Llegaron a EU ‘por las buenas’; ahora hacen las maletas Diario.mx

En el verano de 2025, José, su esposa Carolina y su hija adolescente se presentaron a su primera audiencia programada en un tribunal de inmigración en el Centro de El Paso. La familia creía que iba a argumentar su caso para el proceso de asilo político después de huir de Venezuela.

Poco más de un año antes, la familia había seguido las reglas que la administración Biden había establecido para ingresar a Estados Unidos: hicieron una cita a través de la aplicación CBP One para teléfonos celulares, se reunieron con un agente de Aduanas y Protección Fronteriza para solicitar asilo y recibieron “libertad condicional”, es decir, permiso para vivir y trabajar en el país mientras su caso estaba pendiente.

Pero en la audiencia de junio, el juez desestimó el caso de la familia sin escuchar ningún testimonio, siguiendo una orden de la administración Trump de que los jueces de inmigración desestimaran casos en masa para que los agentes pudieran arrestar a los inmigrantes antes de que salieran de las salas del tribunal, una política que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo posteriormente que se había adoptado por error.

En cuanto salieron del tribunal de El Paso, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas los arrestaron y los llevaron al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, una instalación privada operada por CoreCivic donde la familia dijo que su hija de 14 años rápidamente cayó en depresión y estuvo vomitando durante días.

En abril de 2025, la administración Trump canceló el estatus legal de las más de 900 mil personas que habían ingresado al país usando la aplicación CBP One; la mayoría había recibido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos hasta por dos años mientras sus casos estaban pendientes. Y les envió notificaciones a los inmigrantes que habían entrado usando la aplicación de que debían regresar a sus países de origen o serían arrestados.

El año pasado, El Paso ocupó el segundo lugar en el país en arrestos en tribunales de ese tipo, después de Nueva York, según un análisis de Joséph Gunther, matemático que analiza datos federales de inmigración.

José y su familia pasaron un mes en el centro de detención, que ha enfrentado acusaciones persistentes de grupos de defensa sobre “condiciones inhumanas, maltrato rutinario y violaciones al debido proceso”. Cuando fueron liberados y se les permitió regresar a Las Cruces, Nuevo México, donde habían vivido durante ocho meses, debían presentarse ante el ICE cada tres meses y recibieron una nueva fecha de audiencia para junio de 2027.

En cambio, la familia compró boletos de avión de ida a Venezuela.

“Lo que no entiendo es cómo alguien puede hacer todo bien y aún así ser tratado así”, dijo José, quien pidió que él y su esposa fueran identificados solo por sus nombres de pila porque temen ser blanco del Gobierno venezolano. “Siento que no tiene sentido porque entramos legalmente y aun así terminamos encerrados”.

El mes pasado, la jueza de distrito federal Allison D. Burroughs, en Massachusetts, dictaminó en un fallo de 25 páginas que la administración Trump revocó ilegalmente el estatus legal de quienes usaron la aplicación para teléfonos celulares. Burroughs le ordenó a la administración Trump revertir sus acciones, señalando que su orden aplicaba a los inmigrantes que usaron la aplicación entre mayo de 2023 y enero de 2025.

Pero para José y su familia, el trato que han recibido desde el año pasado los ha convencido de que estarían mejor abandonando sus sueños de hacer una vida en Estados Unidos.

“Honestamente, mi tiempo aquí me desilusionó”, dijo Carolina. “En cuanto salimos de la detención, le dije a mi esposo que nos íbamos de este país, que no me importaba adónde termináramos, pero que no nos quedábamos aquí”.

Huir de Venezuela

En Venezuela, José trabajaba como mecánico y arreglaba vehículos usados para revenderlos.

Una tarde en 2022, José y sus dos hermanos menores fueron a la capital, Caracas, a recoger tres motocicletas que José planeaba reparar y revender. Notaron a un hombre en una camioneta azul que los observaba, dijo.

En un puesto de control militar unos kilómetros más adelante en la carretera, José dijo que un soldado disparó al aire gritándoles a los hermanos de José que se detuvieran. En cambio, dijo José, sus hermanos dieron la vuelta y huyeron. Otros soldados salieron del edificio y comenzaron a disparar hacia sus hermanos mientras se alejaban, dijo.

José se tiró al suelo. Una bala atravesó el velocímetro de su motocicleta, dijo.

“Pensé que me habían disparado y, como estaba mojado por la lluvia, pensé que me estaba sangrando el estómago”, dijo.

José dijo que sus hermanos escaparon, pero los soldados lo agarraron y le ordenaron llamar a sus hermanos para que regresaran al puesto de control.

Al poco tiempo, dijo, su esposa, su cuñada y algunos amigos llegaron al puesto de control exigiendo saber dónde estaba José.

“Cuando el sargento vio que venían por mí, su actitud cambió inmediatamente y comenzó a tratarme bien”, dijo José. Fue liberado y le permitieron irse a casa. Dijo que sus hermanos tenían miedo de reportar el incidente, pero José decidió presentar una denuncia ante los fiscales locales.

Unas semanas después, él y su esposa vieron la misma camioneta azul pasando frente a su casa, dijo José.

“Empezamos a discutir si quizás deberíamos salir del país”, dijo.

De 2015 a finales de 2022, más de 7 millones de venezolanos huyeron del país durante una crisis económica y política que resultó en que muchos no tuvieran acceso a necesidades básicas como alimentos y medicamentos, una crisis atribuida a un gobierno autoritario acusado de corrupción y de perseguir a los disidentes.

En 2022, huyeron a Brasil, donde vivieron casi dos años, hasta que el país eligió a un nuevo presidente que restableció relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Teníamos miedo de que esto significara que se abriría un camino para que alguien de Venezuela viniera por nosotros”, dijo José.

Viajaron a Colombia, donde se unieron a otros venezolanos que también huían hacia Estados Unidos.

Tras una caminata de cuatro días por el Tapón del Darién, un tramo de 100 kilómetros de selva, montañas y ríos sin carreteras entre Colombia y Panamá, llegaron a México a finales de 2023. Les tomó tres meses reservar una cita a través de la aplicación CBP One en McAllen. En febrero de 2024 les permitieron entrar al país, según los documentos de inmigración de José.

Primero se mudaron a Kansas, donde José y su esposa pasaron seis meses trabajando en una planta procesadora de carne. José cortaba carcasas de res en cuartos a medida que pasaban en una banda transportadora, dijo. Luego se lesionó el hombro y necesitó cirugía.

La lesión laboral resultó en un acuerdo de 25 mil dólares con su empleador, dinero que usaron para reestablecerse en Las Cruces, Nuevo México, donde su cuñada se había mudado con su familia. Compró un auto y comenzó a hacer entregas de abarrotes de Walmart. Carolina a veces hacía entregas pero en su mayoría se quedaba en casa para ayudar a su hermana embarazada, mientras su hija se matriculó en la escuela secundaria.

Durante los siguientes ocho meses, los padres trabajaron mientras su hija iba a la escuela, esperando su fecha en el tribunal en junio.

‘Estoy aquí para deportarlos’

Tras su arresto en el tribunal de El Paso, mientras los agentes los transportaban a Dilley, la familia dijo que bombardearon a los agentes con preguntas sobre por qué su caso había sido desestimado y por qué estaban siendo detenidos si no habían entrado al país ilegalmente.

“No puedo decirles nada más, salvo que estoy aquí para deportarlos”, recordó José que le dijo un agente.

En el centro de detención, unos 120 kilómetros al suroeste de San Antonio, les dieron mamelucos azules y los separaron de inmediato, con Carolina y su hija durmiendo en un ala para madres e hijos mientras José fue al ala de hombres.

Dijeron que tenían que dormir con las luces encendidas porque la instalación no las apagaba por la noche. El desayuno se servía a las 7 de la mañana todos los días: huevos cocidos y avena.

Por las tardes, después de la cena a las 5, a José se le permitía llevar a su hija a un área recreativa al aire libre donde jugaban voleibol con otros detenidos.

Una tarde después de cenar, su hija vomitó. Sus padres la llevaron al centro médico de la instalación, donde le dieron algunas pastillas para las náuseas, pero durante los siguientes tres días siguió vomitando cuando intentaba comer, dijo José.

“Cada día me seguía preguntando cuándo íbamos a salir, y se quejaba de que no estaba durmiendo en su propia cama”, dijo José.

“Tenía miedo de pasar meses ahí, como otras personas”, dijo su hija.

Carolina se fue frustrando con cada día que pasaba. No podía abrazar ni tocar a su esposo, dijo. Intentaba consolar a su hija, pero era difícil mantener el ánimo de la adolescente cuando ella misma se sentía tan abrumada.

“Intentaba distraerla, le peinaba el cabello o simplemente estaba con ella, pero había momentos en que ni yo misma me aguantaba, y me quedaba en mi cuarto sola”, dijo Carolina.

Durante su segunda semana en el centro de detención, José llamó a un abogado que representaba a inmigrantes detenidos. El abogado le dijo que según un acuerdo de 1997 entre grupos de defensa y el gobierno federal, los niños no podían ser retenidos en un centro de detención por más de 20 días.

Eso les dio algo de esperanza. Su hija comenzó a contar los días, diciéndoles a sus padres en broma que si no fuera por ella, sus padres se quedarían en el centro de detención más tiempo.

A finales de esa semana, un oficial de asilo entrevistó a la familia por teléfono durante siete horas. Fue la primera vez que la hija se enteró de la razón por la que habían huido de Venezuela. Comenzó a sollozar al escuchar los detalles, dijo su padre.

“Intentamos mantenerle esas cosas ocultas porque no queríamos asustarla ni traumatizarla”, dijo José.

El oficial de asilo encontró su historia creíble, lo que les permitió quedarse en Estados Unidos para continuar con el proceso judicial. El 5 de julio fueron liberados y los dejaron en una estación de autobuses en Laredo, donde tomaron un autobús de regreso a Las Cruces.

Podían continuar sus vidas en Estados Unidos. Pero ya no querían.

‘Es difícil vivir con miedo’

Un viernes por la mañana reciente, después de empacar su equipaje y organizar su documentación migratoria, José fue a entregar un último pedido de abarrotes. Alrededor de las 10 de la mañana, Carolina escuchó un vehículo entrar al estacionamiento del complejo de apartamentos. Al principio pensó que era su esposo regresando apresuradamente, dijo.

Eran seis agentes del ICE con pasamontañas. Arrestaron al hermano de un vecino que también había emigrado recientemente de Venezuela.

Carolina llamó de inmediato a su esposo. Le dijo que se quedara donde estaba.

“Estoy nerviosa”, dijo, mientras grababa el arresto desde dentro de su habitación. Llamó a otros vecinos para advertirles que se quedaran adentro. “Nunca quiero que nadie pase por la misma experiencia que vivimos dentro del centro de detención”.

Después de que los agentes del ICE se fueron, José regresó a casa.

“Por cosas como esta es que nos vamos a casa”, dijo. “Es difícil vivir con miedo”.

Volaron a Miami a principios de esta semana y luego tomaron un vuelo el miércoles a Venezuela.

“Estoy muy nervioso”, dijo José en un mensaje de texto mientras se preparaban para reunirse con las autoridades de inmigración venezolanas.

Dos horas después envió un mensaje: “Nos dejaron pasar, gracias a Dios. Estamos contentos pero muy cansados”.