Gobierno Petro complicará el acceso a una renta vitalicia y a mejores ahorros con nueva medida: “Representa un alto costo” Infobae
La expedición del Decreto 0369 del Gobierno de Gustavo Petro encendió las alarmas en el sector pensional colombiano. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) advirtió que la medida puede poner en riesgo la seguridad de los ahorros y reducir las futuras pensiones de millones de trabajadores, al limitar la diversificación de las inversiones y restringir el potencial de rentabilidad.
De acuerdo con el gremio, el documento impide la diversificación internacional de los fondos de pensión, con lo que aumenta el riesgo de menores rendimientos y posibles reducciones en las prestaciones futuras de los afiliados. Además, la norma afecta tanto la sostenibilidad financiera del sistema como el bienestar de quienes dependen de su ahorro pensional para la jubilación.
Impacto sobre la diversificación y rentabilidad
La advertencia de Asofondos se centra en la afectación al principio de diversificación, vigente desde la creación del modelo de multifondos en 2009. El modelo fue diseñado para administrar los riesgos de inversión según el perfil de cada trabajador.
Remarcó que limitar la gestión internacional de los ahorros disminuye la capacidad de lograr mejores rendimientos y hace más complejo acumular suficiente capital para acceder a una renta vitalicia. Menores rendimientos significan, en consecuencia, pensiones más bajas, lo que afecta el bienestar y la estabilidad financiera de los trabajadores.
Al respecto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, afirmó que “limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario que por ley tienen las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia frente a los trabajadores, es decir, su principal mandato es garantizar el beneficio de los afiliados mediante la gestión de sus recursos de manera segura, transparente y, sobre todo, priorizando el crecimiento de su ahorro en el largo plazo para su pensión”.
Velasco sostuvo que el diagnóstico del decreto es erróneo, ya que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) invierten lo máximo posible en Colombia. La falta de mayor inversión local se debe a la ausencia de proyectos idóneos, seguros y rentables que ofrezcan las mejores condiciones de riesgo y retorno.
Dificultades para invertir en Colombia y criterios de los multifondos
El gremio explicó que el límite a las inversiones externas surge porque existen pocos proyectos nacionales estructurados adecuadamente y con confianza suficiente para su desarrollo. “Las limitaciones actuales responden principalmente a la escasez de proyectos estructurados adecuadamente, a condiciones de confianza necesarias para su desarrollo y a las altas tasas de interés que el Gobierno paga, debido al desorden fiscal, el cual representa un alto costo de oportunidad para cualquier inversionista”, precisó el dirigente.
Así las cosas, la carencia de alternativas en el mercado local también exige aceptar condiciones de riesgo y retorno menos favorables. La situación, señala la organización, impacta en el crecimiento del ahorro de los afiliados y complica la gestión eficiente de los recursos.
Asofondos remarcó que el modelo de multifondos fue creado justamente para diversificar riesgos en beneficio de los trabajadores, y restringir esta estrategia tendría repercusiones económicas negativas para el conjunto de los afiliados.
Requisitos y condiciones para la inversión nacional de fondos de pensión
Respecto a la financiación interna, las administradoras manifiestan su disposición a invertir en proyectos nacionales si estos cumplen criterios sólidos de riesgo y retorno, propios de cada multifondo. Sin embargo, advierten que imponer un límite rígido puede resultar perjudicial para los afiliados si no existen suficientes proyectos rentables en el país.
El mandato constitucional, estipulado en el artículo 48, señala que los ahorros pensionales solo pueden destinarse a financiar las pensiones de los afiliados. Aunque el Gobierno busca “contribuir a la financiación de las necesidades de inversión del país” con este decreto, para Asofondos esto no debe desvirtuar la finalidad original del sistema, que es maximizar la seguridad y el monto de las pensiones futuras.
El decreto dispone que la totalidad del flujo de nuevas cotizaciones se dirija a inversiones nacionales “hasta el punto en que sea necesario para dar cumplimiento al límite global definido”, lo que —según el sector— hace imprescindible mantener el deber fiduciario de proteger el interés de los afiliados.
Advertencias sobre sostenibilidad del sistema pensional
La Contraloría General de la República hizo un llamado de atención sobre los riesgos de reducir la diversificación de portafolios, en especial, al limitar la inversión en el exterior. Según el ente de control, la medida puede implicar menores rendimientos para los afiliados y aumentar la presión sobre la sostenibilidad del sistema pensional y las finanzas públicas.
El organismo fiscalizador advirtió que tales limitaciones afectan la capacidad del sistema para cumplir sus compromisos futuros, sobre todo, cuando es fundamental mantener el equilibrio financiero para cubrir los pagos de las pensiones.
Por fortuna, el ahorro pensional cuenta con protección constitucional, y cualquier disposición que reduzca su rentabilidad tendría consecuencias de alcance nacional para los afiliados y el sistema.
Posibles escenarios judiciales
El Decreto 0369 ordena que, en los seis meses siguientes a su entrada en vigor, las administradoras presenten a la Superintendencia Financiera un plan de ajuste que garantice la transición paulatina al nuevo límite de inversión. En este periodo, los equipos jurídicos de las AFP analizan vías legales para proteger los intereses de los afiliados y asegurar que la aplicación de la regulación cumpla con los requisitos legales y fiduciarios.
Además, el sector estudia si existen conflictos entre esta norma y la Ley 100 o la Ley 2381 de 2024, así como la posibilidad de que la Corte Constitucional revise el decreto en caso de cambios en el régimen de inversiones. Si la Ley 2381 de 2024 es declarada exequible, el gremio considera necesaria la revisión del decreto para adecuarlo a la legislación vigente y proteger los derechos de los afiliados.
Las administradoras cumplen con las normas actuales, pero no descartan acudir a la justicia para salvaguardar el objetivo primordial de proteger el ahorro de los trabajadores. De acuerdo con Asofondos, el futuro del ahorro pensional dependerá de directrices claras y ajustes normativos que garanticen la protección de los intereses de los afiliados y la estabilidad del sistema para las próximas generaciones.
