La presencia de medicamentos falsificados dentro del sistema de salud pública en México ha encendido alertas debido a su impacto en pacientes y al crecimiento de redes ilegales que operan en la distribución de estos productos.
El mercado de medicamentos falsificados en México se ha expandido de forma sostenida en los últimos años, con un aumento de denuncias que pasó de 45 en 2018 a más de 250 anuales desde 2022, de acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Este crecimiento ocurre en paralelo a problemas de desabasto en el sector salud y cambios en los sistemas de compra pública durante la Administración federal.
La expansión del fenómeno no solo se refleja en cifras oficiales. Casos documentados muestran que estos productos han llegado a hospitales públicos, afectando directamente a pacientes. Uno de ellos es Francisco Chávez, quien recibió un tratamiento oncológico presuntamente falsificado en el Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto del ISSSTE, en Mérida. Tras la aplicación del medicamento, presentó reacciones severas y secuelas permanentes. “Después de que recibí este medicamento, mi vida cambió”, relató.
El fármaco involucrado es Keytruda, uno de los tratamientos contra el cáncer más vendidos a nivel mundial, cuyo precio en farmacias legales ronda los 100 mil pesos por vial en México, pero que en mercados ilegales puede conseguirse por cerca de 30 mil pesos. Este medicamento acumula seis alertas sanitarias en el país y al menos 17 lotes identificados como falsificados.
El fenómeno también se manifiesta en mercados abiertos. En el barrio de El Santuario, en Guadalajara, opera un corredor de farmacias ilegales donde se comercializan medicamentos robados, adulterados o falsificados sin receta médica. Este punto ha sido identificado por autoridades estadounidenses como un centro relevante de distribución irregular, donde la actividad ocurre “sin que las autoridades aparentemente hagan nada”.
Operativos recientes han confirmado la dimensión del problema. En agosto de 2024, autoridades federales aseguraron más de 12 mil dosis de medicamentos falsificados en Guadalajara, principalmente de tipo oncológico, tras denuncias de pacientes que presentaron reacciones adversas.
Especialistas del sector señalan que los medicamentos de alto costo, como los oncológicos o insulinas, son especialmente atractivos para redes criminales, debido a su alto valor y facilidad de falsificación. Estas prácticas incluyen desde contrabando y alteración de fechas de caducidad hasta la fabricación completa de productos apócrifos.
De acuerdo con documentos oficiales, los medicamentos falsificados suelen coincidir en tres características: alto costo, problemas de desabasto o falta de autorización en México. Entre 2020 y 2025, se registraron al menos 30 casos de falsificación de Keytruda en hospitales públicos y privados, dentro de un total cercano a mil 500 denuncias por medicamentos falsificados en ese periodo.
Hay medicinas falsas en sistema de salud pública
Chávez hizo lo que a veces hace un paciente cuando el sistema ya no alcanza: empezó a revisar por su cuenta. Fotografió dos cajas de Keytruda. Comparó la que le provocó los efectos adversos con otra. La diferencia no estaba en el nombre, sino en los detalles: una se veía profesional; la otra, golpeada, maltratada, con una tipografía casi igual, pero no del todo. Al revisar con más cuidado, detectó que dos de los frascos que le administraron pertenecían a lotes ya fichados por Cofepris: X003479 y Y011745.
Ese hallazgo individual abre una historia mayor: el gobierno mexicano compró medicamentos oncológicos falsificados utilizados para tratar a pacientes con cáncer en hospitales públicos del país. En algunos casos causaron efectos adversos. En al menos uno, hubo un fallecimiento confirmado, según MSD.
Este trabajo —que contempló la elaboración de cientos de solicitudes de información, entrevistas, revisión de expedientes judiciales, contratos públicos y comprobantes de compras— forma parte de la investigación global La medicina del millón (The Cancer Calculus), coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en el que participaron 124 periodistas de 48 medios distintos (incluido ICIJ) desde 37 países diferentes.
Keytruda está aprobado en Estados Unidos para tratar 19 tipos de tumor, entre ellos piel, pulmón, mama y colon. Cambió el tratamiento oncológico porque no ataca directamente el tumor: fortalece al sistema inmunológico para que lo combata. En algunos pacientes, eso significó transformar enfermedades terminales en padecimientos manejables. En otros, ganar meses o años. Merck sostiene que el precio refleja ese valor. Su vicepresidenta senior, Johanna Herrmann, defendió que la empresa tiene una larga trayectoria de fijar responsablemente el precio de sus medicamentos para reflejar su valor para pacientes, pagadores y sociedad.
Pero ese valor tiene una traducción brutal en el mercado. En México, el precio promedio por frasco ronda los 97 mil pesos y un tratamiento completo puede requerir entre 30 y 70 frascos, según portales médicos especializados y la propia página de Keytruda. En el mundo, la investigación de ICIJ encontró diferencias extremas entre países: unos 80 mil dólares al año en Alemania, 208 mil en Estados Unidos, 93 mil en Líbano, alrededor de 130 mil en Colombia, 65 mil en Sudáfrica y 116 mil en Croacia. En Sudáfrica, una sola dosis cuesta alrededor de 10 veces el ingreso mensual típico por hogar. En Guatemala, el suministro anual supera los 180 mil dólares. En India, un mes de Keytruda puede equivaler a más de 12 meses de salario.
Ese precio alto genera dos mercados paralelos. Uno es el mercado formal, donde gobiernos y aseguradoras cargan con presupuestos cada vez más tensos. El otro es el mercado negro, donde pacientes desesperados buscan versiones más baratas sin saber si están comprando el medicamento real o una falsificación. La investigación lo documenta de forma explícita: algunos pacientes, al encontrar inalcanzables los precios, terminan acudiendo al mercado negro.
México aparece en esa historia no sólo como un país con precios altos en relación con su nivel económico, sino como el único de los 30 países participantes en la investigación donde se evidenciaron múltiples casos de falsificación de Keytruda. Y no solamente en clínicas marginales o en un circuito periférico, sino en registros de instituciones públicas como ISSSTE e IMSS-Bienestar, entre 2022 y marzo de 2026.
A partir de registros de compra y almacén, la investigación identificó que 10 instituciones de salud pública adquirieron frascos que pertenecían a ocho lotes que más tarde fueron fichados y reportados con alerta de falsificación por Cofepris: T009249, T021792, U011628, U029451, DB50571, X015587, X003479 y Y011745. El dato central es duro por sí mismo: el gobierno compró frascos que posteriormente fueron reportados como falsos.
La falsificación de medicamentos de alta especialidad, según Anthony Zook, vicepresidente asociado de seguridad global de MSD (como se le conoce a Merck fuera de Estados Unidos y Canadá), se ha vuelto un nuevo campo de negocio criminal. En un correo electrónico dijo a ICIJ que “los grupos criminales ahora están atacando más comúnmente medicamentos que salvan vidas” y que México es “un país que nos preocupa especialmente debido a la gravedad de la situación del tráfico ilícito que afecta a los pacientes”.
El laboratorio ha presentado 20 denuncias penales relacionadas con la falsificación de Keytruda ante la Fiscalía General de la República. Pero fuentes ministeriales confirmaron que la FGR conoce en total 30 casos por reportes de falsificación del medicamento en los últimos cinco años. Los expedientes atraviesan el mapa nacional: Mérida, Colima, Puebla, Nuevo León, Guadalajara, Coahuila, Ciudad de México, Baja California Sur, Chihuahua y Aguascalientes. Se han detectado casos en hospitales públicos como el Siglo XXI del IMSS, en centros de salud de las fuerzas armadas —el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina y el Hospital de la Defensa Nacional— y también en clínicas particulares.
En varios expedientes, la Fiscalía ni siquiera reconoce a MSD como víctima directa del delito, pese a ser la fabricante del medicamento.
La única acción pública relevante en años ocurrió en agosto de 2024. La Secretaría de Marina colaboró con MSD y con la agencia de seguridad privada estadounidense AIT Enforcement para realizar un operativo en Guadalajara, después de que llegaron reportes de efectos adversos en pacientes que recibían Keytruda. En el barrio de El Santuario —conocido por el acceso fácil a medicamentos controlados a menor precio y sin control sanitario— detectaron una red de farmacias ilícitas del crimen organizado.
La otra parte incómoda del caso está en los contratos públicos. Cofepris ha emitido seis alertas para hospitales y consumidores por lotes falsificados de Keytruda. La primera se remonta a 2022, cuando personal del Centro Médico Naval de Ciudad de México identificó un vial sospechoso en una entrega de la empresa Top Pharma SA de CV. Cofepris envió los frascos a MSD e inspeccionó la sede de la distribuidora.
Top Pharma fue sancionada con más de 240 mil pesos tras el incidente. Aun así, siguió recibiendo contratos del gobierno: 91 contratos por un valor aproximado de 42.8 millones de pesos entre 2021 y 2025.
No fue la única. Medikament de México, también en la mira de Cofepris, obtuvo en 2021 y 2022 más de 70 contratos por casi 19 millones de pesos para el IMSS, ISSSTE y el gobierno de Veracruz.
En ese punto, la historia mexicana y la historia global se tocan. Porque el mercado del medicamento es tan valioso que cualquier grieta se vuelve negocio. La investigación de ICIJ describe cómo Merck construyó una fortaleza alrededor de Keytruda para mantener su dominio: al menos mil 212 solicitudes de patente en 53 países, regiones y territorios; 211 patentes concedidas que protegen el dominio del producto al menos hasta 2042, es decir, 14 años después del vencimiento de las patentes originales en 2028; y al menos 337 patentes pendientes que podrían alargar todavía más esa exclusividad. El 84 por ciento de esas solicitudes se presentó después de la aprobación del medicamento en 2014.
ICIJ también documentó otras prácticas: una estrategia agresiva de cabildeo, aprovechamiento de atajos regulatorios y una red de pagos a médicos y grupos de pacientes. En Estados Unidos, Keytruda recibió al menos 19 aprobaciones aceleradas. Entre 2018 y 2024, la empresa gastó casi 52 millones de dólares en honorarios relacionados con Keytruda para profesionales de la salud en Estados Unidos. Cinco médicos recibieron más de un millón de dólares cada uno. La compañía ha dicho que esos pagos ayudan a informar a la comunidad médica y mejorar la atención, y que cualquier colaboración con organizaciones de pacientes es independiente de la evaluación de medicamentos.
La discusión no es si Keytruda funciona. La propia investigación parte de reconocer que es un medicamento innovador, un salvavidas para millones.
Incluso la dosis está en disputa. Algunos investigadores de cáncer y expertos citados en la investigación sostienen que Merck promueve una dosis más alta de la necesaria. Investigadores de la Organización Mundial de la Salud estimaron que el mundo podría ahorrar 5 mil millones de dólares si los pacientes con cáncer de pulmón recibieran Keytruda de acuerdo con su peso, y no con dosis fijas. Merck respondió que sus fórmulas se basan en la evidencia clínica aprobada por la FDA. Pero otro oncólogo citado en la investigación, Bishal Gyawali, fue directo: no hay razón científica, médica o biológica para hacerlo así; la razón sería comercial, porque así venden más medicamento.
En países como India, médicos de hospitales públicos ya prueban dosis bajas. En Guatemala, un oncólogo del hospital regional de Quetzaltenango dijo que sólo podía dar Keytruda a dos o tres pacientes y que el resto quedaba fuera. “¿Qué me queda hacer? ¿Jugar a ser Dios?”, preguntó. En Brasil, miles litigan para obtener cobertura. En Sudáfrica, una dosis equivale a casi 10 veces el ingreso mensual típico del hogar. En Reino Unido, investigaciones citadas por ICIJ muestran que el sistema público ha pagado de más por el medicamento. En México, además de los precios altos en relación con la economía local, apareció otro escalón: la falsificación dentro y fuera del sistema de salud.
Eso vuelve especialmente relevante la frase de Peter Maybarduk, director del grupo de acceso a medicamentos de Public Citizen, citada en la investigación: existe toda una arquitectura que sostiene a Keytruda y a cada medicamento patentado, con gobiernos ricos defendiendo a la industria y sus reglas. Y esa arquitectura, en la práctica, se traduce en una historia conocida: poner las ganancias por encima de los pacientes. Para quienes tienen y quienes no tienen, agregó, también puede ser una historia sobre quién vive y quién muere.
Merck rechaza cualquier insinuación de falta de integridad. Johanna Herrmann, vicepresidenta senior de Merck, afirmó que nada es más importante para la empresa que la salud de los pacientes que usan sus medicamentos. También defendió que la empresa trabaja para que la atención médica sea asequible, eficiente, equitativa y sostenible a escala global.
Pero el problema mexicano no se resuelve con la defensa corporativa ni con el reconocimiento de que la industria en su conjunto opera de manera similar. Aquí hay compras públicas de lotes que terminaron bajo alerta de falsificación. Hay hospitales públicos administrando frascos sospechosos. Hay 30 casos conocidos por la FGR y ninguna sentencia. Hay operativos que encuentran armas, drogas, empaques y registros de inventario de medicamentos falsos, pero no logran atacar el delito principal. Hay distribuidoras sancionadas que siguen ganando contratos. Y hay pacientes que llegaron al hospital a buscar un tratamiento de alta especialidad y acabaron expuestos a una cadena donde conviven la burocracia, el crimen y la impunidad./Agencias-PUNTOporPUNTO
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