El C.Europa alerta: Hasta el centro político cuestiona las reglas que sustentan los DD.HH. Infobae
París, 22 abr (EFE).- El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, ha expresado su inquietud por la "erosión generalizada de la confianza" en las instituciones que lleva a que incluso "el centro" político cuestione las reglas en que se sustentan los derechos humanos.
En su informe anual presentado este miércoles anta la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), O'Flaherty destaca que "eso es particularmente evidente en la gestión de las migraciones donde algunos están dispuestos a renegar de los principios fundamentales de los derechos humanos en las fronteras, lo que habría sido impensable hace poco tiempo".
Refiriéndose a esa cuestión, insistió ante la APCE en que "la dignidad del ser humano tiene que anteponerse", antes de referirse a lo que considera "los riesgos de la externalización", es decir el recurso a terceros países para gestionar la presión de la inmigración.
A su parecer, esa externalización a esos terceros países para contener los flujos de entrada o para crear plataformas desde las que tratar a los demandantes de asilo "es una transferencia de responsabilidades" a esos otros Estados.
Sobre todo, en su informe O'Flaherty avisa de que eso puede exponer a las personas "a la tortura o a otros malos tratos, a expulsiones colectivas y a detenciones arbitrarias o poner su vida en peligro".
Además, señala que esas políticas pueden dificultar el acceso efectivo al asilo y privar a los individuos a recursos jurídicos,
En su informe, el comisario recuerda su implicación durante el pasado año en favor de los derechos humanos de los refugiados, de los demandantes de asilo y de los migrantes, con una atención particular a las "violaciones sistemáticas" de sus derechos en las fronteras, sobre todo con el "fenómeno de instrumentalización de las migraciones y la externalización".
A ese respecto, O'Flaherty reaccionó en junio de 2025 a la carta publicada en mayo por nueve países del Consejo de Europa (Italia, Dinamarca, Bélgica, Polonia, Austria, República Checa, Lituania, Letonia y Estonia) en la que criticaban la aplicación por el Tribunal de Estrasburgo del Convenio Europeo de Derechos Humanos por estimar que les impide aplicar políticas más duras de control de la inmigración.
En esa reacción, se quejaba de que ese grupo de países, en una iniciativa que lideraron las primeras ministras de Italia, Giorgia Meloni, y de Dinamarca, Mette Frederiksen, "presentaba a los migrantes como una amenaza para la seguridad, no tenía en cuenta las necesidades de las personas que huyen de los conflictos o las violaciones de los derechos humanos".
Sobre todo, les echaba en cara que sugirieran que "las consideraciones de seguridad pública debían primar sobre la protección de los derechos humanos" y que cuestionaran los dictámenes del Tribunal de Estrasburgo.
El hecho es que en los meses siguientes a esos nueve se sumaron otros 18 países, es decir 27 en total, lo que significa una mayoría de los 46 miembros del Consejo de Europa, que vive así una fractura que se va a intentar resolver con una declaración en próxima sesión formal del Comité de Ministros que se celebrará en Moldavia en mayo.
O'Flaherty rechazó la idea de que las decisiones del Tribunal de Estrasburgo obstaculicen la protección de las sociedades y aseguró que los países pueden cumplir con los "objetivos legítimos" de seguridad en las fronteras "sin renunciar al respeto de los derechos humanos".
Su mensaje a todos los Estados del Consejo de Europa, repetido hoy, es que tienen que defender los derechos y la dignidad de cada individuo, "sea un inmigrante o un millonario".
El comisario de Derechos Humanos se reunió con la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, que acudió a Estrasburgo para participar en un debate de la APCE sobre la Convención de Estambul, un instrumento jurídico para luchar contra la violencia contra las mujeres. EFE
