Deuda que baja… ¿realidad financiera o narrativa política? Índice Político
Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“La confianza es madre de las acciones grandiosas”. – Friedrich Schiller.
En política, los números rara vez son neutros. Esta semana, desde la conferencia encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, el secretario de Finanzas presentó un paquete de cifras que, en apariencia, dibujan un escenario alentador: menos créditos, menor saldo de deuda y ahorros proyectados a futuro. Pero como suele ocurrir en el terreno de las finanzas públicas, lo relevante no es solo lo que se dice, sino cómo se dice… y qué se omite.
El dato más vistoso es la reducción del saldo de la deuda estatal: de 47 mil 775 millones de pesos en diciembre de 2024 a 43 mil 373 millones en marzo de 2026. Es decir, una disminución cercana al 10% en poco más de un año. A simple vista, el mensaje es contundente: el estado está desendeudándose. Sin embargo, el análisis fino obliga a matizar.
Primero, la disminución no responde exclusivamente a una política agresiva de pago, sino a una combinación de factores: pagos ordinarios (744 millones) y, sobre todo, liquidación de créditos (3 mil 658 millones). Esto último implica que parte del “logro” proviene de reordenar pasivos, no necesariamente de generar ingresos extraordinarios o superávit sostenido. En otras palabras, se está pagando deuda, sí, pero también se está administrando estratégicamente su estructura.
Más interesante aún es el discurso sobre los “ahorros”. Se habla de 2 mil 904 millones de pesos en ahorro por intereses y una liberación de participaciones por 63 mil 765 millones hacia 2040. Aquí es donde la narrativa gubernamental se vuelve más ambiciosa… y más cuestionable.
Porque proyectar ahorros a 15 o 20 años siempre luce bien en una presentación, pero en términos reales depende de variables que ningún gobierno controla completamente: tasas de interés, inflación, crecimiento económico y, por supuesto, estabilidad política. Dicho de otro modo, no es dinero que hoy esté en caja, sino una estimación sujeta a condiciones futuras.
Hay otro punto que merece atención: el énfasis en que todo se hizo sin contratar nueva deuda y sin ampliar plazos, bajo el marco de la Ley de Disciplina Financiera. Esto, sin duda, es positivo en términos de responsabilidad fiscal. Pero también revela una limitación: el margen de maniobra es estrecho. Si no hay nueva deuda ni ampliación de plazos, la capacidad de inversión pública dependerá estrictamente de ingresos disponibles y de la eficiencia del gasto. Y ahí es donde se pondrá a prueba el verdadero impacto de esta estrategia.
El gobierno plantea que la liberación anual de participaciones —más de 4 mil 500 millones— permitirá mayor disponibilidad de recursos. La pregunta clave es: ¿en qué se traducirá eso para los ciudadanos? Porque reducir deuda es una condición necesaria para la estabilidad financiera, pero no suficiente para mejorar servicios, infraestructura o bienestar social.
En el fondo, lo presentado es una señal de orden administrativo más que de transformación estructural. Veracruz no está en crisis financiera —como en otros momentos de su historia reciente—, pero tampoco ha resuelto de fondo su dependencia de recursos federales ni su limitada recaudación propia.
La lectura política es inevitable. En un contexto donde la credibilidad gubernamental se juega también en la percepción, mostrar disciplina financiera es un activo. Pero el riesgo está en sobredimensionar los logros y convertir cifras técnicas en propaganda.
Porque al final, la pregunta no es si la deuda bajó —que sí bajó—, sino si esa reducción está cambiando la vida de los veracruzanos o solo afinando el discurso del poder.
Al tiempo.
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