacto generó fue la denuncia de que algunas escuelas estarían siendo usadas para guardar explosivos e incluso esconder cuerpos, según alertas conocidas en medio del deterioro de seguridad en zonas rurales.
Desde la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes se advirtió sobre situaciones críticas en regiones como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, la Sierra Nevada y el Catatumbo.
Las alertas incluyen reclutamiento, amenazas, ataques y violaciones contra menores, así como afectaciones directas en escuelas que deberían ser espacios protegidos y hoy aparecen atravesadas por dinámicas del conflicto.
En medio de ese panorama, imágenes reveladas desde una zona entre El Tambo y Argelia, en Cauca, habrían mostrado a hombres armados ocupando instalaciones educativas y utilizando esos espacios como campamentos.
“Los niños no han podido volver a ir a estudiar”, advirtió el coronel Jesús María Garzón López, citado por Revista Semana, al confirmar que estructuras armadas habrían tomado esos puntos para permanecer allí, afectando el retorno a clases.
La frase resume el tamaño de la crisis: escuelas tomadas por actores armados y menores sin poder regresar a estudiar. Para comunidades afectadas, la situación va más allá de una alteración escolar y representa una amenaza directa sobre la niñez.
Según reportes conocidos, entre 2024 y 2025 se habrían documentado al menos doce hechos graves en entornos escolares de la región, incluyendo daños por combates, explosivos cerca de aulas, uso de escuelas como bases y suspensión de actividades académicas.
Ese panorama habría tenido consecuencias profundas en la permanencia escolar. Una de las instituciones afectadas reportó emergencia en varias sedes y una deserción que habría llevado la matrícula de unos 440 estudiantes a cerca de 240.
Las amenazas también han alcanzado a docentes. Se reportó que varios maestros han sido intimidados, agravando una crisis que golpea no solo el acceso a educación, sino la seguridad de toda la comunidad educativa.
La combinación de reclutamiento, ocupación de escuelas y presión armada está transformando entornos educativos en escenarios de guerra, una situación que organismos oficiales califican como una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
El pronunciamiento del Gobierno fue enfático en rechazar estos hechos y exigir a grupos armados, incluidos aquellos en escenarios de diálogo, que cesen de inmediato acciones contra menores y se aparten del reclutamiento.
La preocupación crece porque estas denuncias aparecen en medio de alertas sobre incremento en reclutamientos forzados, un fenómeno que ha vuelto a poner a la niñez en el centro de la crisis humanitaria en varias regiones.
Más allá de la ocupación física de las escuelas, el impacto también se mide en miedo, deserción, ruptura del tejido comunitario y riesgo de que menores queden atrapados entre violencia, control territorial y presiones armadas.
Para las autoridades, el problema ya no se limita a hechos aislados. La denuncia de colegios convertidos en campamentos y depósitos de explosivos plantea una alerta estructural sobre el conflicto tocando directamente los espacios escolares.
Mientras se anuncian medidas de prevención y protección, la denuncia deja una imagen crítica: niños sin clases, docentes amenazados y escuelas usadas por grupos armados, una combinación que vuelve a poner bajo presión la seguridad de la niñez en Colombia.
