Abusos, trata, pedofilia, tráfico de influencias y el blindaje a La Luz del Mundo en México La Aurora de México
En este abril, un juez federal en Guadalajara tiene sobre la mesa una decisión que resume una de las mayores contradicciones del sistema de justicia mexicano: reabrir o no una investigación iniciada en 2019 contra la cúpula de La Luz del Mundo por abuso sexual, trata de personas y operaciones financieras ilícitas, que la Fiscalía General de la República decidió cerrar pese a los testimonios de víctimas.
Ese expediente —abierto tras las primeras denuncias formales impulsadas por sobrevivientes como Sochil Martin— acumuló durante siete años declaraciones, evidencia documental y señalamientos directos contra el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, en junio de 2025 la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal, decisión hoy impugnada ante el Poder Judicial.
Mientras México archiva, Estados Unidos acumula cargos que podrían llevar a cadena perpetua.
La indagatoria iniciada en 2019 en México —derivada de denuncias por abuso sexual infantil, trata y lavado de dinero— se convirtió en el eje judicial nacional del caso. Durante años, la investigación reunió testimonios de víctimas que describían patrones sistemáticos de abuso dentro de la estructura religiosa.
Aunque los números específicos de carpeta no han sido transparentados públicamente por la FGR, el expediente —s, según las víctimas— integró testimonios directos de múltiples víctimas, incluidas menores de edad, señalamientos de tráfico de personas y explotación sexual y evidencia sobre operaciones financieras irregulares. A pesar de ello, la Fiscalía cerró el caso.
La reacción fue inmediata. Las víctimas denunciaron que el “carpetazo” ignoró pruebas sustanciales y acusaron que la decisión perpetúa una red de impunidad.
Hoy, el caso se encuentra en revisión judicial, cuyo paso más reciente ocurrió el 16 de abril de 2026: con la audiencia para determinar si se revoca el cierre, misma que fue aplazada.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la fiscal Ernestina Godoy busca reabrir el expediente tras la inconformidad de las víctimas.
Pero en México, después de siete años de investigación, no hay órdenes de aprehensión ni imputaciones formales.
Mientras la justicia mexicana se detenía, el caso avanzó de forma acelerada en tribunales estadounidenses, con fechas, cargos y víctimas claramente definidos.
El 3 de junio de 2019, Naasón Joaquín García es detenido en Los Ángeles, cuando la Fiscalía de California lo acusa de 26 delitos, incluidos violación de menor, trata y pornografía infantil. Los hechos imputados ocurrieron entre 2015 y 2018.
En 2020 se señala como coacusada a Alondra Ocampo, quien se declara culpable de abuso sexual de menores.
El 3 de junio de 2022, el llamado “apóstol” de La Luz del Mundo se declara culpable de tres cargos. Cinco días después recibe una sentencia de 16 años y 8 meses de prisión. El caso incluyó al menos tres víctimas menores reconocidas en la condena, aunque los fiscales sostuvieron que los delitos eran más amplios.
El caso se expande a crimen organizado
Lejos de cerrarse, el proceso en Estados Unidos escaló, hasta que en septiembre de 2025 se procesó una acusación federal en Nueva York por crimen organizado, tráfico sexual, explotación infantil y pornografía infantil.
La acusación incluyó a seis imputados, entre ellos familiares directos, parte de una red que operó durante décadas en múltiples países.
Existe una estimación basada en las compras y propiedades a nombre de La Luz del Mundo, que señalan que Naasón Joaquín y su familia poseen propiedades valoradas en aproximadamente $7.3 a 7.6 millones de dólares.
Los fiscales describieron una estructura donde se reclutaban víctimas dentro de la iglesia, se utilizaba la doctrina para justificar abusos y de ejercía coerción para evitar denuncias. Algunos cargos contemplan cadena perpetua.
El juicio está programado para 2027, lo que significa que el proceso sigue abierto y en expansión.
Mientras en México el caso depende de si un juez revierte una decisión administrativa, en Estados Unidos el expediente crece y se profundiza.
Una estructura que trasciende generaciones
La iglesia, fundada por Eusebio Joaquín González en 1926, evolucionó como una organización jerárquica donde el líder concentra autoridad absoluta.
Las acusaciones actuales en Estados Unidos sostienen que los abusos no fueron hechos aislados, sino una práctica que se repitió durante generaciones dentro de la cúpula. Ese patrón ya había sido denunciado desde los años noventa en México, sin consecuencias penales.
Hoy, el expediente mexicano está en un punto crítico, ya que si el juez revoca el “no ejercicio de la acción penal”, la FGR deberá reabrir la investigación. Si lo confirma, el caso quedará formalmente cerrado en México.
Las víctimas han advertido que esta resolución marcará un precedente sobre la capacidad del Estado mexicano para investigar delitos dentro de organizaciones religiosas con poder político.
El poder de La Luz del Mundo no se limita al ámbito religioso. Diversos reportajes han documentado vínculos con actores políticos, particularmente dentro del movimiento de la llamada “cuarta transformación”.
Figuras como Emmanuel Reyes e Israel Zamora Guzmán han sido señaladas por su cercanía con la congregación. Este último, a través de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), impulsó en 2019 un homenaje a Naasón Joaquín en el Palacio de Bellas Artes —uno de los recintos culturales más importantes del país— apenas días antes de su detención en Los Ángeles y a la que asistieron figuras del Morenismo, como Martí Batres.
Ese episodio simboliza el nivel de legitimidad pública que la organización logró construir: una mezcla de influencia política, movilización de fieles y capacidad económica.
La Unidad de Inteligencia Financiera llegó a congelar cuentas vinculadas a la iglesia por cerca de 20 millones de dólares, detectando discrepancias financieras. Sin embargo, ese caso también fue archivado.
A pesar de su encarcelamiento, Naasón Joaquín sigue siendo reconocido por millones de fieles como líder espiritual. La iglesia ha rechazado todas las acusaciones, se han gastado mucho de su presupuesto para su defensa y han calificado las denuncias como persecución y conspiración mediática.
Este fenómeno —un líder condenado que mantiene autoridad simbólica— no es inédito en estructuras religiosas altamente centralizadas, pero en este caso adquiere una dimensión particular por la acumulación de denuncias y la evidencia judicial.
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