Según las investigaciones sobre fiesta vallenata en cárcel de Itagüí, presos dejaron que el anfitrión fuera un guardia del Inpec: lo hacía frecuentemente Infobae
La aparición de una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí ha sacado a la luz la profundidad de la corrupción en el sistema penitenciario colombiano, al confirmarse la participación directa de un guardián del Inpec en la organización del evento llevado a cabo el 8 de abril del 2026.
Realizada en el pabellón de máxima seguridad, la celebración reunió a capos de organizaciones criminales y mostró el acceso a lujos prohibidos, lo que generó indignación y expuso la complicidad institucional.
La fiesta vallenata dentro de la cárcel de Itagüí fue organizada por un funcionario del Inpec señalado en investigaciones reservadas de la Fiscalía. De acuerdo con documentación interna y testimonios, este guardián sirvió como facilitador principal para los presos de mayor poder, autorizando el ingreso de bienes y personas no permitidas a cambio de dinero y acumulando así un patrimonio notablemente superior a sus ingresos oficiales.
Rol del guardián del Inpec y privilegios para los capos
De acuerdo con las denuncias recogidas por Semana, el guardián investigado llegó a poseer cuatro apartamentos, locales y un vehículo de alta gama valorado en más de 180 millones de pesos, pese a tener un salario mensual menor a seis millones.
Este patrimonio habría sido reunido durante el actual Gobierno, periodo en que los beneficiarios buscaban acuerdos de paz en el penal.
Varios informes internos describen cómo este funcionario se convirtió en anfitrión frecuente de eventos y fiestas dentro de la prisión.
Diversas fuentes lo señalan ante la investigación de la Fiscalía como responsable de permitir la entrada de objetos prohibidos y de otorgar un trato diferencial a los capos, que recibían beneficios impensables para otros reclusos y eran objeto de protección institucional, dificultando las labores de control.
Pese a las investigaciones y denuncias persistentes presentadas ante otros órganos de control, según lo recogido por Semana, el guardián habría mantenido su cargo y su cercanía con los internos de mayor poder.
Fiestas y lujos en la cárcel de Itagüí
Los eventos irregulares denunciados incluían licor, cerveza, mujeres y celulares circulando libremente en las celebraciones clandestinas.
Entre los hechos expuestos por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, destaca la organización de una tarde de hamburguesas y la entrada de prostitutas al penal, permitida por funcionarios y sin dejar registro alguno.
El episodio más destacado fue la parranda vallenata del 21 de febrero, que contó con la presentación del cantante Nelson Velásquez ante los internos. Según cifras aportadas por la concejal y confirmadas por reportes internos, la fiesta tuvo un costo superior a 500 millones de pesos y se repartieron cerca de 100 millones entre funcionarios que facilitaron el ingreso y realización del evento.
La normalización de la corrupción fue reconocida por empleados del Inpec en declaraciones recogidas por el medio mencionado: “La corrupción ya es normal en este establecimiento; nos duele porque no todos estamos juntos en la corrupción y en las tajadas de plata que ofrecen por ingresar cosas y permitir cosas”.
Reacciones institucionales y crisis de credibilidad
Las denuncias sobre estos privilegios fueron elevadas hasta el presidente Gustavo Petro hace más de un año, a través de un informe de la entonces ministra de Justicia.
En ese documento se advertía sobre la influencia de la senadora Isabel Cristina Zuleta en la gestión penitenciaria, incluyendo órdenes para suspender operativos en el pabellón de máxima seguridad del penal.
La exministra Ángela María Buitrago describió presiones para detener controles y requisas, argumentando el posible daño a procesos de paz en marcha.
Paralelamente, los informes de ilegalidades llegaron a la Fiscalía, que mantiene investigaciones abiertas sin lograr sanciones definitivas.
El Inpec llegó a suspender a varios funcionarios hallados responsables en el escándalo, pero la Procuraduría revocó posteriormente la medida, permitiendo el regreso de los involucrados a sus funciones.
