El acuerdo en Extremadura: rechazo a inmigración ilegal y Agenda 2030 entre las 74 medidas Infobae
Mérida, 16 abr (EFE).- Las políticas frente a la inmigración ilegal, la reducción de las cargas tributarias, el acceso a la vivienda protegida "inspirado en el principio de prioridad nacional", reducir la ecotasa de la central de Almaraz y blindar el sector primario frente a la Agenda 2030 marcan el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y Vox en Extremadura.
El documento de consenso recoge 11 grandes capítulos, con un total de 61 puntos de acción gubernamental que, a su vez, incluyen 74 medidas. Estas son:
- Rechazo expreso a la política de inmigración del Gobierno central y oposición por "todos los medios legales, jurídicos y políticos" al reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad.
- Promover acuerdos con los países de origen de los menores no acompañados para facilitar las repatriaciones y retornos efectivos de estos con sus padres.
- Rechazo a la ampliación de plazas de acogida de inmigrantes ilegales.
- Auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal con el objetivo de "reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente".
- Consignación presupuestaria para la realización de pruebas destinadas a la determinación de la edad de los menores no acompañados.
- Supresión de todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que "participen directa o indirectamente en promocionar, facilitar o sostener la inmigración ilegal".
- Creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva.
- En el ámbito de sus competencias, la Junta de Extremadura prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos "por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia".
- Supresión inmediata del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros de Educación Primaria y Secundaria de Extremadura.
- En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica.
- Ampliación de la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y de las tasas autonómicas.
- Reducción al 50 % de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública.
- Reducción "al mínimo legal" de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo.
- Construcción de al menos 3.500 nuevas viviendas protegidas.
- Creación de un sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
- Exclusión de dichos programas para quienes hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años.
- Nueva línea de avales públicos para familias numerosas, deducción autonómica del IRPF e impulso al alquiler estable.
- Blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y reducir la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en esta instalación en un 30 % anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura.
- Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas. El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos.
- Blindaje del sector primario frente a la agenda 2030. Este Gobierno se compromete, según recoge el documento, a no aprobar ninguna medida que "perjudique objetivamente" al sector primario y lo protegerá activamente -económica, política y jurídicamente- de "las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde".
- Ejecución definitiva del proyecto de regadío de 'Tierra de Barros', una infraestructura "estratégica para el desarrollo agrario y económico" de Extremadura.
- Planes de modernización de regadíos, infraestructuras hídricas y caminos rurales.
- Revisión de la delimitación de las zonas ZEPA y LIC, y simplificación de la normativa en los espacios integrados en la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Protegidos, así como la revisión de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos.
- Creación de un fondo de compensación destinado a "mitigar el impacto negativo" de desastres naturales, circunstancias adversas sobrevenidas o de "imposiciones normativas para proteger los sectores productivos".
- Plan de Mejora de la Sanidad extremeña orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad, el cual recogerá una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros anuales y la contratación de 1.500 profesionales adicionales.
- Incremento de las plazas residencias y de centros de día.
- Control del etiquetado de los productos extranjeros.
- Aplicación "firme" del desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal.
- El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "se inspirará en el principio de prioridad nacional", entendida como "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
- Homologación salarial progresiva a la media nacional para los docentes extremeños, gratuidad de las escuelas infantiles 0-3 años y prioridad al producto español en comedores públicos.
- Incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad, aumento de las deducciones fiscales para material escolar. EFE
