Suprema Corte falló a favor de la propiedad privada en Hermosillo y frenó reglamento que permitía al municipio apoderarse de casas abandonadas y terreno baldío
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso que impacta directamente la forma en que los municipios pueden intervenir en propiedades privadas.
El Pleno determinó que el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, excedió sus facultades al intentar regular la posesión y uso de inmuebles abandonados mediante un reglamento municipal.
La resolución, correspondiente a la Controversia Constitucional 309/2024, fue tomada el 7 de abril de 2026.
Según lo expuesto por el Máximo Tribunal, el municipio invadió competencias que corresponden exclusivamente al Congreso local, lo que derivó en la invalidez de varias disposiciones.
La información proviene del propio fallo de la Suprema Corte, como fuente oficial.
¿Qué intentaba hacer el reglamento de Hermosillo?
El reglamento municipal buscaba regular los llamados inmuebles abandonados, incluyendo:
- Declarar el abandono de propiedades
- Permitir que el Ayuntamiento asumiera la posesión de inmuebles privados
- Autorizar el uso de esas propiedades por terceros, incluso para vivienda temporal
Esto incluía mecanismos como:
- Asignación de inmuebles a servicios públicos
- Contratos para que terceros habitaran las viviendas
- Cobro de contraprestaciones
¿Por qué la Suprema Corte lo declaró inválido?
La Corte fue clara en su análisis:
- Los municipios sí tienen facultades en:
- Desarrollo urbano
- Uso de suelo
- Ordenamiento territorial
- Pero no pueden:
- Crear figuras que impliquen adquirir la posesión de bienes privados
- Autorizar el uso o disfrute de propiedades de particulares
Esto, explicó el Tribunal, afecta directamente:
- El derecho de propiedad
- La seguridad jurídica
- El principio de legalidad
El reglamento introducía mecanismos administrativos que impactaban derechos protegidos por la Constitución.
¿Qué artículos fueron invalidados?
El Pleno invalidó varias partes clave del reglamento, entre ellas:
- Artículo 15: Permitía al Ayuntamiento asumir el carácter de poseedor
- Artículos 3 y 10: Autorizaban destinar inmuebles a uso público o vivienda temporal
- Artículo 8: Relacionado con la posesión
- Artículos 11 y 12: Sobre contratos, pagos y desocupación
En conjunto, estas normas:
- Excedían las facultades municipales
- Intervenían directamente en la propiedad privada
¿Qué sí se mantiene válido?
No todo el reglamento fue eliminado. La Corte validó disposiciones relacionadas con:
- Declaratorias de abandono de inmuebles
En específico, los artículos:
- 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 14
Esto porque estas acciones:
- Forman parte de facultades administrativas municipales
- Están relacionadas con el ordenamiento territorial
¿Qué significa esto para propietarios y ciudadanos?
La resolución deja claro un punto clave:
- Un municipio no puede tomar posesión de tu propiedad, aunque esté abandonada
En términos prácticos:
- Tu derecho de propiedad no puede ser limitado por reglamentos municipales
- Solo el Congreso local puede legislar sobre estos temas
- Cualquier intervención debe respetar procesos legales claros
¿Qué establece la Constitución sobre la información pública?
El Tribunal recordó que el artículo 6° constitucional señala:
- Toda información en poder de autoridades es pública por regla general
- Solo puede reservarse de forma temporal por:
- Interés público
- Seguridad nacional
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Pero estos criterios deben estar definidos en:
- La Ley General de Transparencia
- La Ley de Seguridad Nacional
No en legislaciones locales.
¿Por qué es importante este criterio?
La Corte explicó que la seguridad nacional:
- No protege intereses locales
- Está vinculada a temas como:
- Integridad del territorio
- Soberanía
- Estabilidad institucional
Por ello:
- Debe existir regulación uniforme en todo el país
- No puede depender de criterios estatales distintos
Lo más importante que debes saber
- Hermosillo no puede tomar posesión de casas abandonadas
- La Corte invalidó partes clave del reglamento municipal
- Se protege el derecho de propiedad privada
- Sí se permiten declaratorias de abandono, pero sin afectar posesión
- Los estados no pueden legislar sobre seguridad nacional
El Imparcial
