Citlalli se va a Morena: las alertas de género nunca fueron prioridad Periódico Correo

1.- Citlalli se va a Morena: las alertas de género nunca fueron prioridad

Con la salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de Mujeres para integrarse como encargada de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, surge la duda de si habrá impacto en el avance de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 17 municipios de Guanajuato.

De entrada, su salida no altera el proceso. Pero no porque este marche con solidez, sino porque ha prevalecido un evidente desinterés en empujar su cumplimiento y, sobre todo, su efectividad. No solo en Guanajuato, sino en la veintena de entidades donde opera este mecanismo.

A un año y medio de haberse activado la alerta en el estado, ha habido acciones, como la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, la elaboración de informes mensuales y semestrales por el estado, todos exigidos por norma. Pero no ha existido una sola revisión federal que evalúe si hay avances reales o si, de plano, el estado incumple. Lo que hay es una maquinaria burocrática que reporta y genera informes, mientras la Secretaría de Mujeres se limita a acumularlos sin dictamen alguno.

Nunca fue una prioridad. Así lo dejó entrever en su visita de marzo de 2025, cuando reconoció la necesidad de replantear estos mecanismos para combatir la violencia de género. El señalamiento tampoco es negativo, activistas, académicas y actores políticos —como la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo— han coincidido en que la alerta y las acciones marcadas, por sí solas, no resuelven el problema.

Si su presencia ya era marginal para un avance sustantivo, su salida difícilmente implicará un retroceso. Se trata de un trabajo técnico que nunca terminó de empatar con su perfil como operadora política. Ahí están sus constantes giras acompañando a Claudia Sheinbaum, incluso en eventos con escasa relación con sus funciones.

Desde la Secretaría fue más visible su operación política —aunque contenida— que institucional. Un ejemplo fue el programa Tejedoras de la Patria y el reparto masivo de cartillas de derechos de las mujeres. Según la propia presidencia, se distribuyeron 25 millones en el país. Bajo el discurso de difusión de derechos, se buscó la construcción de una estructura política afín al régimen.

En Guanajuato, por tanto, no hay riesgo de que la revisión de la alerta se detenga. En rigor, nunca ha empezado. Ahora Citlalli Hernández regresa al partido a intentar recomponer las alianzas fracturadas y profundizadas por la presidenta morenista, Luisa María Alcalde Luján, de quien se dice ya le están cantando las golondrinas.

Por cierto, ayer la diputada local panista y presidenta de la Comisión de Igualdad, Susana Bermúdez Cano, lanzó un fuerte mensaje tras la salida de la funcionaria federal para irse a la estructura del partido: “por un tema de ir a ayudar a las alianzas de Morena, deja de lado a las mujeres mexicanas, sus derechos, sus intereses, sus problemáticas. No les interesan las mujeres, y sí Morena. Esa es la lectura que yo le doy”.

2.- Mal uso de la inteligencia artificial, la discusión lenta y fragmentada

El diputado federal del PAN, Alan Márquez Becerra, difundió un video en el que usa inteligencia artificial para explicar una de sus iniciativas sobre el tema. Mientras habla de los riesgos del robo de identidad con IA, su rostro va cambiando al de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la presidenta Claudia Sheinbaum y los expresidentes Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, entre otros.

Más allá de lo llamativo —y bastante ilustrativo— del ejercicio de comunicación, la regulación ya lleva tiempo en la discusión pública, aunque en el país seguimos en pañales. No hay una ley general que regule de fondo la inteligencia artificial; lo que existe es un marco fragmentado y orientado a la sanción.

A nivel mundial, la regulación tampoco tiene mucho tiempo, pero sí va más adelantada. La Unión Europea lleva la delantera y, más cerca, en Estados Unidos ya hay avances en temas como el uso de imagen y voz sin consentimiento, similar a la iniciativa del panista.

La propuesta de Márquez Becerra plantea sanciones de 4 a 10 años de prisión para quien cometa robo de identidad con IA, con agravantes si se usa para fraude o desprestigio. Cobra más relevancia sobre todo frente a prácticas que ya están ocurriendo y que seguramente van a crecer. Ahí están, por ejemplo, las campañas negras de tinte político que ya circulan en Guanajuato.

El problema es que la iniciativa, presentada desde el año pasado, sigue empolvada y nada indica que vaya a avanzar. Y en el escenario de que lo hiciera, hay muchas zonas grises, empezando por la capacidad real de las autoridades para investigar y perseguir estos casos.

La IA —y su mal uso— parece ir mucho más rápido que la capacidad institucional y legislativa.

3.- Comisión de Víctimas en Guanajuato: pan con lo mismo

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) fue la más señalada en las quejas presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) en 2025. De los 2 mil 917 expedientes, 982 corresponden a esta institución.

Como ha documentado Periódico Correo, hay un matiz importante. Un grueso de estas quejas proviene de algunos colectivos cuyos liderazgos han utilizado este mecanismo como forma de presión y del que, claramente, obtienen un beneficio económico: coyotaje.

El titular de la CEAIV, Francisco Javier Juárez León, reconoció que esta problemática persiste. Más del 90% de las quejas están relacionadas con prácticas de coyotaje. Pero una cosa es reconocer el problema y otra actuar. Y eso es justamente lo que no ha ocurrido.

Juárez León parece ocupar más tiempo en eventos de gobierno, yendo a aplaudir, que en fortalecer a la Comisión. Ahí tampoco puede ocultarse que los tiempos de respuesta siguen siendo largos y que han contribuido a que el volumen de quejas se mantenga.

El funcionario tuvo suerte cuando durante su entrevista en el Congreso, en el proceso para la designación de la persona titular de la CEAIV, no fue cuestionado sobre el coyotaje, como sí ocurrió con los otros dos perfiles. Desde entonces ha asumido la misma posición que su predecesor, con justificaciones para salir al paso, sin que se advierta un ánimo real de combatir estas prácticas, que engordan los bolsillos de particulares aprovechándose del dolor y el desconocimiento de las víctimas. Una decisión valiente que en la Comisión no están dispuestos a tomar.

Contra Retrato

Ricardo Ferro Baeza

Ayer, en el Congreso, la quejosa se apersonó junto con su abogado y denunció que el legislador adeuda más de 790 mil pesos y se ha negado a cumplir con lo que —asegura— le corresponde como parte de la herencia. De acuerdo con su versión, son al menos dos años en los que el morenista habría evadido cumplir lo estipulado en el testamento.

El caso no es nuevo. Desde hace un año, Torres Breuer hizo llegar un oficio al Congreso del Estado —con sello de recibido del 14 de marzo de 2025—, en el que ya advertía que el testamento contemplaba un reparto de bienes que no se concretó. Ante ello, promovió una demanda para obtener una pensión, misma que le fue otorgada por orden judicial en marzo de 2024, por más de 30 mil pesos mensuales.

Las acusaciones son bastantes graves. En ese mismo documento señaló que, desde el 10 de marzo de 2025, presentó una denuncia por incumplimiento de obligaciones, fraude procesal, abuso de confianza y falsedad ante la autoridad. El oficio, de más de 30 hojas, incluye pruebas del proceso legal y de las denuncias interpuestas desde ese entonces.

Pese a la gravedad de los señalamientos, Ferro Baeza —“líder” de los morenistas en el Congreso— evitó fijar postura directa, lo que dice mucho de su altura política. Pero además dejó un mensaje cuestionable: el uso de recursos humanos y materiales del Grupo Parlamentario para intentar contener un asunto de la esfera personal. La encargada de Comunicación Social de Morena en el Congreso, Wendoline Adame, irrumpió en la zona donde se realizaba la rueda de prensa para repartir la postura elaborada para el legislador, incluso entregando una copia a la propia quejosa. Un gesto inclinado a la intimidación.

Ferro Baeza sostiene que la información es falsa y que se busca dañar su imagen. También se afirma que no está registrado en el Padrón Nacional de Deudores Alimentarios.