El avance de la insuficiencia renal agudiza el desafío sanitario en Guatemala con 30 nuevos casos diarios Infobae
En el transcurso de los últimos tres años, Guatemala ha experimentado un crecimiento sostenido en el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, con un promedio de 30 nuevos casos diarios que refleja la magnitud de este desafío sanitario.
La respuesta estatal incluyó un aumento superior al 100% en el presupuesto de la Unidad Nacional de Atención a Enfermos Renales (UNAERC), lo que permitió saldar deudas históricas y expandir la cobertura, aunque la elevada incidencia y mortalidad prematura plantean exigencias adicionales al sistema de salud.
El abordaje, además de implicar recursos financieros, se ha traducido en acciones constitucionales y judiciales para asegurar la atención, según consta en los registros oficiales presentados ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y validados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Córdova.
La asignación presupuestaria efectiva de Q530 millones en los últimos dos años ha permitido cerrar el año recién pasado, sin pasivos pendientes en la UNAER y duplicar el número de sedes departamentales, explico Pedro Dávila, director médico de asistencia de UNAERC.
Entre las mejoras destaca la expansión a localidades como Puerto Barrios, Escuintla, Jalapa, Quetzaltenango y la apertura de nuevos centros en la capital. No obstante, la diferencia de Q107 millones respecto al monto originalmente solicitado (Q637 millones) revela una brecha estructural que limita la capacidad de expansión y de respuesta ante el incremento de diagnósticos, comentó
Guatemala registra 30 diagnósticos diarios y concentra el segundo lugar mundial en años de vida perdidos por insuficiencia renal
De acuerdo con el coordinador del Programa de Salud Renal, Randall Gómez, el país ocupa la segunda posición en el continente americano en años de vida perdidos por insuficiencia renal. Este récord se atribuye a una incidencia elevada en personas jóvenes, particularmente en zonas rurales y trabajadores agrícolas de departamentos como Escuintla.
Gómez precisó ante la Comisión de Derechos Humanos: “Solamente en la UNAER se diagnostican 14 pacientes a diario; el Seguro Social detecta una cifra similar.
Eso equivale a un caso cada 45 minutos”. Esta suma diaria de diagnósticos, validada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la UNAER, eleva la cifra nacional a unas 14,000 personas bajo tratamiento de diálisis en el sistema público, de las cuales 9,500 se atienden directamente en la UNAER: 4,700 en hemodiálisis, 3,100 en diálisis peritoneal y 1,500 en estadios previos.
El dato diferencial que sitúa a la política guatemalteca en el contexto regional es la intervención frecuente del Estado mediante amparos constitucionales para garantizar la atención de los pacientes, especialmente en departamentos con alta incidencia. Así lo detalló Córdova en su comparecencia ante los diputados.
La insuficiencia renal se desarrolla a partir de diabetes, hipertensión, obesidad, mala alimentación o antecedentes familiares, patologías subdiagnosticadas en la mayoría de los nuevos pacientes, especialmente en el departamento de Guatemala, la zona más poblada, dijo Dávila. La Procuraduría de los Derechos Humanos identificó que aún existen más de 900 pacientes reconocidos oficialmente con daño renal que no acceden a atención pública, lo que subraya la persistencia de desigualdades y el desafío de cobertura.
Los resultados oficiales de Guatemala reflejan un proceso diagnóstico basado en análisis sencillos de sangre y orina para medir, entre otros parámetros, el nivel de creatinina. Gómez remarcó la importancia de identificar los factores de riesgo y recomendó realizar controles periódicos, ya que la enfermedad suele carecer de síntomas en las primeras etapas.
Cobertura y costos: entre la ampliación y las limitaciones presupuestarias
El crecimiento del financiamiento estatal permitió a la UNAER saldar una deuda acumulada de Q90 millones, duplicar la presencia territorial y ampliar la cantidad de pacientes activos. De acuerdo con el procurador Córdova, a pesar del aumento, los usuarios aún deben enfrentar un pago de entre Q350 y Q500 por intervención, además de los costos asociados a exámenes especializados, lo que supone una carga financiera significativa. La cobertura de medicamentos, según el funcionario, alcanza entre el 80% y 85% de las necesidades, superando el mínimo recomendado de 71%, aunque queda margen de mejora.
La ampliación de servicios en sedes departamentales responde a la necesidad de acercar la atención a las zonas más afectadas, entre ellas Malacatán, San Marcos, Retalhuleu, Cuilapa y Santa Rosa, junto a la capital, donde operan la sede central, la unidad de Villa Nueva y cuatro centros especializados.
El Ministerio de Salud, en coordinación con las carteras de Educación y Trabajo, promueve campañas de prevención para modificar hábitos alimenticios, fomentar el consumo de agua, reducir la sal y las bebidas endulzadas, e incentivar al menos 20 minutos de actividad física diaria, con la meta de reducir los factores de riesgo y la incidencia de enfermedad renal.
