Con miras al crecimiento económico, ¿o a las urnas? Heraldo de Aguascalientes
Desde hace un par de décadas, el gobierno ha desempeñado un papel relevante en la vinculación entre el sector educativo (educación media superior y superior) y empresarial; esto último, con el propósito de fomentar la inserción laboral de las y los estudiantes. Esta tarea se ha convertido en un eje crucial para el Estado (en sus tres niveles) y las Instituciones de Educación Superior (IES), dado que la demanda de empleos ha ido creciendo exponencialmente, naturalmente, con el paso de los años, mientras que el crecimiento económico no ha caminado a la par. Más allá de proponer un análisis económico sobre los motivos que impulsan o desaceleran el crecimiento de la economía nacional (y sus múltiples efectos en el sector educativo), es necesario que reflexionemos sobre las estrategias que se están implementando a nivel nacional y, con ello, las tendencias y vicios detrás de las mismas.
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha sido, desde el sexenio anterior, una de las estrategias más robustas presupuestalmente y rentables en términos políticos. La idea central es brindar un apoyo económico a aquellos jóvenes entre 18 y 29 años para que ingresen a una empresa, trabajo u oficio, aplicando en términos prácticos un “subsidio” para así garantizarles una experiencia profesional; mientras que la empresa, lo único que tiene que hacer es comprobar que el beneficiario se incorpora a laborar en dicho lugar. Hasta este punto todo pinta muy bien, los empresarios les ofrecen experiencia laboral a los jóvenes y el gobierno paga (bajo una modalidad de capacitación); sin embargo, este programa tiene una duración de 1 año que no puede ser renovado, ¿qué sucede con aquellos estudiantes cuyo único ingreso sea el programa y no tengan ofertas laborales disponibles?
El objetivo del programa es noble y necesario, dada la falta de oportunidades en el sector productivo y que aquellos primeros trabajos formales suelen estar muy cerca del salario mínimo (sin adentrarnos al trabajo informal, que suele predominar sobre la formalidad) o en condiciones precarias. Sin embargo, este funge como una especie de medida “paliativa”, dado que no soluciona el problema de fondo: la falta de oportunidades para adquirir experiencia profesional. Según cifras del INEGI, el crecimiento económico anual del país fue de 0.7%, con un incrementó en enero del 0.8%; sin embargo, la A.C. “México, ¿cómo vamos?” sostiene que para poder crecer dentro de los rankins de desarrollo económico que marca el Banco Mundial (BM), el país necesita crecer más rápido, señalando que el propio BM apunta que países como Brasil crecerán un 2% anual y para México se pronostica un 1.3% máximo en 2026. Desafortunadamente, el crecimiento económico es necesario para generar más y mejores ofertas de trabajo, de lo contrario, por más que el gobierno federal decida invertir miles de millones de pesos en apoyos directos a jóvenes para subsidiar el empleo, si no generan las condiciones idóneas para impulsar la generación de nuevos trabajos, este programa será una bomba de tiempo.
Asimismo, debemos tomar en cuenta el contexto actual en el que se está desenvolviendo JCT. Según las últimas cifras reportadas por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) efectuada por el INEGI, en marzo de este año hubo una pérdida de más de 116 mil empleos en todo el país; en sintonía, siguiendo el análisis de Cristobal Martínez Díaz en el portal El Economista, esta caída de marzo indica que “[…] el mercado laboral tiene un déficit de 227,155 empleos respecto a los reportados en el cierre del año pasado. Es decir, en el primer trimestre no se lograron crear más plazas”. Por si el panorama económico no fuese lo suficientemente desalentador, también se han documentado casos de corrupción en todo el país donde se hace “fraude” con el programa JCT, donde los “tutores” cobran cuotas por registrar o dar de alta a los jóvenes en las empresas. Este esquema, según el reportaje de Arturo Ortíz Mayen en el portal N+, afirma que de las personas entrevistadas, algunos empresarios les piden 2,500 pesos de la beca para poderles asegurar su lugar, o bien, que los tutores les ofrecen apoyarles a conseguir espacio, a cambio de retenerles la tarjeta de crédito y cobrarles una comisión de entre 500 pesos; e incluso, en entrevista con un empresario, afirmó que lograba dar de alta jóvenes para que “no hicieran nada”, les daba 2,500 pesos y el resto del apoyo se lo quedaba para gastos personales. Esto último resulta irónico, ya que parte de la retórica del gobierno federal y el oficialismo es que supuestamente lograron eliminar la corrupción a través de los programas sociales al hacerlos “directos”.
Finalmente, la población en general no visualiza los efectos negativos que traerá la falta de planeación del gobierno federal para incentivar el crecimiento económico y la generación de empleos. Esto último no es culpa de las personas y mucho menos de quienes se ven beneficiados de este tipo de programas (salvo aquellos que se prestan a actos de corrupición), sino de las administraciones que buscan implementar medidas con mejor rentabilidad política, a costa del futuro de millones de jóvenes en todo el país. Es aquí donde las IES tienen una doble responsabilidad, no solo en diseñar e implementar planes y programas educativos de calidad; ahora, deberán planificar estrategias efectivas de inserción laboral y vinculación, supliendo la deficiencia de las políticas públicas con miras a las urnas y no al desarrollo del país.
