Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos Infobae
Mientras la escasez de oferta tensiona el mercado inmobiliario y eleva el precio del acceso a la vivienda, el rechazo social a la acumulación de propiedades aumenta en España. Tres de cada cuatro españoles consideran ya necesario aumentar los impuestos para los propietarios con dos o más viviendas, según una consulta sobre 2.200 personas encargada por el grupo parlamentario The Left y la eurodiputada de Sumar Estrella Galán al Ateneo del Dato.
En concreto, el 29,7% señala que el recargo fiscal debe aplicarse desde la segunda vivienda, mientras que un 24,6% lo situaría a partir de la tercera, mientras que un 8,1% elegiría la cuarta como punto de inicio. El 8,3% opta por incrementar el gravamen para aquellos con más de cinco viviendas, y un 4,4% lo haría solo para los grandes tenedores que superan las diez propiedades. En contraste, un 20,7% no ve justificación para subir impuestos a quienes poseen varias viviendas independientemente del número.
Un 32% sostiene que nadie debería tener más de dos inmuebles
Aunque el debate sobre la legitimidad de los grandes propietarios se ha centrado frecuentemente en bancos o fondos buitre, la encuesta pone de manifiesto que la mayoría de la población española rechaza la acumulación excesiva de inmuebles también en manos de particulares. Un 32% opina que no hay justificación para tener más de dos viviendas y un 16,7% coloca ese máximo en tres. Además, el 10,4% limitaría la propiedad a una sola, por lo que en total casi un 60% de los encuestados considera que nadie debería tener más de tres viviendas.
La semana pasada, la última Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España revelaba que siete de cada diez hogares en España son propietarios de su vivienda habitual y uno de cada tres (33,7%) cuenta con una segunda propiedad. En la esfera política, varias propuestas para limitar la acumulación de viviendas han sido impulsadas principalmente por Sumar desde 2024, con apoyo de partidos como ERC o Bildu, planteando medidas como prohibir la compra de vivienda por parte de fondos de inversión y empresas, restringirla a personas físicas o limitar la compra de segundas propiedades con fines de inversión o especulativos.
Los votantes de derecha también apoyan las zonas tensionadas y las restricciones de compra
El estudio también explora el impacto percibido de la concentración de propiedades en el mercado. El 71,6% cree que la acumulación de viviendas reduce la oferta de alquiler habitual, una percepción que se intensifica hasta el 74,8% cuando se trata de la compra para inversión. En cuanto al papel de los intermediarios en el mercado, el 75% estima que agencias y portales inmobiliarios contribuyen al encarecimiento del acceso a la vivienda. De ellos, un tercio atribuye un peso muy alto a esta influencia, mientras que el resto considera que el impacto es considerable.
Paralelamente, el 72,1% de los encuestados considera que se debería restringir la compra de viviendas con fines de inversión, tanto para empresas como para particulares. En concreto, la mitad de la muestra (48,8%) cree que estas limitaciones deben aplicarse a ambos grupos, mientras que otros segmentos prefieren actuar solo sobre empresas (15,8%) o sobre particulares (7,5%). Las medidas regulatorias propuestas, tanto para limitar la acumulación de viviendas como para restringir la inversión especulativa, cuentan con un respaldo transversal que incluye a votantes de diferentes partidos políticos.
Por otra parte, un 68,4% apoya la limitación de los precios del alquiler en su zona de residencia. Este respaldo alcanza incluso a la mayoría de quienes se identifican con partidos conservadores como el Partido Popular (55,5%) o Vox (53,2%), y sube hasta el 76,6% entre quienes viven de alquiler. El apoyo a la intervención pública en el sector se refuerza con la demanda de un aumento significativo de la inversión en vivienda. El 82,9% de la ciudadanía respalda elevar la inversión pública hasta el 1% del PIB, lo que supondría multiplicar por diez la cantidad actual destinada a la construcción de vivienda pública en alquiler asequible y a la rehabilitación de viviendas vacías.
