Si compró una moto con multas, esto debe hacer para evitar problemas legales en Colombia Infobae

Comprar una motocicleta usada en Colombia puede convertirse en un problema legal si el vehículo tiene multas pendientes que impiden su traspaso. Esta situación es uno de los riesgos más frecuentes en la compraventa de motos de segunda mano, especialmente cuando no se verifican los antecedentes antes de cerrar el negocio, según información obtenida por Revista Semana.

Las multas vigentes bloquean directamente el proceso de cambio de propietario ante las autoridades de tránsito. En Colombia, tanto el comprador como el vendedor deben estar a paz y salvo para poder formalizar el traspaso, lo que convierte este requisito en un punto clave dentro del proceso de compra, según información obtenida.

Además del bloqueo administrativo, el comprador puede enfrentar riesgos como embargos o incluso la inmovilización del vehículo. Esto ocurre cuando las deudas avanzan a cobro coactivo, lo que agrava la situación legal del bien y puede generar complicaciones adicionales.

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Qué pasa si la moto tiene multas y no se detecta a tiempo

Uno de los escenarios más comunes ocurre cuando el comprador descubre la existencia de comparendos después de haber entregado el dinero. En ese momento, el trámite de traspaso queda automáticamente bloqueado por las autoridades de tránsito, ya que no se cumplen los requisitos legales para el cambio de titularidad.

Esta situación implica que, aunque el comprador tenga la moto en su poder, no podrá registrarla a su nombre hasta que se salden las deudas pendientes. Mientras tanto, el vendedor sigue figurando como propietario legal del vehículo, lo que puede generar conflictos si existen otras obligaciones asociadas al bien.

Además, si las multas no se pagan, el vehículo puede entrar en procesos de cobro coactivo, lo que abre la posibilidad de medidas como embargos o inmovilización. Esto representa un riesgo directo para el comprador, quien podría perder el uso del vehículo pese a haber realizado el pago.

Otro aspecto relevante es que las deudas no solo afectan el trámite administrativo, sino que también pueden generar sobrecostos. Las multas acumuladas pueden incluir intereses o sanciones adicionales, lo que incrementa el valor que deberá pagarse para poder regularizar la situación.

Qué hacer para solucionar el problema y evitarlo

Ante este tipo de situaciones, la principal recomendación es verificar el estado del vehículo antes de realizar cualquier pago. Para ello, se pueden consultar plataformas oficiales como el SIMIT o el RUNT, ingresando la placa del vehículo y los datos del propietario para confirmar si existen multas pendientes.

Si se detectan deudas, una alternativa es negociar con el vendedor para que asuma el pago antes de concretar la compra. También se pueden establecer acuerdos en los que se defina quién será responsable de cancelar las multas, siempre dejando constancia por escrito.

Otra opción es acudir a acuerdos de pago con las autoridades de tránsito. En algunos casos, las Secretarías de Movilidad permiten formalizar convenios que, una vez estén al día, habilitan la expedición del paz y salvo necesario para avanzar en el traspaso.

Como medida preventiva, expertos recomiendan incluir en el contrato de compraventa una cláusula de saneamiento, en la que el vendedor garantice que el vehículo está libre de deudas, multas o cualquier tipo de gravamen. Esto brinda respaldo legal al comprador en caso de que surjan inconvenientes posteriores.

También se aconseja solicitar un certificado de tradición del vehículo y verificar el estado financiero del propietario antes de realizar el pago. Estas acciones permiten reducir el riesgo de adquirir un bien con problemas legales y evitan procesos largos o pérdidas económicas.

En un mercado donde las motocicletas son ampliamente utilizadas como medio de transporte y herramienta de trabajo, cumplir con estos pasos resulta fundamental para asegurar una compra segura y evitar complicaciones legales que puedan afectar la propiedad y el uso del vehículo.