Elecciones Perú 2026: ¿Qué es una “insurgencia civil”, que fue convocada por Rafael López Aliaga? Infobae
El llamado de Rafael López Aliaga a una “insurgencia civil” tras los resultados de las elecciones generales de Perú en 2026 ha desencadenado una fuerte controversia política y judicial. López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato presidencial de Renovación Popular, denunció presuntas irregularidades en el conteo de votos y cuestionó la legitimidad de las autoridades electorales.
El dirigente exigió la anulación de los comicios y otorgó un plazo de 24 horas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que declare nulos los resultados, argumentando que el proceso favoreció a otros candidatos como Roberto Sánchez Palomino quien ahora figura en segundo lugar de la primera vuelta, pero con un margen muy estrecho con el líder de Renovación Popular.
¿Qué es el derecho de insurgencia ciudadana?
La convocatoria a la “insurgencia ciudadana” fue comunicada por López Aliaga a través de redes sociales y en declaraciones públicas. El político sostuvo que el país atraviesa una situación de fraude consumado y apeló al Artículo 46 de la Constitución del Perú, el cual reconoce el derecho de la población a la insurgencia en defensa del orden constitucional ante gobiernos considerados usurpadores o en procesos donde se violen las leyes electorales. El exalcalde definió la medida como una convocatoria a la resistencia nacional, que incluyó una marcha y actos de desobediencia civil con el objetivo de impedir la proclamación de autoridades que considera ilegítimas.
En su mensaje, López Aliaga instó a sus seguidores a desconocer la autoridad del JNE y de los organismos responsables del proceso. El dirigente enfatizó que su llamado buscaba movilizar a la ciudadanía en defensa de la voluntad popular. “Nos corresponde ejercer nuestro derecho constitucional a la insurgencia”, afirmó, y criticó a los funcionarios electorales por no responder a las denuncias de supuestas irregularidades en el escrutinio. La propuesta generó reacciones inmediatas tanto de agrupaciones políticas como de organizaciones civiles, que advirtieron sobre el riesgo de alterar la estabilidad democrática.
El artículo constitucional invocado por López Aliaga ha sido objeto de debate entre juristas y especialistas en derecho electoral. Diversos expertos han señalado que el Artículo 46 de la Constitución del Perú contempla el derecho a la insurgencia únicamente en casos de ruptura del orden constitucional y no para situaciones de desacuerdo con los resultados electorales. “La invocación de la insurgencia solo es válida frente a una dictadura o usurpación manifiesta, no ante la mera sospecha de fraude”.
Organizaciones de la sociedad civil y entidades internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresaron preocupación por la convocatoria. La Misión de Observación Electoral de la OEA emitió un pronunciamiento en el que respaldó la labor del JNE y destacó la ausencia de pruebas fehacientes sobre un fraude sistemático. Además, se conoció que representantes diplomáticos instaron a resolver las controversias por vías institucionales y dentro del marco constitucional, evitando acciones que puedan agravar el clima de polarización.
Ministerio Público toma medidas sobre esta convocatoria
El impacto de la convocatoria se extendió rápidamente. En distintas ciudades, seguidores del exalcalde realizaron manifestaciones frente a locales electorales y edificios públicos, reclamando la revisión de las actas y la nulidad de los comicios. La tensión aumentó en zonas donde el margen de diferencia entre los candidatos era reducido. Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos para evitar enfrentamientos y garantizar el orden público, mientras la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la calma y al respeto del marco legal.
La reacción de las autoridades no se hizo esperar. El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra López Aliaga por presuntos delitos de perturbación del orden público e instigación a la insurgencia. El expediente señala que las declaraciones del exalcalde podrían constituir una amenaza a la estabilidad democrática y a la integridad del proceso electoral. El propio Jurado Nacional de Elecciones respondió mediante un comunicado en el que rechazó “toda forma de presión o amenaza” y defendió la transparencia de los comicios.
El entorno político peruano atraviesa una etapa de alta conflictividad luego de las elecciones de 2026. Voceros de partidos de oposición y oficialismo coincidieron con el llamado a respetar la institucionalidad y la legalidad. La Defensoría del Pueblo reiteró la importancia de canalizar cualquier reclamo a través de los mecanismos previstos en la ley, evitando incurrir en acciones que puedan poner en riesgo la paz social.
Mientras avanzan las investigaciones y persiste la tensión en algunas regiones, la atención pública se concentra en las decisiones que adopten las autoridades electorales y el Poder Judicial. El desarrollo de la situación será determinante para el futuro inmediato del proceso democrático en Perú y para la credibilidad de sus instituciones.
