Ráfaga Quadratín México
La Opacidad Hermana de la Corrupción
La Seguridad Nacional, Argumento Oficial
En los Dos Últimos Sexenios se Oculta la Verdad
Las Investigaciones y Procesos al Archivo
Jorge Herrera Valenzuela
El presidente Donald Trump debería ser internado en un manicomio, dada sus manifestaciones extremas hacia el Papa León IV y por hacer viral una imagen en la que él suplanta a Jesucristo. Todo jerarca, representante de una religión, merece absoluto respeto.
En el sexenio del tabasqueño se puso de moda el declarar una reserva de cinco años o másen los manejos presupuestarios, tanto de ingresos como de egresos, tiempo en que la ciudadanía no debe saber cómo, en qué y porqué, el gasto oficial.
El argumento presidencial, implantado hace ocho años y ratificado a partir de 2024, nos dicen que no revelan las cifras de obras materiales, operaciones financieras y donativos a otros países, es “por seguridad nacional”.
De acuerdo con las instituciones de Seguridad Nacional y la Ley respectiva, son cinco los objetivos que abarca el concepto seguridad nacional:
Proteger al País frente a riesgos y amenazas.
Preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del Territorio.
Mantener el orden constitucional y la unidad de la Federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de Gobierno.
Defender al País frente a otros Estados o sujetos de Derecho Internacional.
Preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.
Hasta aquí no encuentro nada relacionado con que los Gobiernos en sus tres niveles, Federal, Estatal y Municipal, se vean afectados por revelar cómo se maneja el dinero de los contribuyentes. El omitir los informes hace pensar que algo debe ocultarse.
Por ejemplo, el total de las sumas millonarias para cubrir daños a terceros, los montos en pesos y centavos de los daños por funcionarios corruptos a las finanzas y erarios presupuestarios; tampoco sabemos a cuánto ascienden los donativos humanitarios al dictador de Cuba y la erogación por el contrato de tres mil médicos cubanos.
Por eso mismo, comento periodísticamente, a la reinante impunidad se une la opacidad oficial, de tal suerte que la corrupción se mantiene.
Las cifras relacionadas con las obras, Tren Maya, AIFA y Dos Bocas, requieren de una detallada información del porqué los iniciales presupuestos, se incrementaron en sumas multimillonarias.
En 2018 a los electores los convencieron de que el tabasqueño llegaría a Palacio Nacional para acabar con la corrupción, durante seis años invadió el círculo íntimo del presidente y reinó entre sus hermanos e hijos.
NIEGAN DAR INFORMACIÓN
Con anticipación a las mismas elecciones presidenciales de 2018, el tabasqueño en su campaña anunció la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad y cumplió su amenaza, involucrando al ingeniero Javier Jiménez Espriú, porque era un negocio de millonarios. El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes renunció al cargo.
Jamás, ni como candidato o presidente, presentó pruebas de la corrupción y los contribuyentes pagaron el capricho político, sin que se informará a cuánto ascendió “la reparación del daño” o sea indemnizar a los contratistas. Se habló de 300 mil millones de pesos.
Pronto el sexenio tuvo su primera mancha, al ser denunciado el gigantesco fraude consumado en SEGALMEX, lo equipararon con la llamada “Estafa Maestra”. Esa empresa estatal, Seguridad Alimentaria Mexicana, tuvo dos directores: Nacho Ovalle Fernández y Leonel Cota Montaño, así como a Hiram Benjamín Rubio Guzmán como encargado para el cierre sexenal.
Cayeron todos los empleados. Están procesados unos y en libertad otros. El licenciado Ovalle Fernández jamás fue relacionado con los hechos, inclusive al dejar Segalmex asumió la dirección general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en la secretaría de Gobernación.
Lo mismo aconteció, ya en este sexenio, con la denuncia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, los únicos responsables: los maquinistas. Ni los contratistas ni uno de los hijos del presidente tabasqueño fueron molestados. Hubo 14 muertos, además de los daños materiales.
En ambos casos, como en otros, los asesores y coordinadores presidenciales, junto con los funcionarios responsables, pueden afirmar que si se investigaron las denuncias y está la información a disposición de quien la solicite. Pero queda oculta la verdad.
En el AIFA, al que vox populi llama Central Avionera Internacional, jamás se ha informado cuánto cuesta, diariamente, la alimentación (desayuno, comida y cena) para militares, jefes, oficiales y tropa, que laboran en la terminal concesionada a la Secretaría de la Defensa Nacional.
INVESTIGACIONES EN SUSPENSO
Nos enteramos de las denuncias sobre hechos presuntamente delictuosos, consumados por funcionarios de alto rango federal o estatal. Inmediatamente se procede a iniciar las carpetas de investigación, se giran órdenes para realizar las investigaciones ministeriales.
Y escuchamos las frases tradicionales: “se llegará hasta las últimas consecuencias”. “No habrá impunidad”. El “caiga quien caiga” se queda a medio camino cuando suenan nombres de poderosos políticos del grupo tabasqueño. Detuvieron a los chivos expiatorios, a los ejecutores de los ambiciosos planes.
Para ejemplificar lo anterior, tenemos dos recientes casos.
En Tabasco se descubrió (¿?) que existía una organización criminal que operaba sin problema alguno. Fue conocida como La Barredora y su jefe era un señor de nombre Hernán Bermúdez Requena, apodado El Abuelo.
Lo sobresaliente del caso, es que don Hernán fue Secretario de Seguridad Pública con dos gobernadores de Tabasco, entre 2021 y 2024, y “alternó” su misión compartiendo intereses con el CJNG. Cometieron tráfico de drogas, homicidios, extorsiones, cobro de derecho de piso, secuestros, de acuerdo con información oficial.
Bermúdez Requena huyó a Asunción, Paraguay, a la casa de un sobrino y ahí, en septiembre pasado, fue aprehendido y entregado a las autoridades mexicanas. Desde entonces lo tienen en la prisión de Almoloya, Estado de México. Se mencionaron nombres de políticos en el pandero, quienes guardaron silencio. La Fiscalía General de la República guarda el expediente o carpeta “hasta que se enfríe, se congele, la publicidad”.
En las mismas circunstancias se encuentra el sonado “Huachicol Fiscal”, cuyas investigaciones iniciales duraron más de medio año. Está en el cajón de enfriamiento, donde la Fiscalía General de la Republica, coloca las carpetas para no involucrar a los “pollos gordos” que, en este caso, se trata de funcionarios navales.
La comercialización de combustibles, diésel y petróleo, se hizo en el sexenio pasado en forma clandestina y ninguna autoridad se enteró de ello. En las aduanas nada se sabía, el gobernador Américo Villarreal “ni idea tenía de lo que sucedía” y la operación estaba dirigida, según los investigadores, a cargos de dos connotados marinos.
El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando de los mismos apellidos. Ambos sobrinos políticos del titular de la Secretaría de Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán. Obvio que en Palacio Nacional el tabasqueño no recibió denuncia alguna.
Se hicieron detenciones y Manuel Roberto está, desde septiembre, en la prisión de alta seguridad El Altiplano.
Fernando Farías Laguna sigue prófugo e inclusive tramitó amparo federal para presentarse a declarar ante el juez y no ser detenido. Nunca se ha citado al almirante Ojeda Durán, ni se le llamará durante el juicio. Esperemos el olvido.
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