Cientos protestan contra proyecto de Milei que recortaría pensiones por discapacidad Infobae
Buenos Aires, 22 abr (EFE).- Cientos de personas con discapacidad, familiares y profesionales de la salud se movilizaron este miércoles en distintos puntos de Argentina para rechazar un proyecto de ley impulsado por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que afectaría las pensiones por discapacidad, mientras que exigieron además la aplicación de la ley de emergencia en el sector, aprobada el año pasado pero aún sin implementar.
La principal protesta -convocada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad- tuvo lugar frente al Ministerio de Salud, en el centro de Buenos Aires, mientras que también se registraron movilizaciones en ciudades como Mar del Plata y Córdoba.
Los manifestantes pidieron al Gobierno que desista de impulsar un proyecto conocido como ley de fraude de pensiones por invalidez que, según afirmaron las organizaciones, introduce cambios que ponen en riesgo el funcionamiento del sistema, al modificar el marco vigente y habilitar una desregulación de los aranceles.
En el proyecto de ley, el Gobierno alega que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez tuvo un "crecimiento exponencial", pasando de 76.000 a 1.200.000 en ese período y generando una "inevitable sospecha" sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados.
El texto de la iniciativa, hecho público este lunes por parlamentarios opositores que rechazan el proyecto, señala que el Estado debe establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar el fraude en las pensiones, incluyendo un nuevo registro obligatorio de los beneficiarios.
El proyecto busca además eliminar las pensiones por invalidez de personas con discapacidad que logran acceder a trabajos registrados.
Los organizadores de las protestas de este miércoles denunciaron que la propuesta “instala una mirada estigmatizante” y desvía la atención de la crisis estructural del sistema.
Reclamaron además que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso a mediados de 2025 y ratificada luego tras un veto presidencial.
No obstante, la norma nunca fue aplicada por el Ejecutivo, bajo el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector.
La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el Ejecutivo.
Los manifestantes advirtieron este miércoles que la falta de actualización en los aranceles y las demoras en los pagos ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones y podrían derivar en un cese generalizado de servicios para pacientes con discapacidad.
Durante la protesta, se exhibieron pancartas con consignas como “Basta de crueldad” y “Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”, en rechazo a lo que consideran un ajuste sobre el sector. EFE
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