La Corte Suprema de Estados Unidos respalda la privacidad de estudiantes transgénero en escuelas de Massachusetts Infobae
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no intervenir en el litigio presentado por un grupo de padres de Massachusetts, quienes acusaban a docentes y directivos del distrito escolar de Ludlow de respaldar la identidad de género de ciertos alumnos sin notificar a sus familias.
Según informó la agencia internacional de noticias Reuters, la Corte Suprema de Estados Unidos mantiene la vigencia de fallos que protegen la privacidad de estudiantes transgénero y no binarios en las escuelas y respalda la autonomía de los centros educativos para gestionar asuntos de identidad de género, sin obligación de informar automáticamente a los padres sobre cambios en nombres o pronombres solicitados por los menores.
Al rechazar el recurso, la Corte Suprema refuerza un criterio ya presente en otros estados, como Wisconsin y Maryland, donde tribunales federales habían desestimado demandas similares durante 2024.
Estas resoluciones suceden en un clima político polarizado, en donde múltiples leyes estatales —promovidas especialmente en jurisdicciones bajo control del Partido Republicano— buscan limitar el acceso de personas transgénero a servicios médicos y restringir derechos vinculados a la identidad de género.
En junio de 2025, la Corte Suprema validó la ley de Tennessee que prohíbe la atención médica de afirmación de género a menores de edad, estableciendo un marco restrictivo en todo el país.
El caso principal que lleva a este fallo tiene como protagonistas a Stephen Foote y Marissa Silvestri, quienes demandaron al municipio, al Comité Escolar de Ludlow y a varios funcionarios educativos. Según documentos citados por Reuters, los padres alegaron que la escuela ocultó deliberadamente información sobre el proceso de autodeterminación de género de su hijo, identificado judicialmente como “BF”, de once años.
Explicaron que los docentes impulsaron una “ideología de género” que influyó en la identidad del menor y que, al no comunicarles los cambios de nombre y pronombres, se vulneró su derecho constitucional amparado en la Decimocuarta Enmienda para guiar la crianza de sus hijos.
Conforme a los registros oficiales, la estudiante solicitó que docentes y personal administrativo usaran un nuevo nombre y pronombres durante el horario escolar, pero pidió que, al dirigirse a sus padres, se mantuviera su nombre y pronombre de nacimiento.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, órgano judicial federal estadounidense citado por Reuters, concluyó que este protocolo permite a los menores “expresar su identidad sin temor a represalias familiares”. Además, el tribunal subrayó que estas medidas no imponen a los estudiantes la obligación de ocultar información ni restringen la posibilidad de que los padres intervengan fuera del contexto escolar.
También recalcó que el uso de nombres o pronombres acordes a la identidad de género no implica un tratamiento médico, y, por tanto, no justifica una demanda basada en derechos parentales.
En dos mil veintidós, un juez federal desestimó la demanda de Foote y Silvestri, decisión que fue confirmada en 2025 por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.
En su fallo, el tribunal indicó: “Los padres mantienen la libertad de orientar a sus hijos de acuerdo con sus propias creencias, aunque las políticas escolares garanticen la privacidad de los estudiantes dentro del aula”. Así, se estableció que los demandantes no demostraron haber sido privados de la decisión sobre la atención médica o educación de su hijo.
El equipo legal de los padres contó con el liderazgo de Alliance Defending Freedom, organización de perfil cristiano conservador con actividad judicial en derechos civiles, que argumentó ante los tribunales que la llamada transición de género podría ser perjudicial para menores y que su oposición respondía a convicciones morales.
No obstante, los jueces determinaron que una discrepancia ética o de principios no basta para que intervengan los tribunales si la privacidad del estudiante está protegida por políticas escolares y legales.
Fallo de la Corte Suprema y marco normativo sobre identidad de género
Este fallo de la Corte Suprema sostiene la vigencia de las políticas de confidencialidad sobre la identidad de género en las escuelas públicas de Estados Unidos, al definir que la solicitud de estudiantes transgénero y no binarios de usar determinados nombres y pronombres dentro del ámbito educativo no vulnera los derechos parentales, siempre que no represente una intervención médica.
La decisión, apoyada por la mayoría conservadora del tribunal, refuerza la autonomía de los centros educativos para fijar protocolos internos de respeto hacia la identidad de género, en línea con las recomendaciones de organismos de derechos civiles y asociaciones médicas estadounidenses.
Durante los últimos años, las disputas legales sobre identidad de género en entornos escolares se han multiplicado en Estados Unidos, en especial en lo relacionado con la confidencialidad estudiantil y la notificación obligatoria a las familias.
En marzo, una decisión en California bloqueó una normativa que pretendía imponer a las instituciones educativas el deber de informar a los padres sobre la identidad de género de los alumnos sin el consentimiento de estos, según informó la agencia Reuters.
En enero de 2025, la Corte Suprema también abordó casos asociados a la participación de atletas transgénero en equipos femeninos, aunque su resolución definitiva permanece pendiente.
Las legislaciones estatales recientes para restringir derechos de personas transgénero, como límites al acceso a tratamientos médicos de afirmación de género y a la participación deportiva, han sido impulsadas principalmente por gobiernos estatales republicanos y por la administración federal durante el mandato de Donald Trump.
La ausencia de un marco legal unificado a nivel nacional genera disparidad en la protección de la privacidad estudiantil y los derechos parentales en distintas jurisdicciones.
Antecedentes, jurisprudencia reciente y límites de la intervención parental
La falta de consenso nacional en materia de identidad de género y derechos estudiantiles motivó la intervención de tribunales federales y del propio Supremo, que suele preservar la autonomía de los sistemas escolares para definir sus normas internas.
Este enfoque se traduce en fallos que, aunque no resuelven el debate social, marcan precedentes sobre la protección de la privacidad de los menores y los límites de la intervención de los padres en el ámbito educativo.
El fallo de la Corte Suprema reafirma la privacidad de estudiantes transgénero y no binarios en escuelas públicas de Estados Unidos, estableciendo que los centros educativos no tienen la obligación de notificar automáticamente a las familias respecto a cambios de nombre o pronombres vinculados con la identidad de género del menor.
Esta doctrina, avalada por tribunales federales en Massachusetts, Wisconsin y Maryland, refuerza el derecho de los estudiantes a expresar su identidad en el entorno escolar, mientras los padres conservan su capacidad de influir en el hogar y fuera del ámbito educativo.
