Resuelve un tribunal a favor del hijo del guerrillero Carmelo Cortés contra la CEAV El Sur de Acapulco

Chilpancingo, Guerrero, a 16 de abril de 2026.- El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, resolvió una sentencia a favor del hijo de los guerrilleros desaparecidos Carmelo Cortés Castro y Aurora de la Paz Navarro, Catarino Hernández del Campo, a quien la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), le había negado ayuda inmediata en alimentación y alojamiento”, en su calidad de víctima indirecta.

Carmelo y Aurora fueron fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionas (FAR) e integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en tanto que el primero fue, hombre de confianza del dirigente del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos.

La negativa de la CEAV había sido confirmada mediante un amparo resuelto por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México que dictó sentencia el 8 de octubre de 2025, en el que resolvió que la CEAV “fundó y motivó correctamente su acto”.

De acuerdo con el expediente 929/2025, el juzgado avaló el razonamiento de la Comisión en el sentido de que, “según un estudio socioeconómico del 31 de marzo de 2021, el quejoso era un proveedor de 51 años con ingresos, casa propia y apoyo familiar, además de que tenía seis años en el momento que ocurrieron los hechos”, es decir, la desaparición de su padre el también fundador de las FAR.

El juzgado concluyó que “no existía nexo causal inmediato entre las necesidades actuales y el hecho victimizante de 1974”.

Tras el amparo resuelto en su contra por el juez federal, Hernández del Campo, recurrió a la revisión del amparo 929/2025, ante el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y argumentó que el juez ignoró que la desaparición forzada es un delito continuo y permanente.

Señaló además, que el juez confundió la “inmediatez” de la necesidad actual con la temporalidad en la que inició el hecho victimizante.

Denunció, también, la “omisión de un control de constitucionalidad y convencionalidad” y que se le impuso una carga probatoria “desproporcionada para acreditar el nexo causal”.

En su sentencia del 10 de marzo pasado, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, calificó los agravios del querellante como “esencialmente fundados” debido a que la sentencia del juez carecía de “congruencia externa”, según se lee en el expediente.

“El Juez no atendió la verdadera causa de pedir y realizó un análisis distinto al propuesto en la litis”, resolvió el Tribunal, y, además, determinó que la CEAV resolvió la solicitud de forma “indebida”.

Concretamente se señala que la ilegalidad radicó en que la CEAV sustentó su negativa exclusivamente en un estudio socioeconómico de marzo de 2021 para resolver una solicitud formulada en marzo de 2022, “careciendo de elementos técnicos y actualizados”.

Además, refiere que la CEAV omitió integrar un expediente con el Comité Interdisciplinario Evaluador que incluyera estudios de trabajo social, dictámenes médicos y psicológicos para evaluar la vulnerabilidad real y actual de la víctima.

El Tribunal determinó que condicionar la procedencia de la ayuda al momento cronológico del hecho (1974) “es una interpretación restrictiva del artículo 8 de la Ley General de Víctimas, desconociendo que la desaparición forzada es un delito de carácter continuo”.

Por tanto, consideró que los agravios de la revisión adhesiva interpuesta por la CEAV fueron declarados infundados.

Derivado de estos argumentos, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo a Catarino.

Ello implica que la CEAV debe considerar que la resolución del 29 de marzo de 2023 ha quedado insubsistente de forma inmediata y automática.

Asimismo, debe evaluar de manera integral la situación actual del quejoso, y, para dicha evaluación, deberá “allegarse” de estudios de trabajo social, dictámenes médicos y psicológicos en un plazo no mayor a veinte días hábiles, (a partir de la notificación de la sentencia) identificando las secuelas de la victimización.

En la sentencia se agrega, también, que la Comisión deberá determinar la procedencia de las medidas solicitadas, “valorando la vulnerabilidad física, psicológica, social y económica bajo el principio de la protección más amplia”.

El Tribunal recomienda que las decisiones “deben ser dinámicas y centradas en la persona, garantizando la satisfacción de necesidades derivadas del hecho victimizante y evitando la revictimización”.

Según los asesores de la víctima indirecta, esta sentencia “representa una victoria sumamente importante en el ámbito del litigio constitucional y la defensa de víctimas”. Explican que “el error” del juez de amparo y de la autoridad administrativa fue equiparar la “necesidad inmediata” con la “proximidad temporal del delito”.

Además, al tratarse de una desaparición forzada en 1974, la autoridad asumió que casi 50 años después no podía haber urgencia.

“Nuestro argumento, validado por el Tribunal, demuestra que, en delitos de tracto sucesivo, como la desaparición forzada, las violaciones y sus impactos se siguen actualizando día con día”.

Los promoventes del amparo en revisión dicen que el Tribunal Colegiado establece un precedente “fuerte” en el debido proceso administrativo victimal y que la CEAV no puede “despachar solicitudes de medidas de ayuda basándose en información desactualizada”, como un estudio de un año antes, ni limitarse a un análisis documental y estático”.

En conclusión, el Tribunal Colegiado “le dice a la autoridad que la carga de investigar el nivel de vulnerabilidad recae en el Estado a través de sus órganos especializados, no en la víctima, y que la evaluación debe ser integral, progresiva y dinámica”.

Carmelo Cortés Castro, fue detenido el 30 de agosto de 1975 por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), y según informes de esta corporación murió la madrugada del 31 de agosto en la Ciudad de México tras un enfrentamiento, pero sus restos no fueron entregados.

Aurora de la Paz fue detenida el 3 de febrero de 1976 por la Policía Militar, y desde entonces se desconoce su paradero.

Texto: Redacción

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