Los comités bioéticos de España y Portugal apuestan por una red social pública Infobae
Madrid, 17 abr (EFE).- El Comité de Bioética de España (CBE) y el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de Portugal (CNECV) han elaborado un informe que analiza el impacto de las tecnologías digitales en la salud de la infancia y la adolescencia, que, entre otras recomendaciones, plantea la creación de una red social digital financiada con fondos públicos.
Este documento, dado a conocer este viernes, es fruto de la colaboración que desarrollan desde 2011 estos dos comités, y fue aprobado en su última reunión el pasado mes de marzo en el marco de sus funciones, entre ellas analizar las cuestiones éticas que surgen por los avances científicos.
El informe concluye con una serie de recomendaciones a los actores implicados, es decir Estado, empresas tecnológicas, profesionales de la salud, ciudadanos, centros educativos, familias y usuarios jóvenes.
Entre ellas, al Estado le insta a la promoción de una red social digital financiada con fondos públicos, que cumpla con los valores expresados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFREU).
Esa red social, prosigue, debería apoyar "la producción de contenido digital que favorezca la alfabetización digital y el uso equilibrado de las tecnologías, con vistas al desarrollo saludable de niños, niñas y adolescentes; abogue por la equidad digital, aprovechando la transformación digital como una oportunidad para reducir la brecha de exclusión entre diferentes grupos sociales (por ejemplo, garantizar el acceso igualitario a los servicios digitales y la conectividad universal)".
En ella, no habría cabida para los contenidos que violen los derechos humanos, ni a la difusión de noticias falsas, según el capítulo de recomendaciones al Estado incluidas en el documento, que también plantea la creación de una aplicación pública de Bienestar Digital Familiar que contenga información y sugerencias para un buen uso de las redes.
Asimismo, propone que el Estado elabore una ley de salud digital para menores que incluya una regulación actualizada y permanente de la industria tecnológica para "limitar las características nocivas (desplazamiento infinito, reflujo intermitente) y proteger la privacidad de los menores", entre otras muchas medidas.
A las empresas tecnológicas, las insta a "cumplir con la legislación y reconocer que las medidas de limitación de edad o acceso no agotan sus deberes ni las eximen de responsabilidad en prácticas de arquitectura digital y modelos de negocio que explotan vulnerabilidades típicas de la infancia y la adolescencia", es decir, los algoritmos.
Las medidas no solo se reducen al marco legislativ0o y el texto propone a los centros educativos fomentar la socializa0ción al aire libre, la regulación del uso del teléfono móvil dentro y fuera del aula, y "el equilibrio entre actividades 'online' y presenciales".
También apela a la responsabilidad individual de las familias para establecer horarios claros para el uso de pantallas entre los menores, e interpela a los usuarios jóvenes, a los que plantea ser prudentes y buscar información fiable para sopesar posibles beneficios o perjuicios del uso de las redes.
Aunque entre las recomendaciones el informe plantea la limitación de horarios, el documento amplia el foco y explica: "El impacto de la tecnología digital no depende solo del tiempo de uso, sino del cómo, cuándo y con quién se usa la tecnología: influyen el contenido, el propósito, el contexto, la mediación adulta y las vulnerabilidades previas".
Por ello, asegura que "no hay base sólida para imponer límites rígidos y uniformes centrados solo en minutos de pantalla, ya que incluso pueden generar efectos adversos como aislamiento o aumento de desigualdades".
El texto sostiene que la respuesta "no pasa por demonizar la tecnología ni aceptarla acríticamente", sino por fomentar la resiliencia digital y la "seguridad, privacidad y diseño". EFE
