El cártel de las batas blancas El Financiero

No somos Dinamarca. La ‘4T’ ha gestado la tormenta perfecta: al deterioro de instalaciones, la falta de insumos básicos y la escasez de medicamentos se añade ahora –agárrese– la falta de médicos que laboren en condiciones óptimas.

Fuerte a pico de botella

La nueva paradoja en la salud pública mexicana es silenciosa, pero gravísima. No está ni la veremos en los balances presupuestales ni en los proyectos e informes de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE u otras instituciones, sino en una fuerza laboral mermada por la brutal explotación y una estructura que mantiene a un grupo numeroso de doctores en estado de indefensión manifiesta.

En este país cuatrotero, hoy hay que alzar la voz por los médicos residentes, quienes enfrentan una vulgar explotación. ¡Así como lo está leyendo!

Mientras se discute un supuesto y utópico Sistema Universal de Salud (¿para qué diablos cancelaron el Seguro Popular?), el financiamiento del sistema y la escasez de especialistas, una crisis jurídica, laboral y ética amenaza con socavar la base misma sobre la que descansa la atención médica.

Las precarias residencias médicas

La mayor parte de la gestión médica en hospitales públicos descansa en los residentes. Desde su reconfiguración en 1969, el Sistema Nacional de Residencias Médicas (SNRM) evolucionó hacia un modelo que supuestamente es formativo y educativo, pero que termina siendo laboral. En la práctica, los residentes constituyen la principal fuerza operativa que, aunque no es reconocida como tal, realiza tareas clínicas, quirúrgicas y administrativas bajo condiciones que no cumplen con los estándares internacionales.

El resultado es un esquema de producción de servicios médicos basado en mano de obra altamente especializada, pero patéticamente barata: contratos temporales, ausencia de derechos laborales plenos, jornadas que exceden por mucho las buenas prácticas, así como falta de mecanismos efectivos de protección jurídica y de salud mental durante su formación.

Este modelo genera una distorsión económica: el sistema de salud reduce costos operativos a expensas del bienestar de sus propios profesionales en formación.

El brutal estrés al que están sujetos esos médicos ha derivado en problemas de salud mental que –¿recuerdan?– han propiciado hasta suicidios (Luis Abraham Reyes, Q.E.P.D, el más sonado).

–Fuerte a pico de botella–

Según una encuesta del colectivo “Médicos en Formación”, 41.9% de los residentes en México reportan violencia psicológica, con una alta prevalencia de acoso laboral y abuso de poder. En los últimos meses, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes ha documentado esta situación, así como casos graves de hostigamiento sexual y discriminación.

Inhalen y exhalen

O como lo han relatado residentes como Juan Pablo Cervantes, que se encuentra en Cuba continuando sus estudios, al habérsele negado, por parte de la DGES y la UNAM, la oportunidad de continuar su residencia después de un despido injustificado, y quien está en una batalla legal mediante un amparo contra Pemex, que solo argumenta que: “No se inscribió en tiempo a la casa de estudios”. Sin embargo, la verdad de las cosas es que no recibió sus vacaciones en tiempo y forma, como él mismo lo ha documentado, y que al final obtuvo las mismas para llevar a cabo tales trámites, previamente “denunciando y probando enfermedad ante la CNDH”. Él no descarta llevar el caso a la SCJN.

Desde una perspectiva económica, esto representa una ineficiencia estructural: el sistema invierte en formar talento que simultáneamente se deteriora. El impacto implica mayor deserción, fuga de talento hacia el sector privado, disminución de productividad, costos indirectos por errores en la gestión sanitaria, e incremento en litigios y conflictos laborales. Y, para acabarla de amolar, no existe un marco legal que regule todo esto, como sí lo hay en España o Colombia, por mencionar un par de ejemplos.

El cártel de las batas blancas

Uno de los elementos más críticos del Sistema Nacional de Salud es la concentración de poder en las jefaturas de enseñanza y servicios hospitalarios, que se han convertido en filtros discrecionales de permanencia y evolución de los residentes, sin una supervisión externa efectiva y con evaluaciones llenas de intereses particulares, influyentismo y hasta conflictos de interés.

Actualmente, el sistema de residencias está a cargo de Laura Cortés Sanabria y Magdalena Delgado Bernal, sin ningún resultado.

Fuerte a pico de botella

Este esquema de poder crea incentivos perversos; limita la formación de nuevos especialistas (reducción de competencia), mantiene estructuras de privilegio y externaliza el trabajo hacia los residentes, pues casi todos los que tienen base evaden sus responsabilidades contractuales, de tal manera que estamos ante un sistema distorsionado que muchas veces termina en deserciones generalizadas y, con ello, en el déficit de especialistas en perjuicio de los propios pacientes, que no tienen otra opción para atenderse que el alicaído sistema público.

Los residentes, que reciben menos dinero que cualquier beneficiario del bienestar, vamos, que los “ninis”, tratan de organizarse y buscar certeza jurídica para su papel mixto de educación-trabajo. Reclaman, con justa razón, la formación de un órgano independiente de supervisión conformado por universidades y autoridades del sector salud, que también vigile que haya evaluaciones transparentes de las residencias, que dejen atrás la falsa visión del sacrificio y sufrimiento en aras de la formación médica.

La realidad es terca.

El 24 de mayo se convocó oficialmente a un paro de labores nacional para todas las instituciones del SNRM, por distintos movimientos y organizaciones de residentes, con el lema #SinResidentesNoHaySalud.

Demostrándonos una vez más que el discurso de la ‘4T’ de primero los pobres es una falacia.